Macri sacó de los peajes a Electroingeniería y tiene en la mira a Cristóbal López y Roggio
Tras haber aplicado a principios de marzo ysin previo aviso un “tarifazo” en los peajes de hasta el 500%, el gobiernomacrista decidió ahora extender por un año todas las concesiones de las rutasmás transitadas del país que había heredado de la administración kirchnerista.
La prórroga por 12 meses de los contratos deconcesión de los corredores viales incluye a empresarios cercanos al actual y pasado poder como Angelo Calcaterra, primo de Macri; Eduardo Eurnekian, concesionario de los aeropuertos; Eskenazi y Cartellone (ver recuadro).
Pero el dato más impactante de esta prórroga que comenzará a regir a partir del 21 deabril, es que uno de los ocho concesionarios privados que vienenoperando las rutas desde hace seis años quedará excluido por el elevado nivelde incumplimiento que registra en la ejecución de las obras contractuales.
Se trata de VIALNOA, la empresa controlada por la firma kirchnerista Electroingeniería vinculada al ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. VIALNOA tiene bajo su órbita el corredor número 7. Este corredor vial abarca casi800 kilómetros de las rutas 9 y 34 que atraviesan las provincias de Santiagodel Estero, Tucumán y Salta.
Por la falta de cumplimiento de las obrasmínimas y el marcado deterioro de las rutas que estaban dentro de su concesión,el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel resolvió darle de baja a Electroingenieríay poner transitoriamente en su lugar a la concesionaria de corredor número 3que integran las constructoras Cartellone y Rovella Carranza.
Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, los dueños de Electroingeniería.
Electroingeniería—la empresa cordobesamanejada por Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que durante la era K tuvo unaestrecha relación con la Casa Rosada vía Carlos Zanini y un crecimientoexponencial de sus negocios y contratos con el Estado, viene de perder hacepocas semanas otra concesión vial en Bolivia.
Por atrasos en las obras y falta de pago alos contratistas locales, la administración de Evo Morales le rescindió uncontrato de US$ 250 millones para la construcción de la carretera “SantaBárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey" que había sido adjudicada aprincipios de 2010.
Más allá de estos traspiés, la empresa deAcosta y Ferreyra está a la espera de que los funcionarios macristas terminende avalar la continuidad de las millonarias obras de las represas santacruceñas.Las últimas señales que bajaron de la Casa Rosada indicarían que el proyecto vacamino a ser ratificado con una serie de modificaciones que apuntarían a reforzarla protección ambiental y a ampliar las líneas de transmisión que se requeriránpara el traslado de la energía de las usinas hasta los grandes centros deconsumo.
Roggio y Cristóbal López
Otra concesión vial que quedó en la mira deVialidad y del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, es lacorrespondiente al corredor número 1 que está a cargo de la constructora CPC deCristóbal López y Benito Roggio.
Si bien se han verificado se han registradovarias demoras en las obras previstas en las rutas 3, 205 y 226; en este casoel aspecto más crítico es el alto monto de las multas impagas que arrastra laconcesionaria.
Las penalidades aplicadas por los inspectorestotalizarían alrededor de 250 millones de pesos y si en los próximos días laempresa no se compromete a cumplir un plan de pagos, correrá la misma suerteque Electroingeniería.
En la última semana, los funcionarios deTransporte advirtieron que la empresa CPC de Cristóbal López también podría perder laconcesión del Acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas. En este caso es por la retención indebida delos recursos específicos de los peajes que debía transferir al Estado.
El modelo kirchnerista de concesiones viales que ahorael macrismo prolonga por un año representó un notable fracaso que se mantuvopor los sucesivos parches contractuales que se fueron aplicando y loscrecientes compromisos de pago que fue asumiendo el Estado.
Inicialmente, los contratos que arrancaron en2010 tenían un esquema muy particular. Mientras el Estado debía pagar todas lasobras nuevas y de ampliación de las calzadas, los concesionarios sólo teníanque afrontar con la recaudación de los peajes los “gastos administrativos delas cabinas, el señalamiento y las tareas de mantenimiento de las rutas”.
En 2012, se renegociaron los contratos y los concesionariosquedaron con la única obligación de pagar los sueldos de los empleados y desdelos cortes de pastos hasta los postes SOS y los servicios de atención a los usuariosen caso de accidentes pasaron a ser tareas remuneradas por el Estado.
Entre otros trabajos de mantenimiento que lasoperadoras viales le facturan a Vialidad se encuentran los bacheos y selladosde fisuras; la limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; el barridode calzadas, banquinas y cordones y la poda de árboles y eliminación de malezascercanas a las rutas.
A partir de 2013, los funcionarios K.desatendieron la continuidad de las obras en las rutas concesionadas paraprivilegiar los proyectos viales directos con provincias, municipios ycooperativas del interior.
De esa manera, los corredores viales quedaroncon un nivel mínimo de obras de conservación y mantenimiento que ahora quedareflejado en el peligroso estado de deterioro estructural que presentan lamayor parte de las rutas con peajes.