El kirchnerismo denuncia que Rozas traba el juicio al juez Armella por el Riachuelo
El kirchnerismo logró avanzar ayer en el Consejo de la Magistratura con el pedido de jury contra el juez federal de Quilmes, Luis Armella, por presunto mal desempeño en la causa por el saneamiento del Riachuelo, pero teme un pacto entre los jueces y consejeros radicales para salvar al magistrado.
La Comisión de Disciplina de la Magistratura trató ayer la denuncia contra Armella que fue impulsada por la Corte Suprema al detectar una serie de irregularidades en la administración y supervisión en el proceso de saneamiento que le habían delegado los ministros al juez.
En la reunión, el kirchnerismo presentó dictamen proponiendo la elevación a jurado de enjuiciamiento de Armella, pero se enfrentó a una dura oposición encabezada por los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, y por el senador radical Ángel Rozas, quienes elaboraron un dictamen de minoría para desestimar la denuncia.
La defensa técnica de Armella estuvo a cargo de Moldes, juez federal de Bariloche, pero fue Rozas quien asumió la defensa política. Esto lo llevó a cruzarse feo con el viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez, defensor del dictamen acusatorio, y con el presidente de la Comisión, el académico Daniel Candis.
Álvarez, Recalde y Fernández Sagasti en la reunión de la Comisión
Entre los asesores oficialistas disparan que Rozas, pese a las propuestas de “cambio” y “transparencia” que hace la coalición que integra su partido, no duda en apoyar a jueces sospechados de actos de corrupción.
Para algunos funcionarios kirchneristas, es manifiesto el afán de protagonismo del senador radical que lo lleva a una “sobreactuación” que, según se dice, “conspira contra las políticas impulsadas por Cambiemos, al tiempo que entorpece la labor del Consejo”.
Otro grupo de funcionarios del Consejo, incluso radicales, destacan cierto destrato del senador contra sus pares en las reuniones, y coinciden en que por la intermediación de Rozas será improbable que Armella pueda ser enjuiciado, ya que en el plenario no se obtendrían los dos tercios de los votos (nueve) que exige la elevación al Jurado de Enjuiciamiento.
Se sabe que el kirchnerismo tiene una mayoría muy ajustada (inclina la balanza con el voto de la presidenta del cuerpo, la camarista Gabriela Vázquez) y se puede imponer en el Consejo sólo en las votaciones que son por mayoría simple. Pero para remover a un juez se necesitan dos tercios y difícilmente pueda lograrlo sin respaldo del radicalismo.
De hecho, ayer la votación en la Comisión de Disciplina terminó empatada en cuatro votos (Álvarez, los diputados Anabel Fernández Sagasti, Carlos “Cuto” Moreno y Héctor Recalde votaron a favor de la apertura del jury, mientras que Rozas, Cabral, Moldes y la abogada Adriana Donato votaron en contra) y fue definida por el presidente de la comisión, el académico Candis.
De esta forma, todo indica que el escándalo de la limpieza del Riachuelo, esta vez protagonizado por un juez, quedaría trabado en el Consejo.
La denuncia contra el juez
En noviembre de 2012, la Corte apartó a Armella de la causa por el saneamiento del Riachuelo y remitió copia del expediente de auditoría al Consejo por la supuestas “maniobras ilegales en las que habría incurrido el magistrado”.
El juez Luis Armella
Según el kirchnerismo, estaría probado que Armella ordenó la realización de “obras complejas” en “plazos perentorios” para justificar la adjudicación de obras por contratación directa a distintas empresas vinculadas a su familia. Entre las firmas en cuestión están “San Martín 264 Bernal SA”, propiedad de su suegro; “Gildin”, “Tierras Provinciales S.A”, “Vial Rogo Constructora S.A”, “Compañía Constructora M&T S.A” y “Kartonsec S.A”, todas propiedad de familiares y personas conocidas del juez.
Las maniobras que realizaba el magistrado se basaban en intimar a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a realizar diversos proyectos en plazos urgentes, bajo apercibimiento de graves sanciones.
Tras invocar estas resoluciones, la Acumar eludía las licitaciones y las obras eran realizadas por las empresas próximas al juez, que las ordenaba a través de contrataciones directas. Las obras fueron por centenares de millones de pesos.