Temen que el escrutinio de Buenos Aires sea peor que el de Santa Fe
El escándalo de Santa Fe podría repetirse en las primarias de la provincia de Buenos Aires, porque tampoco habrá tiempo para hacer un conteo voto a voto y el escrutinio será con la información de las actas, entregada por los presidentes de mesa y los fiscales que hayan estado presentes.
Con el 40% de los votos del país, Buenos Aires será el principal terreno de batalla en las primarias, donde Mauricio Macri y Sergio Massa definirán quién llega a octubre con más chances de polarizar con el Gobierno.
En las últimas elecciones votaron en la provincia 9.344.455 electorales en casi 30 mil mesas, más del 70% en el conurbano bonaerense. Al final del día, desde cada escuela parten las urnas al juzgado federal número 1 de La Plata, con competencia electoral, pero jamás se sabrá lo que hay adentro. La información que se usa es la de las actas oficiales.
En 2007, cuando Néstor Kirchner habilitó colectoras en la mayoría del conurbano, el recientemente fallecido juez Humberto Manuel Blanco permitió abrir urnas en varios distritos y fue tanto el caos que los escrutinios locales no habían finalizado cuando Cristina Kirchner asumió la presidencia.
El proceso fue tan bochornoso que algunas urnas aparecían con boletas planchadas, demasiado prolijas por haber estado un día en el cuarto oscuro y semanas agitándose en cajas.
Fue la misma elección en la que Elisa Carrió denunció que sus boletas habían desparecido de los cuartos oscuros del conurbano. Curiosamente, muchos de sus candidatos a intendentes quedaron cerca de ganar, pero perdieron.
Cuatro años más tarde, Blanco entendió que si prolongaba tanto el escrutinio de elecciones primarias no llegaría a hacer los trámites para habilitar las generales. Y decidió negar todos los pedidos para abrir urnas.
Su cerrazón fue tanta que soportó una denuncia del alfonsinismo pero el fiscal Jorge Di Lello la desestimó y así sentó jurisprudencia para que nadie más pida ver los votos.
O sea, de repetirse en las primarias de Buenos Aires un caso como el de Santa Fe, donde se detectaron 700 actas fraguadas, ninguna fuerza política tendrá chances de saber que hay adentro de las urnas.
“Realmente no hay tiempo. Lo primero que tiene que hacer la justicia es definir la elección presidencial para entregar los datos. Si se pone a dirimir distrito por distrito reclaman todos y no terminas más. Pero el problema es que si no tenes fiscales en las zonas más pobladas estas perdido”, explicó a LPO el apoderado de una fuerza que suele pelear con los más poderosos.
El PRO es el partido que más teme perder votos en la provincia y para impedirlo lanzó una campaña de fiscales por las redes sociales. Como contó LPO, Macri le pidió personalmente a los gremios que le den una mano pero no lo consiguió y su única esperanza es que un aluvión de voluntarios se acerquen vía redes sociales.
Otro problema es quién preside las mesas. Aunque se trata de una carga pública, en la última década fue habitual que los convocados se negaran y la responsabilidad recaiga en el primer votante en llegar.
En 2007 Blanco supo que el problema era grave y la semana previa a las elecciones se paseó por las medios para pedir voluntarios que custodien las urnas. No tuvo mucha suerte: como nunca, la mayoría de la gente fue a votar tarde para esquivar la responsabilidad.
Siempre atentos, los jefes territoriales aprovecharon el vacío para enviar punteros bien temprano a las escuelas a adueñarse de la lapicera que refrenda el acta de votación. Si en misma mesa faltan fiscales de la oposición, casi no tiene impedimentos para fraguar el resultado.
¿Quién controla el escrutinio?
Tras la muerte de Blanco el Consejo de la Magistratura designó al entonces secretario Laureano Durán al frente del juzgado federal 1 de La Plata, que tiene competencia electoral y supervisa los escrutinios hace 30 años.
Durán tiene 37 años y es hijo de Alberto, un recordado juez que se paseaba por la capital bonaerense junto a los líderes de la barra brava de Gimnasia y Esgrima.
Su nombramiento recibió varias impugnaciones por no haber pasado los requisitos de selección previstos para cualquier juez. La última advertencia fue de la Cámara federal platense, que lo apartó junto al también subrogante Jorge Di Lorenzo de una causa sobre lesa humanidad. El antecedente puede repetirse cuando reciba objeciones por el escrutinio.
Otro problema para quien denuncie fraude es qué tanto puede conseguir en los tribunales, porque a los magistrados no les seduce la idea de obligar a una nueva votación y sentar un precedente que complique cualquier escrutinio. Mucho menos si tienen un mes para resolver todo.
En La Plata dicen que el juzgado electoral en realidad lo manejan hace décadas la secretaria electoral María Belén Vergara y la prosecretaría Liliana Adamo. Son quienes más se comunican con las oficinas de María Servini de Cubría, la jueza electoral que controla los comicios nacionales.
Los que intentaban convencer a Blanco cuentan que jamás lo conseguían si antes no persuadían a Vergara y Adami, porque eran las verdaderas dueñas del escrutinio bonaerense, que una vez más puede definir al próximo presidente.