Comodoro Py

Revocan el sobreseimiento de Abal Medina por supuesto desvío de fondos

El fuero federal le dio otro golpe al Gobierno. Es en una causa por un spot contra Clarín en el Fútbol Para Todos.

La pelea de la justicia federal contra el Gobierno sumó hoy un nuevo capítulo. Los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal decidieron revocar por “prematuro” el sobreseimiento que había obtenido en primera instancia el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en una denuncia que investiga el desvío de fondos del programa Fútbol para Todos para financiar una publicidad contra el Grupo Clarín.

La decisión de los camaristas en base a la apelación presentada por el ejecutivo de Clarín, Jorge Rendo, golpea a Abal Medina en un momento especialmente delicado, ya que ocurre justo cuando se apresta a asumir como senador nacional para completar el mandato de Aníbal Fernández que ayer asumió como secretario General de la Presidencia.

De hecho, en el Senado se mencionaba esta causa como uno de los motivos que explicaban la necesidad del actual representante ante el Mercosur de tener fueros. Abal Medina también está imputado en otra causa vinculada al Fútbol Para Todos, en ese caso por una millonaria malversación de fondos que el Gobierno le entregó a la AFA.

La decisión de la Sala II lleva las firmas de los camaristas Horacio Cattani y Martín Izurzún, los mismos que la semana pasada rechazaron un recurso de la defensa de Amado Boudou y habilitaron al juez Claudio Bonadio a que eleve a juicio oral una causa contra el vicepresidente por falsificar los papeles de un auto.

Ahora, Cattani e Izurzún -el tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, está de licencia- hicieron lugar al pedido de Rendo al considerar “prematura” la decisión del juez de primera instancia, y ordenaron profundizar la investigación contra el ex jefe de gabinete.

La causa se inició tras la difusión, en septiembre de 2012, de un spot en Fútbol Para Todos que tuvo como única finalidad “desprestigiar y hostigar” a Clarín, según denunció Rendo. Pero el juez sostuvo que no hubo delito porque “la emisión no generó erogación alguna” ya que la Jefatura de Gabinete tiene los derechos de la trasmisión del fútbol.

Pero Cattani e Izurzún consideraron que “se mantienen en pie diferentes interrogantes sobre los pormenores de los hechos, que tornan prematuras las conclusiones del juez”.

Los camaristas recordaron que el parámetro de análisis para determinar la procedencia o no de una publicidad oficial consiste en discernir si refiere a asuntos de “interés público”. Al respecto, mencionan que en el spot en cuestión el Gobierno sostenía que Clarín era “una verdadera cadena nacional ilegal”, que “se niega a todo” e “ignora a los tres poderes de la democracia”.

“Así las cosas, deviene imprescindible averiguar en qué condiciones fue aprobado el spot, pues si la afectación de fondos o recursos estatales para la difusión de aquellos está supeditado a que su contenido reúna determinadas características, entonces cabe esclarecer cómo y dónde se evaluó que este caso, dado su especial tenor, encuadraba en tales supuestos”, concluyen los jueces.

Finalmente, recomendaron que se solicite a la Jefatura de Gabinete todo el expediente del spot y también una auditoría de la AGN sobre el programa Fútbol para Todos. “La instrucción muestra aún un estado incipiente que no ha esclarecido todas las aristas relevantes de los acontecimientos que conforman su objeto”, criticaron.

Se trata de un nuevo revés de la justicia federal contra la Casa Rosada, en una semana donde hubo varias malas noticias como la imputación de Sergio Berni por enriquecimiento ilícito, un nuevo llamado a indagatoria contra el fiscal Carlos Gonella y el pedido de juicio a Luis D'Elía.

La causa por el spot contra Clarín es similar a otra que le inició el PRO a Abal Medina y otros funcionarios de la Secretaría de Comunicación por un aviso contra Mauricio Macri. En principio, esa causa estuvo en manos del juez Claudio Bonadio y todos los implicados fueron llamados a indagatoria, pero fue apartado. La causa fue cerrada en julio por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.