La pulseada con Monsanto abrió un frente con Estados Unidos

La histórica decisión que tomó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, al dar de baja el sistema de fiscalización de semillas que implementó la multinacional Monsanto sobre los productores trascendió las fronteras del negocio agropecuario.

Ni bien se conoció la resolución 140/16 publicada en el Boletín Oficial a mediados de abril pasado, La Política Online supo que un grupo de altos funcionarios de la Cancillería estadounidense en la Argentina tomaron de inmediato cartas en el asunto.

Sucede que es de público conocimiento que los máximos directivos de la empresa con sede en central Saint Louis ostentan desde hace décadas un importante poder de lobby que llega inclusive al más alto nivel de la Casa Blanca en Washington DC.

Es por esto que este conflicto empezó a tener otra connotación política e inclusive tomó estado diplomático cuando en el entorno del embajador Noah Mamet establecieron contacto con funcionarios argentinos para manifestar la preocupación existente.

Pero Buryaile no se achicó y redobló la apuesta. “No puede un sector privado poner sus reglas por encima del Estado. Apostamos a la tecnología, pero sin perjudicar a nadie y garantizando el normal desenvolvimiento de la comercialización de granos”, señaló.

El ministro es conciente que se jugó una parada complicada. Incluso, según supo LPO, esa posición -que fue elogiada por las cuatro entidades rurales- le generó un choque con su segundo, Ricky Negri, que encabeza el sector de los “Pensar Boys” en Agroindustria.

Por su parte, en Monsanto saben que la postura de Buryaile respecto al sistema de fiscalización privado de semillas es muy firme y pretenden trasladar el conflicto a otras esferas. Por esto, hasta el embajador en EE.UU. Martín Lousteau sigue de cerca el tema.

Los que saben de relaciones internacionales destacan que, a poco de dejar el poder, muy difícilmente el presidente Barack Obama intervenga en el conflicto, aunque habría que estar atentos a la posición que tome quien gane las elecciones en noviembre próximo.

Esto último no es un dato menor en función de que, hasta este momento, uno de los principales candidatos a ganar las elecciones es el republicano Donald Trump, quien días atrás comparó a la Argentina con Venezuela en un discurso de campaña.

En este contexto, la multinacional emitió este martes un durísimo comunicado contra la Casa Rosada. “Con implicancias que tendrían impacto más allá de la agricultura, Monsanto está decepcionado por las últimas medidas del Gobierno”, comenzaron.

“En vista de la evolución del ambiente de negocios en la Argentina, la empresa está realizando una completa revisión de sus planes de negocios y proyecciones para el país y evaluará el impacto en su balance y en sus ganancias”, indicó la multinacional.

Pero esto no fue todo: en un claro desafío al macrismo, Monsanto dijo además que “tiene previsto tomar medidas para proteger sus activos y suspenderá el lanzamiento de futuras tecnologías en soja en el país, incluyendo la soja Roundup Ready 2 Xtend ™”.

Hasta el CEO global de Monsanto, Brett Begemann, se manifestó en el comunicado. “Éramos optimistas en que se encontraría una solución que permitiera la continuidad del sistema de reconocimiento para las tecnologías en soja que opera en el país”, remarcó.

Tal como indica el manual del empresariado, Monsanto no cerró la puerta a un eventual futuro acuerdo con el Gobierno. “Mantenemos el compromiso de dialogar para encontrar soluciones que incentiven y estimulen inversiones en el país”, concluyeron.

Así las cosas, con el objetivo de acabar con esta discusión en torno a las semillas, en el Ministerio de Agroindustria están elaborando un anteproyecto de Ley de Semillas para reemplazar a la normativa vigente en la materia que data de la década del `70.

El objetivo de Buryaile y sus colaboradores es enviarlo al Congreso en algún momento del presente año. “Se busca implementar un mecanismo que asegure a las semilleras el retorno de las inversiones realizadas”, cuentan los que están en el día a día del proyecto.

En definitiva, se trata de un tema central para un país de base agropecuaria como la Argentina dado que las estimaciones privadas indican que actualmente existe un mercado ilegal de semillas que mueve alrededor de 500 millones de dólares por año.