Las últimas protestas confirman la decisión del Gobierno de no aplicar el protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich en febrero no se cumple en la Ciudad de Buenos Aires, donde este mediodía el Metrobús de la 9 de julio fue cortado por una decena de organizaciones sociales, lideradas por el Frente Darío Santillán y la Corriente Nacional.
Durante ese lapso, el ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo de Martín Ocampo, no pudo seguir los pasos del protocolo que la Ciudad de Buenos Aires adhirió en el verano junto a otras 22 provincias, e indica para eso casos mover a los manifestantes por la fuerza hasta despejar el camino.
Bullrich no los perdonó. “Esto es un tema de la Policía Federal” que fue traspasada a la Ciudad, se desligó la ministra, abordada por la prensa al salir del hospital Churruca, donde había ido a visitar al herido jefe de la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Santos Díaz.
Fue la primera vez que la ministra aclaró que su rol en el protocolo antipiquetes es mínimo: sólo interviene en territorio federal, como las autopistas, ypara el resto de las protestas deben implementarlo los gobiernos provinciales.
Y la mayor víctima de esa idea es Horacio Rodríguez Larreta, primer jefe de Gobierno que tiene a cargo todos los policías que circulan por la Ciudad de Buenos Aires, quienes esta semana no impidieron que sea imposible transitar por el microcentro.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la salida del Churruca.
Ayer, la 9 de julio también estuvo cortada por una protesta de taxistas contra la aplicación Uber, aunque en ese caso hubo un acuerdo para que al menos funcione el Metrobús, el carril exclusivo de los colectivos e insignia del macrismo.
No ocurrió lo mismo esta mañana, cuando los manifestantes arribaron dispuestos a enfrenarse a la policía y permanecieron todo el mediodía, un buen ejemplo del caos en que se está convirtiendo el centro porteño, con piquetes que se superponen o escalonan.
En el gobierno porteño dicen que desalojarlos es imposible. “Estos grupos ponen al frente a niños y mujeres para que no avancemos con la policía. Patricia (Bullrich) no puede pedir que los desalojemos a palos”, explicaron a LPO.
En las oficinas de Bolívar 1 marcan otro detalle no menor: la mayoría de las protestas en el microcentro porteño son por reclamos contra el Gobierno nacional, que en tal caso es el encargado de encauzar el diálogo, como plantea el primer paso del protocolo.
Recuerdan, por ejemplo, que esta semana se encadenaron en el Ministerio de Economía empleados de Cresta Roja, la conflictiva avícola que Macri visitó hace un mes. La policía federal se encargó de desalojarlos.
Los taxistas cortaron la 9 de julio este jueves.
Y ya son habituales las comunicaciones entre funcionarios de Seguridad porteña y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se distribuyen los planes sociales reclamados en los piquetes.
Cerca de Bullrich reivindican el protocolo y recuerdan que en las últimas manifestaciones de la agrupación Libres del Sur en las autopistas del área metropolitana lograron dejar un carril libre.
“Si Larreta no puede liberar la Metrobús qué lo explique”, desafían. “¿Acaso alguien se fijó si se terminaron los piquetes en el resto del país?”, responden en la Ciudad.
No parece estar funcionando mucho: en las últimas semanas hubo protestas en las principales ciudades en contra del tarifazo de gas y no se vieron policías interviniendo.
De hecho, la protesta de este mediodía en el Obelisco por agrupaciones de izquierda que impugnan el rumbo general del Gobierno, fue convocada también en Necochea, Jujuy, Córdoba, Tucumán, Chaco y Alto Valle. Sólo que no hubo cámaras para mostrarlas lejos de la 9 de Julio.