Gladys González dijo que renunciaría a la banca para seguir como interventora del SOMU
Lainterventora del SOMU, Gladys González, salió a responder la denuncia porincompatibilidad que presentó un dirigente del sindicato de marineros en eljuzgado federal de Corrientes, que la acusó de acumular cargos y sueldos comodiputada e interventora.
“Hetenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación ysiempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos”,dijo la diputada macrista a la prensa.
Yexplicó que “no cobro en concepto de sueldo ni de aguinaldo ni vacaciones. Loúnico que percibo es por gastos de representación remunerativos y, enconsecuencia, estoy dada de alta en AFIP y pago impuesto a las ganancias porello”.
Ladenuncia presentada por José Luis González, que integra la filial de Corrientesdel SOMU, en el Juzgado Federal Nº 6 de esa provincia, acusa a Gladys Gonzálezde cobrar un sueldo de 59 mil pesos de la organización gremial y ademásdestinar 90 mil pesos mensuales a sus asesores de comunicación.
“Hemos tomado conocimiento que existenirregularidades en la Sede Central del Sindicato, más precisamente sobre lapersona de la Diputada Nacional Gladys González quien cobra como interventoraJudicial del SOMU conforme planilla la suma de cincuenta y nueve mil pesos enforma mensual y además la misma percibe un sueldo como Diputada Nacional”,señala el escrito presentado este martes.
Ladiputada salió en el programa Lanata Sin Filtro y explicó que no percibía59.000 pesos de sueldo sino que con los descuentos llegaba a 35.000 pesos yagregó que los recibía para poder solventar los gastos que implicaba su trabajodentro del gremio.
Hoyagregó que “en el informe trimestral de la Comisión Interventora Judicial, seexplicaron todos los ahorros en cada área y entre ellas el que hubo en el áreade comunicación” y señaló que “hoy tres personas reemplazan y hacen el trabajoque antes hacían seis y el ahorro en esa área fue del 50% mensual con respectoa la anterior administración”.
“Desdela administración de la Comisión Interventora Judicial le generamos alSindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) un ahorro de $ 3.072.840mensuales para su operatoria habitual y un ahorro de $ 4.687.477 por errores encertificaciones de obras”, agregó la diputada.
Queya en un tono más político desafío a los denunciantes: “No me van sacar delcamino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen.No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase tener que optar porseguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de laintervención y renunciaré a la banca del Congreso”.
Comosea, el cruce de acusaciones por esta situación, incluso golpeó al juez federalRodolfo Canicoba Corral, a cargo de las causas contra “El Caballo” Suárez ygarante último de la intervención.
Dirigentesdel SOMU cuestionaron al juez por designar al frente de la obra social delgremio a Ramiro Tejada, quien es su cuñado y denunciaron que estaríapercibiendo un sueldo de 150.000 pesos.
Suárezenfrenta una delicada situación por las denuncias de malversación de fondos delsindicato y extorsión empresas del sector; pero sobre todo porque el presidenteMacri quiere que lo metan preso, como un gesto disciplinador para el resto delsindicalismo peronista.