Un escándalo por acoso sexual complica a la presidenta de la Cámara de Casación

La cuestión de género y el respeto a las trabajadoras que están fuera del escalafón judicial desataron una feroz interna en la Cámara de Casación por la desestimación y clausura de un expediente contra un alto funcionario por supuesto “acosador sexual”, tras una denuncia formal.

El magistrado en cuestión es Roberto Adrián Pedrozo, actual Prosecretario de Cámara interino de la Sala I del Máximo Tribunal Penal del país, el mismo que intervino para resolver el sumario administrativo.

Pedrozo además es asesor y pareja de la presidenta del tribunal, Ana María Figueroa, según ella misma informa a sus allegados y colaboradores. A pesar de ese vínculo, la jueza intervino y rechazó la denuncia porque “no ha logrado ser probada”, según consta en el fallo al que accedió LPO.

Fuentes judiciales dijeron que la resolución manifiesta una serie de irregularidades como la intervención de los superiores de Pedrozo y su pareja como si tuviera “prerrogativas”.

Además de Figueroa, que ejerció la presidencia, en la resolución intervienen los camaristas Luis María Cabral, Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, como vicepresidente de la Sala I, y presidentes de las Salas II, III y IV, respectivamente.

La primera en ejercer su voto es Figueroa, quien además relata los hechos denunciados: “Como surge de la denuncia que en copia se agrega a este sumario de fecha 14/11/13 (…) M.R.G quien al momento del suceso denunció que se desempeñaba en calidad de empleada de limpieza de la empresa Servicios Torque S.A, laborando en el edificio ubicado en Comodoro Py 2002 de esta ciudad, manifiesta que el día 13/11/2013 hacia las 13,15 horas mientras estaba agachada limpiando los inodoros, repentinamente, sintió que alguien la agarraba por atrás, directamente ‘le agarró la cola’ por lo cual de inmediato reaccionó dándose vuelta y pegándole un empujón a esa persona”. En Tribunales se comenta que se trata de un caso muy parecido al del ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, que le costó su carrera política en Francia.

La mujer lo describe como un hombre “de unos cincuenta años, de pelo oscuro canoso, no muy alto, de contextura mediana, con una barbita desprolija, estaba con un pantalón de vestir y camisa (…) cree que su nombre es Adrián, porque alguien se lo mencionó, sin recordar con exactitud quien lo hizo”. La víctima realizó la denuncia ante el juzgado Nacional en lo Criminal de instrucción N° 11.

El escrito reza: “A partir de esa denuncia, el Tribunal de Superintendencia, decidió afectar a través de la Resolución 1238/13 del 4 de diciembre de 2013 a Roberto Adrián Pedrozo, a sumario administrativo 23/2013, de acuerdo al reglamento”.

Figueroa en su voto destaca que “luego de realizadas las diversas medidas de prueba que fueron ordenadas en el marco de presente sumario, y no restando otras por producir, corresponde adoptar la decisión que defina la situación del funcionario”.

“Para determinar la eventual aplicación de sanciones administrativas, debe establecerse y probarse la concurrencia de algún hecho que pueda ser atribuido (…) no alcanzado en este legajo”, sostiene Figueroa.

La camarista en su voto la acusa de haber estado el día anterior en la casa de Pedrozo, tal como surge de declaraciones de la mujer “acosada y abusada”.

Para la presidenta de Casación, la empleada en cuestión habría mentido en el sumario administrativo ya que conocía de antemano a Pedrozo quien además le habría tomado una entrevista laboral en su domicilio particular para que cuidara de su madre, y ambos contaban con sus números celulares.

Resalta que el 10 de febrero de 2014, el juzgado de instrucción archiva la causa “por no poder proceder, en razón de no haber instado la denunciante, la acción penal contra el imputado, por el presunto delito de abuso sexual”, decisión firme a la fecha.

Luego de una serie de otros fundamentos, Figueroa vota por “que no se imponga sanción” y se “archive la causa” contra Pedrozo, quien sería su pareja.

Figueroa es discípula del Secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini, candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial oficialista que lidera Daniel Scioli.

Desde que arribó a la Casación, la camarista ha sido un dique de contención a los intereses kirchneristas, como la resolución del caso en el que se disputa la constitucionalidad o no del Memorandum con Irán. Ayer Figueroa elaboró una maniobra para demorar aún más la definición de la causa.

Zannini la impulsa además como candidata a cubrir el cargo que el ex ministro Eugenio Zaffaroni, dejó vacante en la Corte Suprema pero carecería de los antecedentes necesarios para tamaña “envergadura”, señalan asesores del senado.

Un escándalo en Tribunales

La otra camarista que intervino en el caso, Ángela Ledesma, destaca la “gravedad del hecho” ocurrido en el Tribunal que integra y “configurada la falta administrativa, a la hora de determinar la sanción a aplicar debe tenerse en cuenta su magnitud y trascendencia y el ámbito en el que se produjo. Por lo tanto, resulta adecuado imponer la sanción del 33% de la remuneración que percibe por todo concepto y el cese del interinato en esta Cámara, sin perjuicio de que regrese a su cargo efectivo en esta dependencia respectiva”, en referencia al acusado.

En tanto, los camaristas Hornos, Cabral y Riggi avalaron la postura de Figueroa y con cuatro votos contra uno, el Tribunal resolvió “clausurar el presente sumario administrativo por no existir mérito para su prosecución y en consecuencia, disponer su archivo”.

La resolución se firmó el 22 de diciembre de 2014, pero toma relevancia porque según los denunciantes este tipo de actos continuarían, y otras empleadas estarían señalando a Pedrozo. Destacan además, que no se trata del único caso existente en la justicia federal y que es más común de lo que se piensa.

El tema también toma relevancia luego de la campaña #NiUnaMenos, que tuvo un fuerte eco en la Corte Suprema y los tribunales inferiores. De hecho, la jueza Elena Highton de Nolasco dirige la Oficina de Violencia Doméstica y trabaja en ese proyecto a nivel nacional y ha firmado convenios con diferentes provincias para luchar contra este flagelo.