Angelici intercedió ante dos jueces por la guerra de la Aduana con Echegaray

A principios de marzo, el titular de la Aduana Juan JoséGómez Centurión lanzó una fuerte ofensiva contra varios depósitos fiscalesprivados de la región metropolitana que operaban con cargas de importación yexportación.

En un solo día, Gómez Centurión –un ex comando carapintada yveterano de Malvinas que entre 2012 y 2015 formó parte de la administraciónporteña de Macri como timonel de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)—lesquitó sorpresivamente las habilitaciones que tenían para funcionar a un grupode seis operadores de depósitos fiscales.

Si bien afectó a las firmas de Jorge Lambiris y SergioGonzález-- dos empresarios muy cercanos al ex titular de la AFIP, RicardoEchegaray--, la embestida de la Aduana también interrumpió la actividad deotras empresas de prolongada tradición en el sector como Dodero, Logexport y LoPrimo de Miguel Pascucci, el actual presidente de la Cámara Argentina deDepósitos Fiscales Privados (Cadefip).

Con el fin de revertir las clausuras y defender susderechos, éstas tres empresas acudieron a la Justicia y cuando estaban porobtener los primeros amparos favorables apareció en escena Daniel Angelici paradarle una mano a las autoridades de la Aduana.

Según los datos que manejan fuentes del sector yfuncionarios del área aduanera, ante un pedido de Gómez Centurión el presidentede Boca Juniors habría logrado convencer a los jueces del fuero contenciosoadministrativo para que no tengan en cuenta los planteos que efectuaron losdueños de los depósitos fiscales que se vieron afectados por lasinhabilitaciones de la Aduana.

Cuestionado duramente por Elisa Carrió y defendido por elpropio presidente Mauricio Macri, el “Tano” Angelici en su rol de operadorjudicial habría conseguido hasta ahora cambiar dos cautelares que se perfilabancontrarias al Gobierno.

Una de ellas es la que había sido requerida por el titularde Logexport, Jorge Guerra ante el juzgado federal Número 9 ContenciosoAdministrativo.

En su presentación, Logexport –empresa que opera desde2002—destacó que la medida sancionatoria de Gómez Centurión se basó ensupuestas faltas formales (ausencias de registros de apoderados, de DNI, decertificados de buena conducta y habilitación municipal) que no se habíanregistrado y estaban debidamente cumplidas y documentadas ante la propiaAduana.

Además, la empresa consideró que la inhabilitación devienede un “procedimiento irregular porque no pudieron constatarse las supuestasfaltas mencionadas, no se instrumentó ningún sumario en contra, no se permitióla presentación de descargos y no se ha realizado dictamen jurídico alguno comopaso previo al dictado de la medida”.

Pese a los argumentos esgrimidos y tras reconocer que “elestudio de la invalidez de la resolución 8 de Aduana es una cuestión queindefectiblemente deberá ser sometida a un marco de debate y prueba que excedela presente causa”, el juez Pablo Cayssials resolvió desestimar la medidacautelar que había sido solicitada por Logexport.

Más allá de este traspié, la pelea judicial de los depósitosfiscales contra la Aduana promete seguir con apelaciones y nuevaspresentaciones apoyadas por la cámara del sector que advirtió que “se estáaplicando el máximo castigo a las empresas sin darles la posibilidad de poderejercer una legítima defensa”.