De madrugada, el Gobierno le dio a Prat Gay el organismo que combate el lavado
La larga sesión de Diputados para tratar el megaproyecto de pago a los jubilados, blanqueo y aumento de la coparticipación, terminó con una sorpresa.
Cuando se discutían los últimos artículos, tras un tratamiento en particular de más de tres horas, Luciano Laspina, el todoterreno presidente de la Comisión de Presupuesto, anunció una nueva modificación, para mudar la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas.
La UIF tomó notoriedad cuando, al mando de José Sbatella, Cristina Kirchner intentó recuperar ante las advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el frágil control de lavado de activos que hay en Argentina.
El nuevo titular es Mariano Federici, un ex técnico del Fondo Monetario Internacional (UIF), quien durante la audiencia pública previa a su nombramiento definió su rol como el de “atraer inversiones genuinas”.
El trabajo de control está en manos de María Eugenia Talerico, una abogada que supo defender al Banco HSBC, investigado por el kirchnerismo por la apertura de 4040 cuentas de argentinos en su sede de Suiza.
El Gobierno quiso evitar estas chicanas en un debate y aprovechó la ley de pago a los jubilados para pasar la UIF a la órbita de Prat Gay, un conocedor del mundo financiero, con paso por JP Morgan.
Laspina justificó el cambio en recomendaciones internacionales y logró el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa. “Aceptamos todas las modificaciones”, le respondió Marco Lavagna.
Los kirchneristas saltaron de sus bancas. “Es una vergüenza que a esta hora de la madrugada, aprovechando la circunstancial mayoría, vengan a proponer un cambio de tamaña envergadura respecto de la Unidad de Información Financiera. Realmente deberían avergonzarse de utilizar un recurso de esta naturaleza”, disparó Juan Carlos Díaz Roig. Y abandonó el recinto.
Los números de la votación demostrarían que el apoyo del massismo no estaba tan firme: hubo 123 votos afirmativos contra 85 negativos, o sea, no se alcanzó a la mayoría absoluta de 129, que hubiera sido necesaria si estaban todos los diputados sentados.
Un proyecto negociado no iba estar exento de marchas y contra marchas y Cambiemos prefiere seguir con otra agenda.
Axel Kicillof, inagotable en todo el debate, amenazó con ir a Tribunales. “Vamos a evaluar la constitucionalidad de la propuesta porque nos parece demasiado incluir siete leyes en una sola”, anticipó. Pero se votó igual.
En el Senado nadie imagina que haya problemas: los gobernadores, patrones de una veintena de senadores del FpV, no arriesgarán el aumento de coparticipación incluido en la norma ante ningún planteo purista.
La estrategia de incluir muchos temas en un proyecto parece ser la elegida en la Casa Rosada y aun resta conocer si Mauricio Macri se anima a modificarlas en la reglamentación.
Lo hará con la baja de IVA a jubilados, a partir de un consejo del jefe de la Afip, Alberto Abad, quien prefirió resolver todo con la ley sancionado. Ante proyectos tan voluminosos como el sancionado anoche, no hay que descartar nuevos retoques.