El peronismo condiciona el respaldo al acuerdo con los buitres a retoques en la coparticipación
El peronismo no garantizará el aval parlamentario al acuerdo con los fondos buitres -que requiere derogar o modificar la ley cerrojo- si antes Mauricio Macri no da señales muy concretas de aumentar la coparticipación directa que reciben las provincias.
Esa fue la condición que puso el senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y presidente de la Comisión de Acuerdos, clave para el tratamiento de los pliegos de jueces, diplomáticos y embajadores.
"Hagamos un acuerdo de gobernabilidad, poniendo todos los temas sobre la mesa, que incluya todo, como la derogación de la Ley Cerrojo, la aprobación del acuerdo con los holdouts, el tema de la Corte, la coparticipación, todos los temas que son objeto de reunión entre Gobierno y las provincias", planteó Urtubey.
LPO había anticipado que pese a sus constantes gestos de amistad al gobierno de Macri, Urtubey mantenía vigente el reclamo por el 15 por ciento de coparticipación que la Anses le retiene a la mayoría de las provincias. Posición que comparten el resto de los gobernadores peronistas, pese a que funcionarios del Gobierno se encargaron de intoxicar a algunos medios afirmando que el problema ya había recado relegado.
La derogación de la ley cerrojo impide negociar mejores condiciones de pago con los acreedores del país que rechazaron ingresar a los canjes del Gobierno, entre ellos los fondos buitres que ahora reclaman cobrar a partir del fallo del juez Thomas Griesa.
Por eso Griesa y el mediador Daniel Pollack exigen a Macri que antes de cerrar cualquier acuerdo debe derogar esa ley en el Congreso, como también la de “pago soberano”, una creación de Cristina Kirchner para pagar la deuda en el país y no arriesgar embargos en New York.
Como explicó LPO, todo el programa económico gradualista de Macri se basa en un acuerdo con los holdouts para regresar a los mercados internacionales y financiar por esa vía la graduación del ajuste.
Es decir que la entente de gobernadores y senadores peronistas tiene la llave del corazón del programa de Macri y parecen dispuestos a hacerselo pagar, en una típica operación de abrazo del oso, que combina buenos, malos y neutros.
La mayoría deseada
Para tener mayoría simple, Macri requiere de al menos una parte del bloque FpV del Senado, que con 40 miembros tiene 3 más que el quórum pero está virtualmente partido entre kirchneristas y peronistas ortodoxos, más identificados con los gobernadores.
Los primeros difícilmente ayuden y los últimos quieren negociar. "Queremos un acuerdo de gobernabilidad expreso y explícito, pero que no adquiera un cariz de una especie de toma y daca o mercado persa", aclaró Urtubey.
Uno de los problemas de Macri es que no le sobran jugadores expertos para bailar la danza que le proponen los peronistas. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es por lejos el interlocutor más solvente y que más respetan los peronistas, pero sus negociaciones suelen ser dinamitadas por el núcleo duro de Macri que desde la Casa Rosada está obsesionado con dar "gestos de autoridad".
Los gobernadores peronistas reclaman la restitución del 15% de la coparticipación que se gira a la Anses; reclamo que tiene solidez a partir del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal ese giro, ante planteos de Córdoba, Santa Fe y San Luis, por ahora las únicas beneficiadas.
El macrista Pinedo habla con Pichetto en el recinto.
Macri aceptó cumplir ese fallo -en rigor no podía hacer otra cosa-, pero derogó el decreto de Cristina que ampliaba ese beneficio al resto de los estados provinciales, un paso que tarde o temprano debería dar si los gobernadores lo exigen ante la Corte Suprema.
Miguel Pichetto, jefe de bloque FpV, recordó que seguirán pidiendo esa plata en la reunión que mantuvo con Marcos Peña, Rogelio Frigerio y el resto de los jefes de bancada.
Por eso, la primera urgencia de Macri es que los senadores avalen la llegada de Corte de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que tendrán su audiencia pública recién el 3 de marzo. Necesita manos amigas a la hora de que el debate por la Coparticipación regrese a la Corte.
En este mes, el presidente prometió retomar las obras públicas paralizadas en las provincias, que amenazan con miles de puestos de trabajo en la construcción. Confía en que así ablandará a los gobernadores para que instruyan a sus senadores que colaboren.
Pero después vendrá la negociación por la ley cerrojo y ahí ya no tendrá argumentos para evitar el debate por la coparticipación.
Urtubey también fue cauto respecto a los jueces de la Corte, aunque aceptó que ambos tienen “trayectorias sólidas”.
"Lo que tenemos que ver es la idoneidad de ambos candidatos que es muy distinto a la afinidad ideológica-política", agregó, acaso deslizando algún resquemos con el peronista Rosatti. No es un secreto que Rodolfo Urtubey también tiene aspiraciones de sumarse a la Corte, algo que el gobierno acaso intentó capitalizar cuando dejó trascender que podría ampliar el número de integrantes del máximo tribunal.