El corte de la Autovía 2, otro capítulo de la pelea entre Scioli y Randazzo
En medio de demoras que superaron las 10 horas y los desvíos a rutas alternativas que cargaron de bronca y malhumor a los automovilistas, el cierre parcial del puente de la Autovía 2 sobre el río Salado durante el fin de semana largo abrió un nuevo capítulo en la pelea electoral que mantienen en el Frente Para el Victoria (FPV) el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli y el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Desde que detectaron el problema y procedieron a restringir el tránsito por la autovía, las autoridades provinciales le echaron la culpa a las empresas constructoras de la Nación que están realizando una obra ferroviaria sobre el río Salado. De inmediato, las huestes de Randazzo que manejan la compañía estatal ADIFSE --responsable de los trabajos en las vías a Mar del Plata—devolvieron la estocada y acusaron a los funcionarios sciolistas de Vialidad e Hidráulica por no haber realizado las obras prometidas a tiempo.
En ese fuego cruzado, aparece la constructora Helport. Por un lado, integra el consorcio que lleva adelante las obra ferroviarias.Y, por otro lado, es una de las accionistas de la concesionaria de la autovía 2, la empresa Autovía del Mar (AUMAR) que no supo advertir a tiempo el deterioro y los daños registrados en la infraestructura del enlace vial.
A la hora de explicar lo que había pasado, el ministro de Infraestructura de la provincia, Alejandro Arlía, sostuvo que ‘’en el denominado puente Guerrero se detectó una falla originada en una de las bases como consecuencia de una obra cercana que se está realizando como parte de la renovación de la red ferroviaria”.
Según Arlía ‘’hubo una mala praxis en la construcción de la obra ferroviaria porque se taparon 8 de los 12 ases de luz para que corra el agua del río. Para devolver la fortaleza sobre el puente se están haciendo trabajos para reforzar las bases y se ha ordenado la apertura de más lugares de escurrimiento de agua".
La obra apuntada por Arlía es la construcción del nuevo puente ferroviario de la ex línea Roca que cruza sobre el Salado. Si bien las vías del corredor atlántico están concesionadas a la empresa ferroviaria bonaerense Ferrobaires, la que se hizo cargo de las obras fue la Nación por medio de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) que conduce Ariel Franetovich.
La obra (que consiste en un tramo de vías de 1,240 km. y un puente de 250 metros sobre los pilotes del río) fue adjudicada a fines de 2013 y —según los plazos en juego—tenía que haber estado terminada en los últimos meses de 2014. Está a cargo de una UTE compuesta por Helport (Grupo Eurnekian) y Chediack SA, la empresa del actual titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediack.
Ante el embate de Arlía, el randazzismo no se quedó callado. Por medio de un comunicado de la ADIFSE, Franetovich rechazó la versión sciolista y destacó que los problemas en la autovía 2 ‘’radican en la falta de mantenimiento del puente vial y en la demora en la obra de renovación vial que debería ir en paralelo con los trabajos ferroviarios’’.
El funcionario recordó que ‘’el Estado Nacional está ejecutando el nuevo puente ferroviario que cruza el Salado con un proyecto desarrollado por el Gobierno Provincial a través de sus áreas técnicas, y por ende con su conocimiento y promoción”.
Según Franetovich, pese a que el ministerio de Arlía tiene autorizado desde 2012 la construcción del nuevo puente vial ‘’nunca le ha asignado presupuesto a esas obras que deberían ir a la par de las obras de renovación ferroviaria que la Nación lleva adelante en el lugar’’.
Más allá de los ‘’relatos’’ contrapuestos entre los hombres de Scioli y Randazzo, lo que llama la atención es que la obra pendiente del nuevo puente carretero no haya sido incluida por el gobierno provincial entre las inversiones que debe ejecutar AUMAR, la concesionaria de la autovía 2 y de las rutas atlánticas más transitadas de Buenos Aires.
Además de Helport del grupo Eurnekian, la empresa AUMAR tiene como accionistas principales a otras tres constructoras nacionales que han sido beneficiadas con múltiples contratos de obras públicas por la administración kirchnerista: Benito Roggio, Esuco y CPC de Cristóbal López.