Para el Gobierno, la ley de hidrocarburos no tiene que pasar por las legislaturas provinciales
El Senado comenzó a debatir hoy la ley de hidrocarburos con presencia de funcionarios y gobernadores, quienes sorprendieron al anunciar que la norma no deberá pasar por las Legislaturas provinciales.
Ante una consulta del radical chubutense Mario Cimadevilla, Carlos Zannini aseguró que la norma no es una ley convenio y por lo tanto puede ser sancionada con el voto de las dos cámaras.
“La ley afecta a las provincias porque pone límites a tributos provinciales y hasta fue firmada por los gobernadores. Lo dice claramente el artículo 75 inciso 2 de la Constitución”, señaló Cimadevilla a LPO.
Siempre rápido de reflejos, Zannini sostuvo que como la ley establece condiciones generales no irrumpe en la facultad de los gobernadores.
Los mandatarios de las provincias petroleras también participaron pero no supieron qué responder cuando les preguntaron si la discusión sigue en sus provincias.
Bastó que Zannini le hablara al oído a Jorge Sapag para que repitieran que el neuquino diga que todo terminará en el Congreso.
Extraño: cuando discutía el primer borrador, Sapag decía que una ley de estas características no sería aprobada en su Legislatura, la misma que sancionó el acuerdo con Chevrón en forma secreta.
Fue cuando el Gobierno estaba decidido a impedir que las empresas provinciales se asocien a las inversoras. Finalmente revió ese punto.
“Hay legislaciones provinciales que entran en colisión con esta ley" y merecería ser más discutida dentro de las provincias porque "no debería tener ningún paso judicial posterior”, advirtió Ernesto Sanz, ante un posible litigio.
Una ley convenio no sólo requiere del voto de las legislaturas provinciales, como fue el caso de aquella que copartició las retenciones a la soja. Tampoco puede ser modificada sin se aval, una facultad que el Gobierno no quiso perder.
El plenario de las Comisiones de Energía y Asuntos Constitucionales tuvo además la presencia de Julio De Vido y la flamante secretaria de energía, Mariana Matranga, quien ensayó una didáctica explicación de los beneficios de Vaca Muerta.
De Vido precisó que los permisos y concesiones se dividen en “convencionales, no convencionales y costa afuera”. Detalló que se acortan la extensión de los plazos de exploración y explotación y agregó que para “solicitar prórrogas de 5 años el concesionario deberá demostrar haber realizado las inversiones comprometidas en los tiempos comprometidos”.
Sobre el beneficio que recibirán las provincias productoras, De Vido indicó que “se incrementan los valores vigentes de los canon de exploración” y marcó que serán “un 188 por ciento más para el primer período de plazo básico”.
Por otra vez, puntualizó que “los precios se actualizarán por el precio del petróleo del Mar del Norte anualmente” y, además, hizo notar que para las provincias “a las actuales de regalías del 12 por ciento se agregará un 3 por ciento por cada prórroga que pida el concesionario”.
La peronista puntana Liliana Negre de Alonso también le reprochó a los funcionarios del Gobierno Nacional la falta de participación de las provincias no productoras en el debate, con el argumento de que está en juego la renta petrolera y cuestiones fiscales que afectan a la totalidad del país.
El cruce más duro fue el de Sanz con Zannini, cuando el secretario le recriminó imponerse en votaciones en el Consejo de la Magistratura por la incidencia que conserva entre los abogados. "Salgan de la bolsa de trabajo y vuelvan a convertirse en el partido nacional y popular que no debieron dejar de ser", le dijo a viva voz mientras Sanz, fuera de micrófono intentaba, de pie, contestarle.
Sanz había hablado de " señales poco claras entre la Nación y las y provincias" porque apuntó que "hace 10 días las provincias petroleras que tenían que firmar este convenio fueron excluidas, no fueron invitadas, al proceso de refinanciación de deudas públicas".
"No es una señal que fortalezca ese federalismo de concertación. Casi, casi es federalismo de humillación, hay que ver que pasó con los gobernadores en el medio", se preguntó Sanz.
Zannini le respondió al legislador radical que "se ha impuesto en la política argentina una práctica que degrada la propia actividad política que es atribuirle al otro, malas intenciones".
El funcionario de la Presidencia recordó que desde 1967, cuando se sancionó la ley de Hidrocarburos vigente, los radicales fueron Gobierno y "qué modificaron? No modificaron nada".
Gobernadores pasivos
Los gobernadores de las provincias petroleras dieron una breve explicación de la ley y fueron acusados por la senadora mendocina Laura Montero de haber negociado con el gobierno nacional un apoyo a la ley petrolera a cambio de la refinanciación de las deudas provinciales.
La legisladora cuyana sostuvo que "el proyecto del gobierno consiguió el apoyo de los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), a cambio de la renegociación de las deudas provinciales con el Estado Nacional".
En una audiencia en el Senado, Montero advirtió a los gobernadores que la nueva ley deja abierta la puerta para "el negocio inmobiliario" que -según aseveró- "se viene detrás de las concesiones petroleras". Al mismo tiempo, señaló que con esta iniciativa se está "dando los recursos, que son de las provincias, a las corporaciones petroleras" y preguntó por qué no figuran en el texto de la nueva ley "cuál es el criterio para saber si se ha cumplido o no el plan de inversión de las empresas y cómo (los gobernadores) piensan frenar el negocio inmobiliario".
La postura de Montero fue neutralizada por los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y del Neuquén, Jorge Sapag. "Con ella (por Montero) llegó el negocio inmobiliario a Mendoza, y está su firma. No está la de Cobos, porque ya era candidato a vicepresidente de la Nación", arremetió el mandatario mendocino.
Sapag recordó que "todas la provincias (que están endeudadas) ya tienen refinanciadas sus deudas con Nación hasta el año 2030 y que esos acuerdos se firmaron "hace ya tres años", por lo cual los estados provinciales "cada tres meses deben presentar la documentación respaldatoria sobre el cumplimiento de las metas fiscales".
Asimismo, dijo que el acuerdo con el gobierno nacional sobre la ley de Hidrocarburos fue producto "de cinco meses de discusiones, donde seguramente las provincias no consiguieron todo lo que querían y la Nación tampoco" y explicó: "Es la ley a la que se pudo arribar, es una ley posible".
Ríos, quien coincidió con Sapag en que la propuesta oficial "no se planteó como una ley maravillosa, sino como una ley posible y necesaria" y recordó que "por la falta de una ley como esta, en 2007, se pretendió adjudicar, dos meses antes de que asumiéramos en el gobierno en la provincia, la concesión a una empresa sin antecedentes petroleros y en forma directa".
Además, aseveró que el motivo por el cual en el texto de la normativa a tratar no están especificados los compromisos de inversión y de trabajo de las empresas se debe a que se dejó para que sean establecidos en los "pliegos competitivos" al abrir las licitaciones internacionales.