Cristina deja un cepo legislativo para trabarle al próximo presidente la negociación con los buitres
Si Daniel Scioli llega a ser presidente y quiere arreglar con los fondos buitre, tendrá que derogar dos leyes y contar con mayoría propia en el Congreso, un escenario que no está confirmado ni mucho menos si se tiene en cuenta el resultado de las primarias y las últimas encuestas.
El fuerte retroceso que tuvieron ayer las reservas tras el pago del Boden 2015 será uno de los temas más delicados de los que tendrá que ocuparse el ganador de las elecciones presidenciales. En ese marco, los referentes económicos de los candidatos consideran que en algún momento deberá llegarse a un acuerdo con los fondos buitre para poder financiarse en los mercados a tasas más bajas de las que le prestan hoy al país y así recomponer reservas y eventualmente ir liberando el cepo cambiario.
El problema es que más allá de la disputa judicial que se desarrollará en los tribunales de Nueva York, el próximo gobierno necesitará contar con el aval del Congreso, algo que en este momento se ve difícil.
En primer lugar, porque actualmente existen dos leyes que impiden un acuerdo, por lo que si se cierra con los holdouts no alcanzará tan sólo con un decreto del Ejecutivo.
La primera de ellas es la 26.886, sancionada en septiembre de 2013, cuando Cristina intentó mostrar una mayor predisposición a un acuerdo y derogó la Ley Cerrojo de 2010, que directamente impedía hacer oferta alguna a bonistas que no hayan entrado en los canjes.
En su artículo cuatro, esta ley le prohíbe taxativamente al gobierno “ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”, lo que da por tierra con cualquier tipo de negociación que quiera encarar el sucesor de Cristina con los holdouts.
Es decir: se volvió a abrir el canje, pero se ofrecían las condiciones de siempre, que los holdouts rechazaron una y otra vez.
Por otro lado, luego de que la Corte Suprema de EEUU rechazó tratar el caso argentino y el fallo de Thomas Griesa quedó firme, la presidenta mandó al Congreso un proyecto para cambiar el lugar de pago de los bonos. Esa plata nunca llegó a los acreedores, ya que nunca vinieron a buscarla, por lo que pasó a engrosar las reservas del BCRA. Según los cálculos de los economistas, sumarían más de U$S2000 millones.
A estas dos leyes podría sumarse una más que complicaría un arreglo, que el oficialismo buscará aprobar en el Senado. Se trata del proyecto que propone declarar “de interés público” los nueve principios básicos de reestructuración de deudas soberanas que aprobó la ONU por iniciativa argentina, y que se sumó a una serie de leyes que envió Cristina al Poder Legislativo con el objetivo de condicionar a su sucesor.
Al no contar con la mayoría propia que hoy tiene el kirchnerismo, el próximo gobierno no tendrá la opción de sancionar leyes a su antojo, abriendo y cerrando los canjes de deuda, como lo pudo hacer la presidenta en los últimos años.
Otra vuelta de tuerca
“Lo que hicieron es una cosa de locos, para negocias será necesario derogar dos leyes y ahora con lo de la ONU se suma una vuelta de tuerca más”, comentó a LPO el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen.
“Buscaron limitar jurídicamente la vía para poder arreglar. Hay una rigidez enorme para todo lo que quieras hacer”, advirtió el asesor de Sergio Massa.
En ese sentido, agregó que si se aprueba el proyecto con los nueve principios de la ONU “es un freno más a arreglar, porque dice que no se puede pagar el 100% sino lo que el país pueda”.
“El próximo gobierno va a tener que hacer un laburo parlamentario muy finito”, apuntó Nielsen.
Mauricio Macri en el Foro Económico de Davos.
Es que si en las generales se repiten los resultados de las primarias, el kirchnerismo perdería cerca de 20 bancas, entre propios y aliados, de los 77 que puso en juego en estas elecciones. Con suerte, llegaría a 113 miembros con aliados, 17 menos que lo necesario para iniciar una sesión.
La oposición tampoco lograría quórum, en el caso de que gane el PRO, pese a sumar unos 22 diputados. En ese caso, el macrismo seguiría sin poder desplazar a la UCR de la segunda minoría.
En tanto, en el Senado el FPV estaría algo mejor, ya que podría ganar 6 lugares más, porque se renuevan las bancas del 2009, cuando al oficialismo le fue muy mal. De todos modos, si bien hoy el bloque del FpV tiene 32 miembros, llega a los 37 necesarios con algunos aliados que dejarán su banca el 10 de diciembre. Con estos números, superaría esa marca con lo propio.
De todos modos, la dinámica de 2016 dependerá del próximo presidente y el papel que juegue el peronismo opositor, un interbloque de siete miembros que continuará.
Asimismo, la fuerte presencia de dirigentes de La Cámpora en las listas condicionará el arreglo que quiera llevar adelante Scioli si resulta electo presidente. Axel Kicillof presidiría la Comisión de Presupuesto y Hacienda y desde allí podría marcarle límites, maniobrando para evitar tratar el proyecto.
De todas formas, si el próximo jefe de Estado logra la mayoría, lo cierto es que los proyectos llegarán al recinto por medio de otra comisión y se terminarán aprobando.
Como explicó LPO, tampoco debe descartarse que un grupo de diez senadores conforme un sub bloque que responda al candidato a vice, Carlos Zannini, que también podrían ponerle trabas a las negociaciones .
“Me parece que el próximo presidente no va a tener mayoría en el Congreso. Un hueso duro de roer va a ser La Cámpora. Y darse vuelta les jugaría en contra, porque a ellos les paga más hacerse los rebeldes. No me confiaría”, reflexionó Nielsen.