El Gobierno fogonea la Ley de Arrendamientos para sellar la alianza con Federación Agraria
Algunos funcionarios de peso del Gobierno nacionalconsideran que todavía falta “la frutilladel postre” para terminar de sellar la flamante alianza política con lanueva conducción kirchnerista de Federación Agraria (FAA).
Es que, a la apertura de los créditos subsidiados del BancoNación para pequeños productores, a las compensaciones a tamberos de hasta 3000litros de producción y a la segmentación de retenciones, aún le resta unreclamo histórico de la entidad federada.
Y aquí se cuenta, obviamente, la polémica Ley de Arrendamientos.La cuestión es que en el Gobierno saben que, al ser un año electoral, elCongreso prácticamente no tendrá actividad y será muy complejo poder impulsarnuevas normativas.
Por esto mismo, según pudo averiguar La Política Online, laorden que bajó desde el más alto nivel de la Casa Rosada es impulsar elcumplimiento de la actual Ley de Arrendamientos e, inclusive, actualizaralgunos aspectos para complacer a la FAA.
Como era de esperar, y al tratarse de una cuestióneminentemente técnica, el tema salió de la órbita del Ministerio de Economíaque conduce Axel Kicillof y fue a parar al Ministerio de Agricultura queencabeza Carlos Casamiquela.
El titular de la cartera del campo, entonces, derivó elasunto en su hombre de confianza, Gabriel Delgado, quien, además de tener buenarelación con la mayoría de los sectores del campo, es un profesionalproveniente del INTA que conoce en detalle la cuestión.
De hecho, la semana pasada, el segundo de Casamiquelaadelantó en una jornada técnica en el INTA Oliveros que va a convocar adistintos actores del sector agropecuario para comenzar a trabajar en la actualizaciónde la Ley de Arrendamientos.
“Con un contrato de varios años se mantiene una rotación (decultivos) adecuada y facilita el control de malezas. Pero cuando esto no ocurrehay más probabilidad de encontrar malezas en estado avanzado restandocompetitividad a la producción”, explicó Delgado.
Y es aquí por donde pasa el principal punto de conflictodado que la actual Ley 13.246 -sancionada en 1948 durante el gobierno de Perón-establece un plazo mínimo de tres años en el contrato de alquiler del campo queactualmente no se cumple.
Justamente en la FAA sostienen que dicho plazo está siendoviolado por el avance de los grandes pooles de siembra que en los últimos añosalquilaron millones de hectáreas y rompieron contratos históricos entrepequeños productores y propietarios de los campos.
Como sea, otros sectores que se oponen la fijación de plazosmínimos en los alquileres rurales señalan que los contratos son, en definitiva,acuerdos entre partes privadas en las que el Estado no debe tener injerencia.
“Los alquileres rurales se desarrollan con un importante margende libertad contractual y fundamentalmente conforme a una serie de usos ycostumbres desarrollados con el paso del tiempo”, aseguró en un documento la FundaciónAgropecuaria para el Desarrollo (FADA).
“Los proyectos para derogar la actual Ley de Arrendamientos nose ajustan a las modalidades contractuales actuales y a las formas de explotaciónhabituales que requieren cada vez mayor libertad de contratación y no deintervención”, apuntó FADA.
“Cualquier discusión sobre la posible modificación de la Leyvigente debería darse con el tiempo y la seriedad suficiente en el debate y enel análisis de los cambios propuestos”, agregó la entidad creada en Río Cuartopor iniciativa de un grupo de empresarios del sector.
Así las cosas, lo concreto es que la apertura de ladiscusión sobre la Ley de Arrendamientos seguramente traerá un alto grado depolémica en el sector dado que la posición de la Sociedad Rural (SRA) y CRAdifiere notablemente en relación a la visión de FAA.