Aranguren busca reabrir una licitación eléctrica para incorporar a las empresas que habían perdido
El momento no podía ser más inoportuno. Justo cuando los precios y las contrataciones de obras públicas de la gestión kirchnerista están en la picota tras las detenciones de Lázaro Baéz y José López, el Ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren se apresta a encarar una polémica movida licitatoria no exenta de sospechas.
La Secretaría de Energía Eléctrica que maneja Alejandro Sruoga decidió reabrir el proceso licitatorio de usinas térmicas que se había cerrado en los primeros días de junio para que las empresas que quedaron afuera puedan mejorar sus ofertas e ingresar al negocio de provisión de generación térmica en los próximos meses.
Se trata de la licitación convocada bajo el marco de la resolución 21/2016 para ampliar la oferta eléctrica en el corto plazo que el gobierno ya había dada por concluida con la aceptación de 20 ofertas privadas para instalar unos 1.915 MW que implicarán para el Estado un desembolso de 1.530 millones de dólares.
Del total contratado, antes de febrero de 2017 se tienen que incorporar al sistema eléctrico unos 455 MW. Otros 326 MW ingresarán en julio del próximo año, mientras que el último bloque de 1.134 MW se sumará en el verano de 2018.
Entre las empresas que salieron adjudicadas se encuentran el grupo Albanesi, la petrolera YPF, Pampa Energía (del dueño de Edenor y reciente comprador de los activos locales de Petrobras, Marcelo Mindlin), Genneia y los proveedores de equipos Sullair, APR Energy y Secco.
Ahora, la intención de las autoridades energéticas es reflotar esa licitación y por medio de un atípico “repechaje” ampliar la cantidad de contratos con las empresas que quedaron al margen porque sus ofertas eran muy elevadas.
El secretario de Energía, Alejandro Sruoga, con su equipo.
Desde la Secretaría de Energía Eléctrica ya les comunicaron a las firmas que habían perdido que en la primera semana de julio van a tener una segunda oportunidad para mejorar sus propuestas iniciales e ingresar en la lista de las ganadoras si los nuevos precios se ajustan a las expectativas oficiales.
Para los técnicos de Energía, la medida se justifica en el hecho de que se necesita reforzar el suministro eléctrico en varias zonas críticas del país y que llamar a una nueva licitación demandaría no menos de cuatro meses de trámites que demorarían la instalación de las nuevas usinas que se necesitan con cierta premura.
Puertas adentro del ministerio de Aranguren, algunos asesores legales no verían con buenos ojos la reapertura de la licitación porque entienden que se estaría modificando el sistema original de evaluación y admisibilidad de las ofertas que se había establecido en el pliego de bases y condiciones.
Desde una óptica política, la movida corre el riesgo de convertirse en un nuevo motivo de fuertes críticas de la oposición al Gobierno por el arbitrario e inusual procedimiento elegido para la adjudicación de nuevos contratos.
Además, ésta licitación—tal como informó LPO—recibió los primeros cuestionamientos cuando los funcionarios, al dar a conocer las adjudicaciones, “maquillaron” los precios de las nuevas usinas con otros que no eran compatibles para mostrar que habían pagado menos que la administración K.
Tanto los contratos que ya fueron firmados para ampliar la oferta eléctrica con nuevas usinas de pequeño y mediano porte, como los que se añadirían en las próximas semanas prevén el alquiler de los equipos generadores hasta 2027 y 2018 y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas mensualmente.
En el listado de las empresas que habían sido excluidas por sus precios altos y que ahora tendrán la chance de ingresar al negocio se encuentran: CTG Energía, CPB Energía, Karpowership, Río Energy, Methax, la estatal cordobesa Epec, Aggreko, Uterm Energy, Uensa, Ugen, IC Power, Nueva Gen y C.T del Noroeste.
Pero sin duda la que se perfila como para ser una de las principales beneficiadas de la polémica reapertura licitatoria es la empresa Central Puerto, la generadora controlada por SADESA que tiene entre sus principales dueños a Nicolás Caputo, el íntimo amigo y socio del presidente Mauricio Macri.
Había presentado una propuesta para montar una megausina de ciclo combinado de 1.600 MW en Zárate que no fue tenida en cuenta, pero que ahora con las nuevas reglas de juego, podría reflotarse.