El Gobierno intenta una mediación entre Monsanto y la Mesa de Enlace
La interminable puja entre la multinacional Monsanto y las entidades rurales sumó un nuevo capítulo a partir de la decisión de la empresa de comenzar a cobrar regalías por su nueva soja “RR 2”, más conocida como “Intacta”, que fue registrada en la Argentina bajo la protección de la ley d epatentes.
Por tal motivo, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, reunió este miércoles a todas las partes involucradas en el tema con el objetivo de establecer un marco de contención y evitar mayores conflictos.
Según pudo averiguar La Política Online con fuentes que participaron de la reunión, allí se presentó un sistema de control de semilla fiscalizada y uso propio controlado como alternativa a la decisión de la empresa de empezar a controlar el grano antes de su embarque, para constatar si se estaba utilizando su tecnología sin pagarle los derechos correspondientes.
“Si logramos que esto se cumpla evitamos el funcionamiento de la aduana privada que montó Monsanto con apoyo de algunas grandes empresas del sector”, se entusiasmaban ante este medio en los pasillos del Ministerio de Agricultura.
“Sabemos que es un tema sumamente delicado y por eso el objetivo planteado en la reunión fue asegurar el cobro del canon correspondiente a la soja Intacta de Monsanto mediante un sistema que evite roces”, agregaron.
Es que la empresa pretende lo obvio. Cobrar por el uso de una tecnología propia en la que invirtió millones de dólares para su desarrollo y que está protegida por las leyes de propiedad.
En la reunión de hoy, los directivos de la empresa y los representantes de las entidades rurales se comprometieron ante la mano derecha de Casamiquela a reunirse nuevamente en algunas semanas para analizar la evolución del nuevo sistema de control de semillas.
En el encuentro quedó claro que existe un cierto consenso del derecho de Monsanto de comenzar a cobrar por su producto, aunque se rechazó el método de testeo de camiones que implementó la empresa durante los últimos días.
Este sistema es muy simple: La empresa contrata técnicos que analizan el grano antes de su embarque y si detecta que tiene el gen tecnológicamente modidicado de Monsanto verifica si ese productor o empresa compró la tecnología; sino lo hizo le envía una notificación reclamando el pago. Pero no retiene la carga, porque esto sería ilegal.
En el Gobierno si bien entienden que la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico hay que protegerlo, no cayó nada bien un tuit del presidente de Monsanto, Luis Beling, quien escribió el pasado 27 de marzo: “¡Momento histórico! Empezó la cosecha y un acopio detectó (soja) Intacta en el primer camión en el norte de Santa Fe”.
En este contexto, los que entienden del tema remarcan que la falta de actualización de la Ley de Semillas -vigente desde 1973- propició un escenario mediante el cual los productores y las empresas se encuentran con un vacío legal libre de interpretación.
Se trata de un tema central para un país de base agropecuaria como la Argentina. Estimaciones privadas a las que accedió este medio indican que actualmente existe un mercado ilegal de semillas que movería alrededor de 500 millones de dólares por año.
La posición de la Mesa de Enlace
Si bien el cobro de regalías es un sistema utilizado sin inconvenientes en la mayor parte de los países productores, en la Argentina todavía en algunos sectores hay una resistencia cultural a pagar por la tecnología. Algunos productores reproducen la semilla y no le pagan a la compañía que la desarrollo.
En algún momento Monsanto evaluó incluso aplicar el gen “Terminator” que volvía estéril a la semilla luego de su uso, pero por cuestiones de bioética decidió no aplicar una tecnología que ya tiene desarrollada.
Por eso, frente al lanzamiento de su nueva semilla “Intacta” comenzó a implementar el sistema de controles antes de la exportación.
Como era de esperar, la medida causó un fuerte revuelo en las cuatro entidades rurales que, tras la ruptura de la Mesa de Enlace, volvieron a unificar criterios políticos y comunicacionales para rechazar esta práctica por “arbitraria y abusiva”.
En diálogo con LPO, Ernesto Ambrosetti, jefe de Estudios Económicos de la Sociedad Rural (SRA), recomendó a los productores “no firmar contratos que escapen a los usos y costumbres en la compra y venta de granos”.
“Monsanto busca alterar el comercio al pretender que sean los acopios y exportadores quienes ejerzan el control cuando son actores que nada tienen que ver en la relación entre productores y proveedores de semillas”, indicó Ambrosetti.
“Consideramos que es importante que los avances biotecnológicos tengan una justa retribución, pero entendemos que el pago por la propiedad intelectual debe estar contenido únicamente en el precio de la semilla”, agregó el directivo de la SRA.
La posición de Monsanto
LPO se comunicó con directivos de Monsanto quienes explicaron que el método de testeo de camiones que implementó la empresa -y que tanta polémica generó- se hizo para garantizar a sus clientes la confiabilidad del sistema.
“Muchos productores clientes de Monsanto que pagan por la tecnología Intacta se sienten estafados si luego comprueban que hay otros que igualmente la utilizan sin pagarla”, argumentaron en la multinacional con sede central en Sant Louis, Estados Unidos.
En la empresa explicaron además que prefieren que los productores acepten pagar voluntariamente la tecnología (de 10 y 12 dólares por hectárea) cuando compran la semilla. “El problema es que hay un 30% que la utiliza sin pagarla”, remarcan.
En números reales, durante la campaña pasada la soja Intacta fue sembrada por unos 800 productores en la región norte del país ocupando un total de 700.000 hectáreas, una cifra insignificante al lado de las casi 20 millones de hectáreas sembradas. Pero se trata de un primer paso de un producto con gran potencial por los rindes que ofrece, muy superiores a los de las sojas más habituales.
“Los productores que compran la tecnología no tienen problemas en pagarla porque confían en la empresa; el tema es que no quieren ser los únicos en hacerlo y para esto nosotros tenemos que garantizarles que no será así”, señalan en Monsanto.
“La empresa cuenta con la patente y se encuentra en su legítimo derecho de poder aplicarla”, afirmó la fuente consultada, y concluyó que “el que no quiere tener la tecnología puede no comprarla, pero no está bien usarla sin querer pagarla”.