Tendrás un juicio justo

 Poder político ypoder judicial, salvo en los países teocráticos, totalitarios o autoritariosque no reconocen diferencias entre las distintas ramas del Estado, están obligados a una danza queontológicamente los separa, uno está para controlar que los actos del otro seajustan a derecho.

La dudosa muertedel Dr Nisman ha suscitado una polvareda política, pero antes de eso, ladenuncia del fiscal designado por el propio espacio oficialista como encargadode la investigación de la causa AMIA, inició un movimiento telúrico en el poderpolítico.

Voceros deloficialismo intentan ahora una doble pirueta: despegarse de la violenciapolítica que supone la muerte del funcionario judicial que acusaba a laPresidente, su canciller, y otros personajes propios incómodos para eloficialismo, y al mismo tiempo, desacreditar su denuncia.

En este sentido,faltando el autor de la acusación, no hay quien pueda defenderla igual de bienpor una sencilla razón: ningún fiscal coloca en su primer escrito todos loshechos y pruebas que posee, sino que va desplegando su estrategia a medida queavanza la causa que él mismo inicia. Asimismo, el fiscal, un hombre acostumbrado a los medios, es quien mejorpodía defender esa estrategia subyacente en la denuncia.

Ahora, faltandoél, un oficialismo acusado intenta decir que la acusación era undisparate. Naturalmente, no se conoceningún caso mundial de un acusado que diga “sí, la verdad es que esespectacularmente buena la acusación y deberían condenarme”.

Sumado a esto,la reacción no aleja de los habituales reflejos de los voceros gubernamentales,acostumbrados a los síndromes de eternidad (nunca me iré del cargo) y deimpunidad (nadie nunca me investigará): también acusaron a la Justicia defabular, de mentir, y hasta de inventar hechos inexistentes cuando se trató deotras denuncias que apuntaron a esquemas básicos en la forma de gobernarkirchnerista. Tal la reacción ante lasdenuncias contra Boudou, hoy procesado, o bien en los acusaciones contraRicardo Jaime por corrupción, o Juan Pablo Schiavi por la masacre de Once.

La denuncia deNisman, lejos de ser un disparate, está basada en un hecho cierto y yafulminado por la Justicia Federal: elMemorándum de Entendimiento con Irán no era una pieza válida para nuestroderecho. Para Nisman que no lo fuera fuefruto de un pacto mitad público, mitad secreto con Irán para desincriminar alos iraníes. Y esto no puede ser máscierto: si se tomaban las “entrevistas”que el Memorandum preveía en Teherán, con la forma descripta en aquella piezadiplomática, el resultado no hubiera sido otro que la absolución de losiraníes, pues su primer acto de defensa, la indagatoria, resultaría nulo. De tal manera, si alguien trabajó para quela causa AMIA se frustrara, fueron los dos funcionarios públicos acusados porNisman.

Pero ese hechono fue el único llevado adelante por la Presidente y su MinistroTimmerman: públicamente handescalificado la labor judicial en la misma. Aquí, en la ONU, e incluso despuésde muerto su acusador diciendo en síntesis que la causa AMIA “no se movía hace19 años” para construir el clima público de que el Memorándum era la “únicasalida”, cuando es público que precisamente cuando más se movió y cuando másdificultó la vida cotidiana de los acusados como autores del horrible atentado,fue entre 2006 y el comienzo de la negociación secreta con Irán, es decir, elaño 2012. La causa está lista: solofalta atrapar a los prófugos iraníes, juzgarlos, y si son culpables,condenarlos.

Como hacehabitualmente el kirchnerismo, ubicado un detalle dudoso, en un escrito de 300páginas, intenta decir que ello invalida todo, como si una denuncia debieraactuar como una sentencia. Técnicamente,para que se inicie una investigación solo basta con que sea verosímil, será lasentencia al final del proceso la que establezca la verdad jurídica objetiva.

Tal vez, uno delos efectos más profundos que produzcala desaparición física del fiscal, no se dé ahora, sino en el curso de este añoy más allá. El kirchnerismo, embarcadoen un haka guerrero contra jueces y fiscales que no le resultan complacientesno parece mensurar aún que sucede a un funcionario político cuando las urnas lodevuelven a su hogar, y debe concurrir como un ciudadano más, a recorrerpasillos de Tribunales.