Imputaron a De Vido por sobreprecios en obras públicas
El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido fue imputado por el fiscal federal Patricio Evers por el supuesto pago de sobreprecios en obras públicas en la provincia de Santiago del Estero.
El fiscal Evers requirió el inicio de la acción penal contra De Vido por la construcción de las denominadas "torres gemelas", que albergan a los ministerios de Economía y Educación santigueños, y otras obras en la provinciagobernada en ese entonces por Gerardo Zamora.
De acuerdo a la denuncia, a partir de 2005 el Ministerio de Planificación adjudicó esas obras a la constructora Panedile. Además de la mencionada construcción, también se investiganlas obras de un dique en Río Salado, la ampliación del aeródromo de la localidad de Termas, y la repavimentación de la ruta provincial entre Loreto y Frías.
La causa se inició por una denuncia que radicó Roberto Ángel Azzareto, dirigente del Partido Demócrata en Santiago y ex ministro de gobierno provincial. La causa está bajo la órbita de la jueza María Servini de Cubría.
Después de conocerse su imputación, el ex ministro salió al cruce y se despegó de las acusaciones, apuntando a los funcionarios santiagueños. "Aclaro que las obras denunciadas en Santiago del Estero fueron licitadas, adjudicadas y ejecutadas por la Provincia", escribió en Twitter.
"Es decir, el Gobierno Nacional sólo brindaba apoyo financiero a partir de créditos gestionados ante organismos multilaterales (BID y CAF). Gestión y control lo realizaba la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo que dirigía Pablo Abal Medina y organismos correspondientes", continuó su descargo.
"Esto es parte de la persecución mediática a la que estamos siendo sometidos quienes acompañamos la gestión que transformó el país", se victimizó. "Buscan descalificarnos para invisibilizar las miles de obras que hicieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a lo largo del país", completó.
En los últimos meses, De Vido fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once, que causó la muerte a 51 pasajeros e hirió a más de 700, y fue indagado dos veces: por la falta de renegociación de las concesiones ferroviarias y por la compra de trenes inservibles a España y Portugal.