Congreso

El kirchnerismo confirma que avanzará con cambios a la Ley de Inteligencia que bloqueó durante años

La presidenta de la Bicameral de control de la ex Side confirmó el adelanto de LPO. Garrido recordó que durante 10 años frenaron los cambios.

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman y la feroz interna entre distintos bandos de la Secretaría de Inteligencia, el kirchnerismo confirmó que ahora impulsará cambios en la Ley de Inteligencia, los cuales frenó durante diez años.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, María Teresa García, confirmó que el Frente para la Victoria impulsará el debate para realizar una "revisión integral" de la norma.

García asumió como "una deuda" la reforma de dicha norma, y adelantó que convocará a la Comisión que preside "cuando esté finalizando la averiguación de las circunstancias de la muerte del fiscal Nisman".

LPO había adelantado que el Gobierno evaluaba modificar la normativa de la Bicameral para que pueda informar los temas que trata. Actualmente, los legisladores están obligados a guardar estricto secreto sobre sus actividades, y ni siquiera informan cuándo, dónde y porqué se reúnen. Uno de los temas recurrentes de las reuniones son las denuncias que llegan sobre agentes secretos vinculados a actividades delictivas, que deben ser consultadas con la ex Side.

"La verdad es que no hay propuestas legislativas, por lo menos en la Cámara de Diputados, para una modificación integral. Hay que revisar integralmente la Ley de Inteligencia y el reglamento de la comisión. No sirven los parches, tiene que venir de un concepto diferente", señaló García en una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

La legisladora afirmó que desde el kirchnerismo "siempre se han tomado decisiones para modificar la situación, para que sea transparente, clara y no hubiera dudas, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en el de Cristina Fernández".

"No sé cuándo, porque no se puede agregar más confusión ni supuestos que enrarecen la situación, pero seguramente cuando la fiscal y la jueza estén más cerca o finalizando la averiguación de las circunstancias de la muerte de Nisman, vamos a convocar a la comisión bicameral para discutir la estrategia a seguir", completó García, confirmando lo adelantado por este medio en cuanto a que se esperaría el avance de la investigación para volver a reunir a la Bicameral.

Al respecto y ante los rumores de que el Gobierno impulsaría cambios, la oposición se apuró a recriminarle al oficialismo que durante años bloqueó las modificaciones a la Ley de Inteligencia.

El diputado radical Manuel Garrido consideró tardía la iniciativa del Gobierno y recordó que ya había realizado observaciones a la actual Ley 25.520 en los años 2001, 2003 y 2005. Además, indicó que en 2012 presentó un nuevo proyecto de Ley en el Congreso, pero el oficialismo nunca lo trató en comisión. En 2014 volvió a presentarlo, otra vez sin éxito.

El ex fiscal anticorrupción sostuvo que "la reforma de la Ley de Inteligencia continúa siendo una asignatura pendiente de este Congreso por varias razones. Principalmente, porque la actividad en general y de la Secretaría de Inteligencia en particular son cuestionadas públicamente por el uso abusivo de los mecanismos de inteligencia, por casos de corrupción de funcionarios públicos, por causas 'armadas' a dirigentes opositores y por el claro involucramiento en la muerte del fiscal Nisman, entre otras cuestiones”.

Según Garrido "la actual ley no prevé los mecanismos de transparencia y acceso a la información necesarios para un control completo de la actividad y es necesario encauzar, definitivamente, los servicios de inteligencia dentro de los límites del Estado de Derecho”.

Garrido prevé en su proyecto "corregir un vacío inconstitucional de las actuales normas, que permiten que ante la negativa del Presidente a brindar información a un juez, éste carezca de la posibilidad de cuestionar esa decisión, generándose un espacio en que la Administración no se halla sometida a la revisión judicial suficiente garantizada desde antaño por la jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia de la Nación. A fin de remediar ese aspecto, se prevé las intervención de la propia Corte para dirimir eventuales conflictos de interpretación".

Además de incluir a la SI en una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Garrido propuso hace años ampliar las competencias de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Actividades de Inteligencia, permitiéndole citar personas y realizar auditorias con la intervención de la Auditoría General de la Nación, como así también elaborar un informe público anual sobre ese control.

Garrido afirmó que "la reforma de los servicios de inteligencia es una asignatura pendiente de la democracia y que el Gobierno no es ajeno a la situación que ahora critica". "Por acción y por omisión, al haber ignorado proyectos valiosos que duermen en el Congreso y que inclusive han sido reclamados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos", concluyó.