Concedieron la prisión domiciliaria a Etchecolatz pero seguirá tras las rejas
La justicia federal de La Plata concedió el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura militar.
Sin embargo, la medida no se efectivizará en lo inmediato porque un juez impidió al represor tener ese beneficio, en el marco de otra causa que lo tienen como acusado.
La prisión domiciliaria la adoptó el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de la capital bonaerense al hacer lugar a un pedido de la defensa del ex Jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la gestión del general Ramón Camps.
A fines del mes pasado, el Tribunal concedió a Etchecolatz el arresto domiciliario en razón de sus 87 años, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Pero la medida no se efectivizó ya que Etchecolatz está también procesado a disposición de otros jueces en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad.
Esta semana, el juez federal platense, Enrique Kreplac, le denegó el arresto domiciliario aunque dispuso su traslado a un hospital fuera del lugar de detención, el Penal de Ezeiza.
Para otorgarle la internación en un hospital extramuros, Kreplak tuvo en cuenta un informe pericial de clínica médica que reveló que el represor “cursa un cuadro de deterioro físico importante dada la huelga de hambre que está realizando, lo que motiva la necesidad de su internación fuera de la cárcel para su mejor control clínico y de laboratorio”.
Sin embargo, el magistrado le negó el arresto domiciliario debido a que, según los expertos intervinientes, “el deterioro de su estado de salud general deriva de su decisión voluntaria y libre de someterse a una medida de fuerza consistente en la negativa a ingerir alimentos y recibir medicación”.
La posibilidad de que el represor pueda cumplir su condena en su casa del barrio Los Troncos de Mar del Plata provocó la reacción y el repudio de las víctimas y familiares de personas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros de detención ilegal a cargo de Etchecolatz y derivó en la realización de multitudinarias marchas de organismos de derechos humanos hasta los tribunales.