Frigerio crea una comisión para revisar la obra pública y choca con la Uocra y los constructores
Las constructoras de obras públicas y lascontratistas que trabajan para AySA están cada vez más impacientes con laadministración macrista.
A principios de enero, los funcionarios de lacartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda que comanda Rogelio Frigerio sehabían comprometido a cancelar parte de los certificados de obras atrasados apartir de la segunda quincena de febrero.
Pero lejos de empezar a cobrar las facturaspendientes, las constructoras del sector de toparon en la última semana con unasorpresiva movida del ministerio que apunta a una nueva postergación de lospagos en juego.
Con el fin de ganar tiempo y patear losdesembolsos para el segundo trimestre, Frigerio y el secretario de Obras Públicas,Daniel Chain resolvieron crear una nueva “Comisión de Evaluación, Coordinacióny Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” de los contratosvigentes.
La flamante comisión—que imitando el estilokirchnerista tiene una extensa y pomposa denominación—será la encargada deanalizar y definir las actualizaciones de precios que correspondan aplicar alas obras de los planes de viviendas, escuelas, hospitales, acueductos,proyectos hídricos y los emprendimientos a cargo de AySA.
La tensión por este tema, anticipada por LPO, es tan grande, que este jueves Frigerio junto a Chain recibió a todos los ministros de Obras Públicas del país, para poner un poco de paños fríos ante los reclamos crecientes.
A cargo de un massista
El organismo que resolverá los ajustescontractuales que reclaman las constructoras estará integrada por cuatromiembros permanentes del equipo de Frigerio. El presidente será el subsecretariode Coordinación de Obra Pública Federal, el massista Ricardo Delgado, quien estaráacompañado en la mesa directiva por Chain, el secretario de Vivienda y Habitat,Domingo Amaya y el subsecretario de Coordinación Carlos Padin.
Entre otras funciones, la comisión —que fuecreada por medio de la resolución 20/2016 del ministro Frigerio –se dedicará a:
--Unificar los criterios de trabajo en losprocesos de redeterminación de precios.
--Emitir un informe técnico en todos los casosde actualización de contratos.
--Coordinar la intervención de la SIGEN antesde aprobar los ajustes.
--Controlar el cumplimiento de la revisiónfinal de las redeterminaciones de precios, previa a la aprobación delcertificado de obra.
Además de fijar las reglas de juego que seaplicarán a partir de ahora, la resolución de Interior dispuso que los trámitesde redeterminación de precios que se encuentren pendientes también pasarán aser reanalizados y reclasificados por la nueva comisión.
Frigerio encabezó este jueves una reunión con ministro de Obras Públicas de todo el país.
La actual metodología de redeterminación deprecios establece que los contratos de obras públicas podrán actualizarse apedido de las empresas cuando “los costos de los factores principales que loscomponen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio superioral 10% a los del contrato, o al precio surgido desde la últimaredeterminación”.
El régimen vigente había sido aprobado trasla caída de la convertibilidad, en julio de 2002 por el decreto 1295 del expresidente Eduardo Duhalde para restablecer el equilibrio económico-financierode los contratos de obras públicas.
Desde entonces, se viene aplicando esteesquema que es cuestionado por las empresas que lo consideran muy complejo y delarga tramitación.
En promedio, los procesos de redeterminaciónde precios demoran entre 8 meses y un año antes de ser resueltos por losfuncionarios.
Actualmente, las actualizacionescontractuales se encuentran frenadas por otro hecho externo al sector. Es laparálisis que afecta al Indec y que provoca la falta de los índices quereflejan la variación de los costos específicos de la construcción que se tomanen cuenta para las redeterminaciones de las obras.
De acuerdo con los datos que manejan losespecialistas del sector, las redeterminaciones de precios pendientesrepresentarían para el Gobierno un gasto extra que oscila entre los 5.000 y7.000 millones de pesos.
A eso se agregan los certificados normales deobras que dejaron de abonarse a partir de noviembre y que – sólo en el caso delos programas que dependen de Frigerio y Chain—ya superan los 10.000 millonesde pesos.
La demora en los pagos llevó a las empresas aparalizar la mayor parte de las obras y despedir al personal afiliado a laUOCRA.
Eso provocó que el secretario general delgremio, el ex kirchnerista Gerardo Martínez saliera a manifestar supreocupación por la pérdida de las fuentes de trabajo y a advertir sobre laposible implementación de medidas de fuerza si no se reactivan las obrasfrenadas por falta de pago.