Tres camaristas y un fiscal federal complicados en un caso de abuso sexual de dos niñas

Uncaso espantoso dejó en evidencia la tendencia de algunos miembros del Poder Judicialde abusar de su poder y protegerse entre ellos para garantizarse impunidad. LaSala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil está maniobrando paraforzar la "revinculación" de dos niñas menores de edad que según denunciaronellas mismas fueron reiteradamente abusadas por su padre, actual fiscalfederal, con causas políticamente delicadas en sus manos.

Elcaso es de tal gravedad que vulnera el más mínimo sentido de justicia. El denunciadoabuso de las niñas se descubrió cuando la madre llevó a la menor de ellas,entonces tenía tres años, a una prestigiosa clínica de barrio parque, poque sequejaba de dolores vajinales. Luego de examinarla el director médico de laclínica llamó a la madre. "Mire su hija fue abusada hace unas cinco horas ¿Conquien estaba en ese momento?". Desencajada la madre explicó que con el padre. "Ousted lo denuncia o nosotros tenemos la obligación legal de denunciarlo a él ya usted", le explicó el médico. En ese instante se desató un infierno que durahasta hoy.

La madre se enteró del abuso cuando llevó a su hija de entonces tres años al médico porque tenía dolores y le anunciaron que hace apenas cinco horas había sido abusada sexualmente.

Elfiscal federal estuvo ocho años procesado por el abuso sexual de sus hijas,aplastado por una gran cantidad de prerubas como el propio testimonio de lasniñas, que impugó reiteradamente, obligándolas a recordar una y otra vez elhorror sufrido. Siempre mantuvieron la versión inicial. Los abogados de lamadre sostiene que la Cámara Gesell de las niñas es estremecedora y la elCuerpo Médico Forense, constató en su momento, lesiones compatibles con abusosexual.

Sinembargo, gracias a sus contactos el fiscal federal logró trasladar la causa ala Capital -la familia es orienda del interior de la provincia de BuenosAires-, donde tenía sus principales contactos judiciales, Así, finalmente en unfallo dividido y pese a la montaña de evidencias acumuladas en su contra, logróser sobreseído porque existían "dudas" sobre su culpabilidad.

Pero logradoesto, el fiscal federal fue por más y accionó en la justicia para forzar la"revinculación" de sus hijas. Esto es que la justicia las obligue a hacer loque ellas sensatamente no querían: Volver a tener una relación con el hombre acusadode abusarlas.

Elproceso como es lógico fue y es muy traumático para las niñas, causándoles undaño sicológico imposible de mesurar en toda su dimensión. Pero el fiscal no sedetuvo allí. Ante las dificultades que presentaba la "revinculación", por lalógica resistencia de las niñas, demandó a la madre para que le quiten latenencia y pongan a las chicas a su cargo.

Unosjueces en el Colegio

Eneste tortuoso camino, el fiscal consiguió una ayuda inestimable: La Sala B dela Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que integran los camaristasMauricio Luis Mizrahi, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoo.

Estosmagistrados llegaron a la desmesura de contituirse personalmente en el colegiode las niñas, obligando a las autoridades de la institución a entregárselas,sin dar aviso a la madre. Allí a las niñas que entonces tenían ya 8 y 9 años,les informaron que estaban "obligadas" a "revincularse" con su padre pordecisión de ellos.

Fueroncinco días los que los camaristas se acercaron al colegio para "adoctrinar" alas niñas, obligando además a las autoridaddes de la institución con una ordende "confidencialidad" a no dar aviso a la madre. No hay que ser un pedagogoinfantil para entender lo que esa situación de coerción y secretismo puedecausar en dos ñiñas presuntamente abusadas.

Los camaristas Mizrahi, Solimine y Ramos Feijoo irrumpieron en el colegio de las niñas, obligaron que las retiren del aula y las lleven ante ellos en la oficina de la directora, donde les anunciaron que estaban obligadas a verse con su padre.

Lasniñas, en un episodio con ecos a la Dictadura, fueron sacadas de sus aulas ytrasladadas a la oficina de la Directora porque, se les dijo, "hay personas quequieren hablarles". Lo notable fue que el interrogatorio ocurrió ante lapresencia de la defensora de menores, que avaló en silencio todo lo realizado.

Días después, alertada la madre de lo quehabía ocurrido, empezó a pleitear en la Justicia, explicando que cumplir conesa manda judicial implicaría revictimizar a sus hijas.

Ajenos a las preocupaciones de la madre y elterror de las niñas, los camaristas labraron un acta en el que determinaron queno pueder salir del país, mudarse o incluso cambiar de escuela, sinautorización judicial. Y no sólo eso, debían presentarse para ser revinculadas consu padre forzadamente en un centro de "Familias" judicial y sino lo hacían sumadre debería pagar fuertes multas.

Fueun clarísimo caso de abuso de poder y complicidad corporativa, para losabogados de la madre, que denunciaron lo ocurrido ante el Consejo de laMagistratura, que ya abrió un expediente para analizar la actuación de loscamaristas Mizrahi, Solimini y Ramos Feijoo.

Elfiscal tiene además lazos con una poderosa jueza del fuero federal y gracias aella influencia sobre el Cuerpo Médico Forense. La madre denuncia que sufre unhostigamiento permente d ela justicia que la cita a continuas indagatorias,acusándola de impedir la revinculación. Una estartegia para construir un casoque le permita al padre quitarle la tenencia de las niñas.

Lamadre denuncio también reiteradas amenazas de muerte y la intimidante presenciadel fiscal que la esperaba en la puerta de su domicilio junto a cuestodiosarmados.