Los usuarios ahora exigen dividir las audiencias por regiones
Lejos de haber finalizado, las complicacionesjudiciales que afronta el Gobierno por el tarifazo en el servicio de gasprometen seguir escalando con nuevas presentaciones en tribunales que tendríancomo blanco la audiencia pública que ha sido convocada para los primeros díasde setiembre.
Tras el duro fallo de la Corte Suprema quesuspendió el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, laadministración de Mauricio Macri salió a recuperar la ofensiva política con laadopción de dos medidas clave que apuntan a dar cumplimiento a la sentencia delmáximo tribunal.
Por un lado, ordenó el restablecimiento delcuadro tarifario que estuvo vigente hasta el 31 de marzo pasado para losusuarios residenciales. Y por otro lado, llamó rápidamente a una “audienciapública” que se desarrollará en la Usina del Arte de la Capital Federal.
Por medio de la resolución 3953, el EnteNacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública para el 12de setiembre con el fin de considerar y evaluar “el traslado a tarifas de losprecios de gas en boca de pozo y las tarifas transitorias de transporte ydistribución que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva RevisiónTarifaria Integral (RTI)".
Con esta movida el Gobierno pretendeconcentrar en una sola audiencia pública el tratamiento de todos los aumentostarifarios que están en juego para las nueve distribuidoras y las dostransportadoras privadas de gas que prestan el servicio a nivel nacional.
Al menos cinco entidades defensoras de losusuarios y consumidores ya anticiparon que no comparten ese criterio y que, encaso de que las autoridades de Energía no atiendan sus reclamos, no descartanacudir a la justicia para exigir la realización de “audiencias regionales” quepermitan poner sobre el tapete los costos y aportes económicos estatales que tienecada distribuidora.
La jueza de la Suprema Corte, Elena Highton de Nolasco.
Los asesores del ministro Juan José Arangurensostienen que el fallo de la Corte sólo le exigió al Gobierno convocar aaudiencia pública sin especificar si debía ser una global para todas lasprestadoras del servicio o una para cada una de las operadoras privadas.
Según la interpretación oficial, con unaúnica audiencia pública en la Capital Federal se estaría cumpliendo con lo quemarca el fallo que por unanimidad emitió el máximo tribunal presidido porRicardo Lorenzetti.
En cambio, para el Centro de Estudios para laPromoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis)—la entidad que promovió elamparo por el cual la Corte frenó el tarifazo—, Consumidores Libres,ADECUA, ACUBA y la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata lo que correspondehacer son nueve audiencias públicas para poder debatir los aumentos propuestospara para cada una de las distribuidoras: Metrogas, Gas Natural Fenosa, LitoralGas, Gasnor, Gasnea, Ecogas, Gas Cuyana, Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
Los dirigentes de esas entidades plantean queresulta un despropósito que los usuarios residenciales de Salta, Jujuy o SantaCruz se vean obligados a venir a la Capital Federal para poder plantear susobjeciones y cuestionamientos a los nuevos valores tarifarios.
Para sostener el planteo de las audienciasregionales, las entidades defensoras de usuarios cuentan con un argumento depeso.
La última convocatoria a los usuarios paradebatir aumentos tarifarios en el servicio de gas se hizo entre 2005 y 2006 pormedio de audiencias públicas desarrolladas en las principales ciudades delinterior donde tienen su centro de operaciones las distribuidoras privadas.