El gobierno justifica la polémica compra de gas a Chile: “Es por la falta de confianza en el país”
Tras las fuertes críticas algobierno que surgieron después de que LPO divulgara en forma exclusiva lacompra de gas a Chile con un precio más caro que el pagado a Bolivia y a losbarcos metaneros, la conducción de la empresa estatal Enarsa salió a justificarla polémica importación y confirmó que cerró otra adquisición directa confirmas trasandinas con el fin de reforzar el suministro interno de esecombustible entre los meses de mayo y agosto.
El presidente de Enarsa, HugoBalboa y el director, José María Zuliani, recibierona este medio en sus oficinas de la avenida Libertador y destacaron que “ésta era la única ymás conveniente opción de abastecimiento de gas para el invierno” y se tuvoque aceptar las condiciones fijadas por los proveedores por “la falta deconfianza en el país que tienen las empresas chilenas”.
Los funcionarios de la compañíaestatal indicaron que no quedaba otra salida que traer gas desde Chile porqueBolivia no está en condiciones técnicas de aumentar sus envíos (sobre un máximoprogramado de 19,9 millones de metros cúbicos diarios solo podrá despachar 16MMCD a partir de junio) y las terminales regasificadoras de Bahía Blanca yEscobar no pueden recibir más barcos de los que ya están agendados para los próximosmeses.
Según explicaron Balboa yZuliani, la totalidad del gas que llegará desde Chile irá a parar a CAMMESA(la administradora estatal del mercado eléctrico) para que ésta lo distribuya alas centrales de generación térmica. “De esta manera, logramos remplazar unaparte del gasoil importado más caro por el gas natural que es más económico”.
De acuerdo con el particularanálisis de los directivos de Enarsa, CAMMESA tenía que importar durante elinvierno 900.000 metros cúbicos de gasoil para las usinas térmicas a un preciopromedio equivalente de US$ 10,4 por millón de BTU (MBTU). Por esta vía, elmonto total que debía desembolsar trepaba a 319 millones de dólares.
Las compras directas acordadascon Chile permitirían sustituir unos 400.000 metros cúbicos de ese gasoil,bajando la factura final de 319 millones a 272,6 millones de dólares, con unsupuesto “ahorro de divisas” de 46,4 millones de dólares.
Tras indicar que a Bolivia se leestá abonando un precio de 3,10 US$ por MBTU, los funcionarios reconocieron queel valor fijo pactado para el gas que comenzará a ingresar a Salta la próximasemana por el gasoducto Norandino es de 6,90 US$ por MBTU y que el monto total delcontrato asciende a 22 millones de dólares.
El presidente de Enarsa, Hugo Balboa.
A su vez, confirmaron que tambiénse firmó otro contrato de compra directa para importar 276 millones de metroscúbicos por el gasoducto Gas Andes que une Chile con Argentina a la altura dela provincia de Mendoza. En este caso, el precio está atado a una fórmularelacionada con la cotización del crudo tipo Brent y según los cálculosoficiales se ubicará en un promedio de 7,2 US$ por MBTU. En total, el monto apagar por este nuevo contrato trepará a 73, 4 millones de dólares.
Con respecto al convenio cerradocon Solgas – la intermediaria del grupo internacional GDF Suez—por la provisiónde gas a Salta, Balboa y Zuliani admitieron que tuvieron que pagar poranticipado la totalidad de la compra “porque las empresas chilenas, por lafalta de confianza que les genera Argentina, no quieren aceptar como garantía cartasde crédito del Banco Nación”.
Otra imposición que tuvieron que convalidarde Solgas fue la cesión de la soberanía judicial para que se aplique la ley delestado de Nueva York para la resolución de conflictos.
“Si no aceptábamos ese clausula,no podíamos firmar el contrato de compra”, precisó Zuliani.
En tanto, en el otro contratosuscripto con la empresa chilena ENAP lo que se acordó fue que se utilizaránlas normas de la “Convención de Viena” y que cualquier arbitraje tendrá comosede Buenos Aires.
Con respecto al cerrojo impuestopor la cláusula contractual de “estricta confidencialidad y reserva”, losejecutivos de Enarsa buscaron desligarse de cualquier semejanza con elconflictivo caso de YPF-Chevron.
“La confidencialidad –señalaron--recae sobre las cuestiones económicas porque la parte vendedora no quiere queotra competidora conozca los detalles del acuerdo”.
Más allá de los argumentosoficiales, lo que sí queda claro es que si no fuera por la publicación de lostérminos del contrato que hizo LPO, los funcionarios difícilmente hubieran dadoa conocer públicamente los valores y las condiciones de las compras directas degas que se acordaron con las compañías trasandinas.