Las tensiones de Vidal con el gremio que controla Aguas Bonaerenses

En el gobierno de María Eugenia Vidal reconocen que Aguas Bonaerenses S.A es la peor de las empresas del Estado provincial. Completamente quebrada y vaciada, la empresa debe proveer de agua potable a casi 4 millones de usuarios. Por eso

La Gobernadora decidió no hacer cambios. Sólo hubo dos cambios: Rafael Sardella y Luis Bouzón asumieron en la presidencia y la vice. El resto sigue igual, en particular el control del Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) sobre la empresa.

Dentro del Ejecutivo hay halcones que promueven intervenir la empresa. Todos coinciden en que sería una maniobra riesgosa por el rol del gremio. “Si la intervenimos tenemos que asegurarnos de que la vamos a poder operar sin el sindicato”, explican.

Por lo pronto, las medidas anunciadas parecen indicar que Vidal no está dispuesta a invertir para que Absa recupere su esplendor. El ok del gobierno a siete intendentes que pidieron a la Gobernadora rescindir el contrato con Absa para pasarse a la estatal AySA dejó entrever que Vidal no apostaría por la empresa bonaerense.

Pero además hay otro dato: Fuentes del Ejecutivo explican que el gobierno encaró varias licitaciones con AySA, en tanto que toda licitación que se haga para obras en el área de distribución de Absa las hará el ministerio de Producción y no la empresa.

El control en la empresa del Estado bonaerense creada en 2002 tras la salida de Azurix que cuenta con algunas particularidades que la convierten en una empresa inviable. El principal inconveniente es que tiene tercerizado su funcionamiento en dos empresas relacionadas Sosba.

Se trata de 5 de Septiembre SA y Gral Saneamiento SA. Ambas tienen contratos que se renuevan periódica y automáticamente, sin ningún tipo de llamado a licitación, desde hace 14 años. “Estas empresas tienen balances positivos, mientras que Absa arrastra desde hace años balances deficitarios”, explica un ex legislador bonaerense.

Daniel Scioli dejó el control de la empresa a operadores judiciales de confianza. El ex titular Guillermo Scarcella era uno de ellos. Otro era Marcelo Salinas, ex pareja de la vedette María Eugenia Ritó que oficiaba como abogado de la 5 de Septiembre y Gral Saneamiento. “Scarcella operaba los negocios y Salinas la pata judicial”, dice una fuente hoy cercana a Cambiemos.

Pero el poder de esas dos empresas lo controla el titular de Sosba, Julio Castro. Pero el poder de esas dos empresas lo controla el titular de Sosba, Julio Castro.

En los últimos días, Castro aparece vinculado a la construcción de un moderno proyecto inmobiliario en La Plata. Se trata de una que se levanta a gran velocidad en la esquina de 7 y 35 de la capital provincial y será -dicen- el edificio más moderno de la ciudad.

Según una investigación del diario Hoy, para la construcción y comercialización del impactante edificio Málaga Haus se conformó Fusion Haus, una sociedad donde intervienen directivos de Eleprint (la empresa de Gustavo Weiss) y de Mako. Esta última empresa tiene al ingeniero civil Horacio Castro como uno de sus principales responsables que, además de ser hermano del titular del Sosba, es el director ejecutivo de la obra de 7 y 35.

Según ese diario, una parte importante de la inversión para esa obra habrían salido de fondos aportados a modo de anticipo por la empresa estatal israelí Mekorot que durante la gestión de Scioli ganó la licitación para la construcción de una planta potabilizadora en Punta Lara.

Esa licitación fue un mero trámite administrativo toda vez que el proceso adjudicatario fue armado para los israelíes. LPO contó cómo el mismo día que se conocían las ofertas de la licitación en el ministerio de Infraestructura, Scioli esperaba los resultados en su despacho junto a directivos de Mekorot.

En los últimos días, los anuncios de Vidal pusieron en alerta a los interesados por el negocio de la construcción de la planta potabilizadora de Punta Lara. Es que desde Economía avanzan con reuniones junto a miembros de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el objetivo de negociar la aprobación de un crédito por 120 millones de dólares que se destinarán a la construcción de la planta.

Hoy no existen certezas sobre si se avanzará en una nueva licitación o si esos fondos se destinarán a iniciar las obras respetando la licitación anterior.

Como sea, Castro y las empresas que prestatarias de Absa son parte interesada toda vez que la UTE conformada por Mekorot para hacer la planta potabilizadora, incluía además una participación de la empresa 5 de septiembre SA, la firma Mako SA (de Salinas) y la sociedad Eleprint.