El Gobierno dejará de apelar las prisiones domiciliarias de los represores
El Gobierno de Mauricio Macri decidió dejar de apelar cuando la Justicia otorgue prisión domiciliaria a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
De esta forma, la Casa Rosada abre la puerta a una avalancha de presentaciones de parte de los condenados por violaciones a los derechos humanos y además le saca presión a los jueces que entienden en estas causas para aceptar los pedidos de los represores.
La información fue revelada por el diario Clarín, adonde fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos explicaron que prevén un aumento de pedidos por parte de los detenidos y pronostican que la Justicia les hará lugar. Esa sería la explicación ante la decisión política de no apelar.
Desde la Secretaría que dirige Claudio Avruj dicen que no es cierto que el número de detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario se haya multiplicado desde la asunción de Macri, como sostienen algunos organismos de derechos humanos. Afirman que hasta junio pasado había 462 condenados en esa situación y hasta septiembre de 2015 se contaban 441. El número de beneficiados sería mayor a 50, aseguraban el mes pasado desde el Ministerio de Justicia.
Más allá de la discusión sobre el número de beneficiados durante los últimos meses, lo cierto es que el cambio de posición de los jueces ya era palpable y mucho más ahora que el Gobierno confirma que no interpondrá más apelaciones. De todos modos, desde el entorno de Avruj dicen que buscarán acelerar los juicio por la edad avanzada de los imputados.
Por otra parte, el Gobierno se propone “ampliar” la agenda de los Derechos Humanos más allá de la consigna de Memoria, Verdad y Justicia que se comprometió a mantener. Eso implicaría entre otros cosas reestructurar la ex ESMA, donde funcionan la propia Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo de la Memoria, el Museo de la Memoria y tienen oficinas las asociaciones de familiares, entre otros organismos.