Preocupación de jueces y fiscales por la débil seguridad de los tribunales de Comodoro Py
Desde este lunes, policíasde la Federal certifican la identidad de cada abogado, empleado o funcionario judicial que ingrese al edificio de lostribunales federales ubicados sobre la Avenida Comodoro Py 2002, por orden de la presidenta dela Cámara de Casación, Ana María Figueroa.
La decisión -que insólitamente recién se toma ahora- se instrumentó tras las amenazas quesufrieron tanto el juez federal Claudio Bonadio como el fiscal Guillermo Marijuan. Y refleja el mal clima que se vive en Comodoro Py, donde crece la preocupación por la falta deseguridad.
Para los magistrados, lasgraves falencias en seguridad que presenta el edificio colocan en riesgo ajueces y fiscales que desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, empezaron a darle otra entidad a las amenazas que venían recibiendo.
El edificio de Comodoro Py, donde se instruyen la mayoría de las causas de corrupción que incomodan al poder, carece tanto demolinetes de ingreso como detector de metales. Además, no hay cámaras de seguridad en larecepción, en los pasillos y en los lugares más sensibles.
Otro motivo de inquietud es que las comunicaciones de los teléfonos fijos estarían intervenidas de manera permanente por la Secretaría de Inteligencia, hoy a cargo de Oscar Parrilli.
Tras sufrir varios robos debanderas, de documentación, expedientes e incluso artefactos sanitarios,manijas de bronce y otros elementos, el edificio de Comodoro Py sólo cuenta con un jefe deSeguridad y quienes lo asisten son jubilados de las fuerzas de seguridad.
Además, el único destacamento policial de esa jurisdicción fuedesalojado los primeros días de febrero, al retormarse la actividad judicial porque allí se construirá el edificio de la Morgue Judicial.
Consciente de este clima, Figueroa -que responde al influyente secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini-, habría tomada la iniciativa de “sentar pruebas” ante posibles actos devandalismo, pérdidas de expedientes o incendios como ya ocurrieron en lasoficinas del juez Norberto Oyarbide y en la cocina de la Cámara Federal, lo queobligó a desalojar las instalaciones.
Las amenazas
Tanto Bonadio comoMarijuán recibieron amenazas por correo directamente en sus escritorios porqueno existen medidas de seguridad ni control o revisión de la correspondencia.“Podrían mandar un explosivo, y llegar directamente al despacho delmagistrado”, explicaron a LPO fuentes de Comodoro Py.
El 5 de febrero el juez que investiga a la empresa hotelera Hotesur S.A de lafamilia presidencial, recibió una carta configurada con recortes de diarios enla que le advertían sobre la situación de su hijo y el posible armado de unacausa contra él por narcotráfico.
Mientras que el 6 de mayo de 2013, elfiscal Guillermo Marijuán, que impulsala investigación de lavado de activos contra el empresario Lázaro Báez, sufrióamenazas a través de un escrito que decía "Paráde joder. Te vamos a limpiar a vos y tu familia", según explicó a losmedios el abogado y amigo del funcionario, Andrés Rabinovich.
Tras el feriado de la Semana Santa de 2005, el fiscal federal EduardoTaiano, que debía apelar el sobreseimiento del matrimonio presidencial por elsupuesto delito de enriquecimiento ilícito, recibió la amenaza del secuestro desu hijo.
En el año 2012, CarlosRivolo, el fiscal que investigaba al vicepresidente Amado Boudou por laadquisición ilegal de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, recibió amenazas demuerte. Luego fue apartado del “Boudogate” junto al juez Daniel Rafecas.
El 26 de octubre de 2014, el fiscal Carlos Stornelli fue atacado por sietecolombianos en un confuso episodio de robo y tiroteo en las inmediaciones delaeroparque Jorge Newbery.
Durante el 2014 lasamenazas se ampliaron a otros magistrados, muchos de los cuales las mantienen en reserva.
La Cámara en Casación en pleno le habría hecho llegar porescrito el pasado 3 de febrero su inquietud por esta situación tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura. Ambos órganos son los encargados del manejopresupuestario del Poder Judicial a través del Consejo de Inversión que lideranDaniel Marchi, Contador de la Corte y Claudio Cholakián, Administrador Generalde la Justicia.
Los reclamos para que se instrumenten más eficientes medidas de seguridad se vienen realizando también desde la presidencia de la Cámara Federal a partir del año 2012, peroaún no han obtenido respuesta.
En los edificios máspolémicos de la Justicia Federal no existiría efectiva seguridad para losfuncionarios de instrucción donde se investiga al poder, ni en la segundainstancia de revisión o Cámara Federal como en el Máximo Tribunal Penal delpaís, que funciona en el primer piso, la Cámara de Casación.
Desde el 2012 e inclusodurante el 2013, el entonces presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, también transmitió en mas de una oportunidad su inquietud, pero las soluciones no llegan.