Denuncian penalmente a Aranguren por "beneficiarse" con el tarifazo de gas
El ministro de Energía Juan José Aranguren fue denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusan de beneficiarse directamente con los tarifazos de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell.
En la presentación judicial, los legisladores incluyeron además la polémica importación de gas natural de Chile, que tal como reveló LPO el Ministro acaba de acordar con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
La figura penal que le endilgan a Aranguren es la de negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia fue presentada ayer por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade y quedó radicada en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, con la fiscalía de Carlos Stornelli.
La acción judicial llega luego de que diputados del Frente Renovador elaboraran un demoledor informe sobre la resolución del Ministerio de Energía que dispuso el tarifazo en el gas, donde además de denunciar que no se cumplieron los pasos legales para aplicar el aumento, también dan cuenta que todos los funcionarios involucrados en la decisión fueron ejecutivos en empresas beneficiadas.
Aranguren, que volvió a agitar el gabinete económico con las últimas subas de precio de las naftas, había quedado en el ojo de la tormenta el mes pasado luego de que se conociera que se le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.
No obstante, el ministro de Energía había salido a responder esas impugnaciones periodísticas, solicitando al Síndico General de la Nación que audite el proceso licitatorio seguido por Cammesa para abastecerse de gasoil y verifique si ha existido algún tipo de participación, directa o indirecta del ministro.
A la situación del ministro se le suma ahora la denuncia de los legisladores K. Allí, Doñate y Tailhade recordaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la trasnacional petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones “clase A” de la empresa Royal Dutch Shell”.
Las mismas, reseñaron los legisladores, fueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de Shell Companía Argentina de Petroleos S.A., firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado.
Doñate y Tailhade relataron que 28 y 29 de marzo pasados, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
Por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, sostuvieron los diputados del FPV.
También -expresaron los denunciantes- puso “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.
Los diputados dejaron constancia que 16 de marzo alertaron a sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta alguna.
“Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.
Denunciaron en tal sentido una “flagrante vulneración” del artículo 13 de La Ley de Etica Pública que establece que un funcionario debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones “relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
“El Ministro de Energía debería renunciar inmediatamente y la justicia actuar con celeridad por la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo asfixian a la población, sino que lo benefician directamente al ministro en su actividad privada”, dijeron los legisladores del FPV.