Patricia quiere cárcel para trapitos y revendedores de entradas en las canchas
La larga espera para el reinicio del fútbol no estará exenta de polémicas: el Gobierno promueve penar la violencia en los estadios, con sanciones y figuras legales que el kirchnerismo rechazó el año pasado, cuando por sugerencia de Daniel Scioli se trató un proyecto de Martín Insaurralde.
“No nos interesa crear la figura del barrabrava. Es como si mañana me hablan de militante político. Ya hay legislación para sancionar cualquier delito simple u asociación ilícita”, respondió Diana Conti, en una reunión de la Comisión de Legislación Penal, que en ese entonces presidía Patricia Bullrich.
A la actual ministra de Seguridad no pareció conformarle esa respuesta y escribió su propio proyecto de ley, que deberá tratar el Senado y tiene novedades como penas de cárceles a los “cuidacoches” o “trapitos”, tan comunes en las canchas.
Si la policía los detecta, deberían pasar entre uno y seis meses preso, pero si exigiera una suma de dinero fija la pena asciende a dos a cuatro años.
El proyecto contempla la posibilidad de pedir juicio abreviado (aceptar la culpabilidad) o el arrepentimiento, a cambio de reducir la pena, una figura que aún no está incluida en el Código Penal.
Otros sancionados serían los revendedores de entradas, no tan habituales como en otras épocas porque hace tres años que no hay público visitante y los clubes suelen priorizar a sus socios, a veces sin siquiera abrir la boleterías.
Pero si aún existe comercialización paralela de tickets en el fútbol, con esta ley podría ser penada con entre un mes y un año de cárcel. Si la venta fuese en las inmediaciones del estadio, la pena sería del doble.
Un dirigente o futbolista que cometiese esta falta tendría hasta un máximo de dos años de prisión. Para quien vendiera entradas falsas, le corresponderían dos a seis años tras las rejas. Curioso: la venta ilegal de entradas para espectáculos no deportivos sin igual de habituales, pero tendrían una pena menor.
Bullrich está concentrada en el fútbol y promueve penas severas para los violentos en las canchas, como cárcel de entre seis meses a dos años para quien introduzca al estadio objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos (como gas pimienta) o cualquier elemento destinado a intimidar o ejercer violencia.
Dos a seis años “para quien, con violencia, alterase el desarrollo de un partido, generase disturbios o ejerciera presión sobre los futbolistas. La pena sería de ocho años si se utilizaran armas”.
Y entre dos a ocho años a quien integre una asociación destinada a cometer cualquiera de los delitos o cuatro a quien la financie. Se entiende que habla de barrabravas.