Exclusivo: Las presiones del Gobierno y Galuccio para mantener blindado el contrato con Chevrón
El nuevo obstáculo judicial que ha impedido la difusión de lasclausulas y los anexos secretos del acuerdo de inversión vigente entre YPF yChevron tuvo su origen en un juego de pinzas que desplegaron sobre los tribunalesla administración macrista y el titular de la petrolera, Miguel Galuccio.
A la movida que llevó adelante Daniel Angelici -eloperador judicial del macrismo y actual presidente de Boca Juniors- que fueduramente cuestionado por Elisa Carrió, se sumó otra realizada en las sombraspor una letrada que Galuccio tiene contratada como asesora externa.
Se trata de la abogada Alejandra Zizzias, quien porintermedio de una magistrada amiga logróllegar hasta María Cristina Carrión de Lorenzo, la titular del JuzgadoContencioso Administrativo Federal Número 7, quien con una llamativa medidaterminó desvirtuando y frenando el fallo de la Corte Suprema que había ordenadola difusión completa del polémico contrato entre YPF y Chevron.
De acuerdo con fuentes del ámbito tribunalicio que siguen decerca los vaivenes de la causa que impulsa el diputado nacional RubénGustiniani, para que se den a conocer los alcances de la asociación YPF-Chevron,a mediados de febrero Carrión de Lorenzo recibió la visita de la enviada deGaluccio.
La persona que facilitó la llegada de Zizzias al despacho dela jueza que debía que ejecutar la sentencia de la Corte habría sido una amigaen común: la titular del Juzgado Número 3 del mismo fuero ContenciosoAdministrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal.
Según parece, la asesora de YPF le planteó a Carrión deLorenzo que era “necesario y conveniente” para la empresa y el gobierno noquebrar la confidencialidad del acuerdo.
Además, le anticipó que la petrolera piloteada por Galuccioiba a enviar una versión testada y tachada para poder proteger los “datossensibles y estratégicos”.
Unos días después, Carrión de Lorenzo recibió una copiaparcial del contrato que fue acompañada de un escrito en el cual YPF volvió aplantear una serie de fundamentos para que no salgan a la luz las adendas y losanexos considerados como “secretos industriales y comerciales”.
Pese a que esos argumentos ya habían sido desechados por laCorte cuando dispuso la entrega de la totalidad del contrato sin hacer ningunadistinción sobre las denominadas “clausulas secretas”, la jueza decidióinsólitamente correrle “traslado” a Gustiniani para que opine sobre el asunto.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, alineada con el presidente de Boca, Daniel Angelici.
Con esa jugada, Carrión de Lorenzo le dio “sustento” alplanteo de YPF y abrió lo que procesalmente se conoce como “incidente deejecución” que va camino a planchar la divulgación del contrato durante variosmeses.
Tras haber recibido en la contestación de Gustiniani querechaza el planteo dilatorio de YPF y exige el cumplimiento pleno del fallo dela Corte, ahora la jueza tiene que dictar una resolución que podrá ser apelada porlas dos partes en pugna.
Si atiende la postura de YPF e impide la difusión completadel contrato, el que apelará será Gustiniani.
Y si hace cumplir el fallo de la Corte “a rajatabla” con laentrega de todos los capítulos y anexos del acuerdo, entonces la que apelaráserá YPF.
Cualquier apelación provocará que el caso vuelva a transitarpor las distintas escalas judiciales y que desemboque nuevamente en el máximotribunal un plazo no inferior a un año.
A los pocos de días de que quedara obstaculizado elcumplimiento de la sentencia de la Corte, el gobierno salió a cobijar por dosvías a Carrión de Lorenzo, la jueza que en la causa original ya había fallado afavor de YPF cuando le tocó intervenir en primera instancia.
Por un lado, el presidente Mauricio Macri le aceptó pormedio del decreto 430/16 la renuncia al cargo que se hará efectiva a partir del1 de mayo.
Y por otro lado, entró en juego la titular de la OficinaAnticorrupción (OA), Laura Alonso, que responde a Angelici y con un bochornosogiro de 180 grados en su posición respecto al cuestionado acuerdo que YPFsuscribió con Chevron hace tres años para la explotación del yacimiento VacaMuerta.
Tras haber criticado duramente antes de las elecciones alkirchnerismo por mantener bajo llave los términos del acuerdo, ahora la exlegisladora dio su aval para que permanezcan en secreto las partes mássensibles del contrato que, entre otras perlitas, habría incluido transaccionesy aperturas de cuentas en paraísos fiscales a cargo de ejecutivos de YPF sinninguna clase de fiscalización.