La dificultad de Vidal para completar su gobierno, detrás del escándalo por la fuga de presos
El escándalo por la fuga de los autores del triple crimen de la efedrina del penal de General Alvear dejó al descubierto las dificultades que enfrenta María Eugenia Vidal para ocupar con gente de confianza e idónea los cargos críticos de la provincia de Buenos Aires.
Se trata tal vez del mayor escollo de su gestión, porque la obliga a dejar organismos en virtual estado de acefalía como fue el caso del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), justo cuando los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci abandonaron el penal de máxima seguridad del centro bonaerense.
El miércoles pasado presentó la renuncia Florencia Piermarini, quien estaba a cargo de las cárceles de la provincia desde 2012. Vidal no le aceptó la renuncia, pero tampoco la ratificó en el cargo, dejando la conducción de todo el sistema carcelario de la provincia en un peligroso limbo.
La gobernadora recién anunció el reemplazante de Piermarici cuando estalló el escándalo de la fuga de los autores del triple crimen, con el extravagante recurso de anunciar que la "echaban" porque no le habían aceptado la renuncia presentada días atrás. Cuando en la conferencia de esta tarde, le preguntaron sobre la demora en nombrar la nueva conducción del SPB, Vidal adujo cuestiones burocráticas.
La situación de Piermarini se repite en todos los ministerios y alcanza áreas sensibles como los 78 hospitales, que según denunció el Comité Provincia de la UCR continúan dirigidos por los funcionarios nombrados por Daniel Scioli, cuya gestión sanitaria fue criticada con dureza por la propia Vidal.
Los radicales le habían pedido al vicegobernador Daniel Salvador el Ministerio de Salud pero Vidal se lo negó, reacia a repartir poder entre sus socios de Cambiemos.
Tan es así, que ante la crisis de la fuga, para cubrir el puesto de jefe del Servicio Penitenciario, la gobernadora apeló a un kirchnerista como Fernando Díaz, quien ocupó ese cargo en el Gobierno de Felipe Solá y viene de ser segundo en el organismo homónimo de Nación, o sea, bajo el mando de Cristina Kirchner.
El problema
El problema de Vidal es que mientras descarta radicales no encuentra apoyo en el PRO, una estructura creada en Capital Federal, con dirigentes que en su gran mayoría no quieren trasladarse a La Plata ni en charter privado.
El ministro de Justicia, Carlos Mahiques, pone en funciones al nuevo titular del SPB, Fernando Díaz.
La gobernadora choca una y otra vez con ese problema cuando ofrece cargos, incluso entre funcionarios de su círculo íntimo que prefirieron quedarse en la Ciudad o recalar en posiciones incluso menores en la Ciudad o la Nación.
Entre los que aceptaron, varios estarían esperando el momento de irse, como ya hizo el flamante director del Banco Central, Francisco Gismondi, quien trabajaba con el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, y no dudó un segundo en regresar a la Capital.
Los salarios son otro limitante fuerte. Un ministro provincial cobra 70 mil pesos pero un director percibe entre 20 y 30 mil, un monto fácilmente alcanzable con un cargo menor en Nación y Ciudad. Y sin viajar a La Plata todos los días.
Con estas limitantes, la gobernadora reformó el organigrama provincial con la premisa de “reducir el costo de la política”, un slogan que suena lindo pero que también responde a su imposibilidad de cubrir todos los cargos existentes.
Los números son alarmantes. Los conocedores de la administración provincial hablan de una planta de 6500 cargos políticos en el viejo organigrama y nadie tiene certeza de cuánto se redujo realmente en el nuevo y mucho menos si los tijeretazos fueron atinados.
“Debe haber al menos 1000 de esos cargos que están de más, pero una cosa es saberlo y eliminarlos y otra es hacer un recorte a ciegas sin medir las consecuencias de los espacios vacíos”, explicó a LPO un ex funcionario bonaerense.
No hay Ministerio donde por no abunden anécdotas sobre cargos jerárquicos acéfalos. “En algunos no hay ni director general de administración y cuesta firmar cheques”, relató a LPO un funcionario bonaerense de planta, con décadas en la gestión.
La incertidumbre alcanza incluso a las empresas públicas y entes autárquicos de la provincia, como Ferrobaires, IPS o Absa. Sus titulares fueron conociéndose los últimos días pero sus equipos todavía son un misterio, aunque tal vez no tanto como el de Santiago Cantón, flamante secretario de Derechos Humanos de la provincia y aún radicado en Estados Unidos.