Los jueces salen a rechazar la idea de Carrió de obligarlos a publicar sus declaraciones juradas

Los jueces federales salieron a rechazar con duros términos los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública impulsados por Elisa Carrió para que los integrantes del Poder Judicial estén obligados a mostrar sus declaraciones juradas, una idea a la que también se opone Ricardo Lorenzetti.

A través de un comunicado difundido por el CIJ, el organismo de información de la Corte Suprema, la Asociación de Magistrados que conduce Ricardo Recondo -un hombre cercano a Lorenzetti- calificó como "inadmisible" el pedido de Carrió de que publiquen sus declaraciones juradas, algo que está cerca de quedar plasmado en una ley.

Como explicó LPO, la semana pasada Carrió logró incorporar al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública la obligatoriedad de publicidad de las declaraciones patrimoniales de los jueces. Diputados le dio media sanción con 229 votos a favor. Lilita también logró que cualquier traba de la justicia sea causal de mal desempeño y pueda derivar en un juicio político.

La líder de la Coalición Cívica tiene en la mira al titular de la Corte Suprema y hace diez días había cursado un pedido para que haga pública su DDJJ, al igual que todos los integrantes de la Corte y los integrantes del fuero federal. Lorenzetti y sus pares decidieron firmar la semana pasada una resolución para entregar esos datos, y recomendaron hacer lo mismo a los once jueces del fuero penal federal.

Pero también Lorenzetti criticó con dureza a Carrió en un inusual comunicado. "La denunciante conoce nuestra situación patrimonial mejor que nadie, ya que ha tenido acceso a diez años de declaraciones juradas personales", recordó el juez. "Las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a personas para que declaren falsamente, las denuncias infundadas, las llamadas telefónicas y visitas a los jueces y fiscales exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial", señaló el santafesino, en una nota de un tono sorprendente.

Claro que Lilita no se calló. "Ser titular de la Suprema Corte no significa que tenga impunidad", le contestó Carrió, que también amenazó con presentar un pedido de juicio político contra Lorenzetti por "mal desempeño" y "comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".

La embestida de la líder de la Coalición Cívica obligó al Gobierno nacional a salir a despegarse. "Es una opinión a título personal. No refleja ni al Gobierno ni a Cambiemos", declaró Marcos Peña. "Nosotros como Gobierno somos muy respetuosos de esta Corte y sus autoridades, y no tenemos los elementos para compartir la opinión de Carrió", agregó el jefe de Gabinete, que tiene una relación tirante con la diputada.

La Asociación de Magistrados sostuvo en referencia a la Ley que "resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que, so pretexto de publicidad y transparencia, se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o departamento del gobierno federal distinto".

La nota firmada por Recondo y su vicepresidente, Alejandro Sudera, advierte también sobre la necesidad de reserva respecto a "determinados datos o aspectos" que "comprometan la seguridad personal de los miembros del Poder Judicial y sus familias".

En este sentido, pidió que el acceso a esos datos esté "garantizado" con un régimen que "exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso, independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ideal en materia de publicidad". Se trata del mismo argumento que el kirchnerismo usó una y otra vez para bloquear pedidos de información pública.

La Asociación recordó que "los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política".

Por estos motivos, "y sin perjuicio de las opiniones y exigencias que agentes externos a esa jurisdicción pudieren proferir a partir del ejercicio de sus roles, en el entendimiento de que ello contribuye a la mejora de la calidad institucional, resulta menester que cualquier reforma que sobre esta temática se pudiese proponer o impulsar compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional".