Con apoyo opositor, el kirchnerismo aprobó la ley para meter presos a policías que se acuartelen

Con el aval de casi toda la oposición, el kirchnerismo convirtió en ley el proyecto que establece sanciones para los casos de abandono de servicio del personal integrante de las fuerzas de seguridad, con penas que van desde dos a ocho años de prisión.

Si bien no estaba previsto su tratamiento en el temario de la sesión especial, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, solicitó abordar el tema y la oposición acompañó la moción. La propuesta, que tenía la media sanción del Senado y que fue diseñada por el senador kirchnerista Aníbal Fernández, fue aprobada por 194 votos positivos y 9 negativos.

Quienes se opusieron fueron Margarita Stolbizer, Omar Duclós (GEN), Patricia De Ferrari, Manuel Garrido (UCR), Berta Arenas, Fernando Salino (Compromiso Federal), Claudio Lozano (Unidad Popular), Myrian Juárez (Fte. Cívico Catamarca) y Jorge Valinotto (Fte. Cívico Córdoba).

La diputada de Unión PRO Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Legislación Penal, señaló que lo que se quiere dar es "una señal clara frente los ciudadanos que temen quedar en completa indefensión".

"Es importante ser profundamente institucionalistas, dado los acontecimientos muy tristes ocurridos a fines del año pasado, de problemas por huelgas y abandono de tares por parte de las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, cuando deberían haber cuidado a la gente. Es de alta importancia, por lo que está pasando en el país, por lo que pasó y por lo que pudiera pasar", subrayó Bullrich.

"Lo que se hace con el abandono de servicio es grave, porque alguien que es el garante de la seguridad de la gente, lo que abandona es un servicio público. Queremos dar una señal clara frente los ciudadanos que temen quedar en completa indefensión, por lo que vemos necesario votar éste proyecto, para que todas las fuerzas de seguridad supiesen que el servicio que ellos brindan es imprescindible, y abandonarlo puede significar un robo, hurto, muerte o asalto a un ciudadano", añadió.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Pablo Javkin, consideró que "la discusión de fondo es la profesionalización, el control político democrático y las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad". "A pesar de todas las salvedades que tenemos vamos a votar en forma afirmativa la modificación del Código Penal", sostuvo el santafesino.

Y recordó: "Hace un año se dio una situación de alta conmoción en varias provincias a partir de una actitud extorsiva en combinación con fuerzas criminales que operaron en el territorio abandonado por la Policía".

El proyecto, que modifica el Código Penal, fue impulsado a raíz de las huelgas policiales que se produjeron en diciembre del año pasado en varias provincias del país y que derivaron en una ola de saqueos.

La norma establece que si como consecuencia del abandono del servicio por parte de las fuerzas de seguridad "se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos".

Asimismo se fijó una "multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año" para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires que abandonen su puesto sin autorización.

Pero además determina penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos para aquel personal que tenga a cargo el cuidado de personas o bienes y que "a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función".

En el caso del militar que "abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años", pero si como consecuencia de su conducta "resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años".