El nuevo plan de garrafas de Kicillof castiga a los pobres y da ganancias millonarias a empresas
A contramano de “relato” presidencial que lo había planteado como un “cambiosustancial” en el manejo de los recursos fiscales, el nuevo programa HOGAR paralos usuarios de gas en garrafas no elimina los subsidios a las empresas productoras,mantiene a YPF como una de las principales beneficiarias y promete convertirseen un serio dolor de cabeza para los municipios y gobiernos provinciales.
Tal como suele suceder con buena parte de los anuncios oficiales, la“letra chica” de la reglamentación del nuevo programa HOGAR -que apunta asubsidiar en forma directa a las familias de menores recursos que se abastecende gas en garrafas- dejó varias sorpresas y dudas focalizadas en los tiemposreales de instrumentación.
Junto con la ayuda directa a los usuarios de bajos ingresos que no estánconectados a la red de gas natural, las nuevas reglas de juego -que fuerondiseñadas por ministro de Economía, Axel Kicillof y la secretaria de Energía,la camporista Mariana Matranga- dejaron en pie las compensaciones económicas quevienen cobrando desde 2008 las productoras de GLP (gas licuado de petróleo).
La principal beneficiaria de esos “subsidios” es la restatizada YPF quecomanda Miguel Galuccio, el ex empleador de Matranga. Además, la resolución 49de la Secretaría de Energía abrió la puerta para que el Gobierno suscriba conYPF GAS todos “los acuerdos complementarios que fueran necesarios a los efectosde coadyuvar a la eficacia del Programa HOGAR”.
De hecho, también fue clave en el diseño de esta decisión el vicepresidente de YPF, Nicolás Arceo, un hombre de Kicillof y jefe real en el día a día de Matranga.
Ganadores y perdedores
De acuerdo con los primeros cálculos que efectuaron analistas delsector, la nueva compensación por GLP podría representar para YPF, por suparticipación mayoritaria en el mercado, un ingreso anual no inferior a los $5.000 millones. En tanto para el resto de las productoras, los números indicanque el total de los subsidios estimado con los precios actuales podría treparhasta los $ 4.000 millones anuales.
Por el lado de los subsidios directos a los hogares de menores recursosque no cuentan con el suministro de gas por red, el principal problema que seha registrado con el programa HOGAR es el desfase temporal entre laacreditación de la ayuda económica y la entrada en vigencia de los nuevosprecios de las garrafas.
El nuevo mecanismo establece que los hogares más pobres van a recibir apartir del 1 de abril una suma de $ 77 por cada garrafa que tengan que comprar.
La idea de los funcionarios era comenzar a implementar el pago de esesubsidio en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin que los comercios ydistribuidores suban el valor de las garrafas sociales que era de $16 para losenvases de 10 kg. Pero no bien se conocieron los detalles del nuevo programa,los precios de las garrafas al público se multiplicaron por cinco y hasta porsiete veces en todas las provincias y los barrios del Conurbano donde aún no hallegado la red de gas natural.
Según el esquema oficial, el nuevo precio máximo de la garrafa de 10 kg.debería ser de $97. Pero prácticamente en ningún lugar se respeta ese valor.Los precios que rigen tras la remarcación de los últimos días oscilan entre los$ 120 y $ 180.
Las áreas sociales de varias intendencias del Conurbano y delinterior del país han comenzado a recibir las quejas de los usuarios de escasosrecursos que ya tienen que pagar las garrafas con aumentos sin haber recibidolos subsidios prometidos por la Nación.
Ante las consultas efectuadas a Energía, los funcionarios municipalesrecibieron como respuesta que la acreditación de los subsidios en las cuentasde los usuarios podría demorar entre 3 y 4 semanas hasta que la ANSES completela puesta en marcha del programa.
Frente a esta tardanza y los inevitables inconvenientes que se avizorancon el padrón de beneficiarios que debe confeccionar la ANSES, las provincias semuestran reticentes a suscribir el “convenio de adhesión al programa HOGAR” queimpulsa la Secretaría de Energía.
Por medio de ese acuerdo, la dupla Kicillof-Matranga pretende que lasautoridades provinciales se incorporen a un “comité asesor” y eximan del pagode Ingresos Brutos y otros tributos locales a las empresas que forman parte dela “cadena industrial y comercial” del GLP.
En medio de esa incipiente pulseada, el reglamento del programa prevé unintrincado engranaje de funcionamiento donde intervienen las secretarías deEnergía y Comercio, el ministerio de Desarrollo Social, la ANSES, el BancoNación, el Enargas, el INDEC y organismos provinciales (ver recuadro).