Macri dejó a Gils Carbó sin las escuchas ni el nuevo Código Procesal

Mauricio Macri no pudo lograr que Alejandra Gils Carbó renuncie a su cargo, pero concretó un duro golpe al poder de la Procuradora General de la Nación, al dejarla sin el manejo de las escuchas telefónicas y sin el nuevo Código Procesal Penal.

En una jugada que había sido adelantada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, el Gobierno dispuso hoy -a través dedos Decretos de Necesidad y Urgencia- la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, prevista para el próximo 1 de marzo, y transfirió las escuchas judiciales a la Corte Suprema.

El decreto 257/2015 establece que el nuevo Código "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de esa norma, "previa consulta con el Ministerio de Justicia". 

Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia". Además, agrega que la suspensión tiene "la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada".

En ese sentido, el DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".

En declaraciones a radio Mitre, el ministro Garavano, aseguró que "el Gobierno anterior, en el marco de sus peleas con el sistema de justicia y su toma de la Procuración, intentó apurar un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años".

En ese sentido, sostuvo que la reforma le daba un "exorbitante poder" a la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Gils Carbó, lo que generaba "una situación muy complicada".

"Es una medida que anticipamos del primer momento. Hablamos con todos los actores del sector, todos eran coincidentes", explicó el funcionario, para quien "era imposible que el Código se empezara a implementar el 1 de marzo".

Garavano señaló que "el gobierno anterior intentó apurar procesos" y cuestionó que "acá se quiso hacer de un día para el otro".

En tanto, el decreto 256/2015 transfirió a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, que había quedado bajo la órbita de la Procuración.

En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".

Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".

Además, señala que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud".

"Son cosas que solo pueden justificarse desde un punto de vista sectorial, de acumular poder, pero que no tiene razón en términos técnicos ni sistémicos de cómo funciona la Justicia", cuestionó Garavano.

as escuchas dependían históricamente de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero con la reforma de la central de espías, el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.