Evo Morales deja electroingeniería sin un contrato vial de US$ 250 millones
Mientras aguarda que el gobierno macrista termine de avalar la continuidad de las obras de las represas santacruceñas con la introducción de algunas modificaciones complementarias al proyecto inicial, la empresa Electroingeniería concluyó de la peor manera el negocio vial que había encarado en tierras bolivianas con la ayuda de la ex administración kirchnerista.
Se trata de la construcción de una carretera de 184 kilómetros en la región del Altiplano que la compañía de los empresarios K. Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta no pudieron cumplir y que llevó al gobierno de Evo Morales a rescindir el contrato e iniciar acciones legales contra el consorcio liderado por Electroingeniería.
Tras la interrupción de la relación contractual que llevó adelante el 19 de enero pasado la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), Electroingeniería resolvió contratacar en los últimos días con la presentación de recursos administrativos y y una serie de reclamos económicos por los supuestos perjuicios que dice haber sufrido por el quite de la obra.
Luego de hacerse fuerte en el plano local en los primeros años del kirchnerismo, Electroingeniería decidió extender sus negocios a Bolivia a principios de 2010.
Con el apoyo de los funcionarios del ex ministerio de Planificación y de Carlos Zanini, la empresa cordobesa logró que el gobierno de Evo Morales le adjudicará la construcción de una nueva ruta de 184 kilómetros que estaba valuada en US$ 250 millones.
Se trata de la carretera “Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey" que había quedado en manos del consorcio Ar.Bol que tenía a Electroingeniería como el principal protagonista con el 85% de las acciones.
El plazo de ejecución de la obra era de 52 meses, pero a los dos años de iniciados los trabajos afloraron los primeros cortocircuitos entre el consorcio de Electroingeniería y las autoridades viales de Bolivia.
Según los técnicos de la empresa, los problemas se originaron por la inclusión de obras adicionales y mayores costos por una suma cercana a los US$ 100 millones que los funcionarios no quería reconocer en su totalidad.
En cambio, desde los medios bolivianos y la administración de Evo Morales sostuvieron que los chispazos obedecieron a que Electroingeniería había comenzado a girar los pagos que recibía de la ABC a sus empresas de Argentina sin autorización y sin haber cancelado las facturas que se fueron acumulando con los proveedores y subcontratistas locales.
La ruptura con las autoridades del Altiplano fue confirmada por la propia Electroingenería mediante un comunicado a la Bolsa, en cual dio cuenta que no tiene muchas esperanzas de poder cobrar lo reclamado.
Tras relatar su visión del conflicto, la empresa destacó que “no obstante la continuidad del reclamo administrativo y la posibilidad de presentación de demanda judicial por los daños, se ha estimado conveniente registrar una previsión de incobrabilidad sobre los créditos propios y de su sucursal Bolivia con la sociedad Ar.Bol.”.
Identificada plenamente con la gestión K, Electroingeniería pasó de ser un contratista pequeño de la provincia mediterránea a principios de la década pasada a convertirse uno de los grandes jugadores de la obra pública nacional.
Su mayor logro fue haber conseguido que Cristina Kirchner le adjudicara –pese a sus problemas económicos—la megaobra de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz al consorcio que comparte con el grupo chino Gezhouba.
El emprendimiento—que implicará una inversión de casi US$ 5.000 millones financiada por bancos chinos—entró en una instancia de “evaluación y análisis” tras la asunción del gobierno macrista.
Más allá de las declaraciones de algunos funcionarios nacionales que auguraban la cancelación los trabajos, la obra va camino a ser ratificada por el gobierno con la introducción de una serie de modificaciones que apuntarían a reforzar la protección ambiental y los aspectos referidos a la transmisión de la energía generada hasta los grandes centros de consumo.