La ley de bosques y el equivocado enfoque de Greenpeace
Un grupo de activistas de Greenpeace Argentina llegan a la Casa de la Provincia de Salta en la ciudad de Buenos Aires. Llevan traje negro con corbata. Y una banda presidencial con la siguiente inscripción: “Gobernador de Salta”. Cada uno trae un inodoro con un cartel que dice “Ley de Bosques”. Se bajan los pantalones para sentarse en los inodoros. Y se quedan mirando a la nada para que la gente les tome una foto con sus celulares. Luego llegan chicas, de unos veinte años, vestidas completamente de negro, que despliegan un cartel enorme con la consigna “Urtubey: Basta de destruir los bosques de Salta”. Lo mejor queda para el final: el despliegue de una gigantografía, sobre la fachada del edificio de la Casa de Salta, en la que puede verse un fotomontaje del gobernador de Salta sentado sobre el inodoro que representa a la “Ley de Bosques”. El mensaje está clarísimo: si querés estudiar marketing, andá a Greenpeace.
La “Ley de Bosques” (Nº 26.331) es un caso de perversidad legislativa agravada por el vínculo: la norma fue engendrada, instrumentada y violada hasta el cansancio por el mismo gobierno.
El sistema implementado por la “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– es muy sencillo: las autoridades provinciales definen cuáles son las áreas de su territorio que deben ser conservadas (proceso denominado “ordenamiento territorial”) a cambio de que el gobierno nacional todos los años pague compensaciones ambientales tanto a las provincias como a los propietarios de los campos que no pueden desmontarse para conservar la biodiversidad.
La cuestión es que en los últimos cinco años, según lo dispuesto por la “Ley de Bosques”, el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 9900 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1010 millones de pesos.
Los principales perjudicados de tal afano son las provincias del norte del país, cuyos gobernadores feudales, lejos de reclamar el pronto pago de la deuda ambiental, ni siquiera consideran al tema como parte de su agenda de trabajo.
El problema de la “Ley de Bosques” reside en el mismo propósito original de la norma: es algo demencial pretender que una nación periférica, con un nivel de pobreza superior al 27%, corrupción generalizada, inequidad social creciente, gasto público desbordado, defaultmaníaca y populista se haga cargo de conservar la biodiversidad. Primero deberían solucionarse todos esos problemas antes de pensar en los bosques. Pero claro: no existe campaña de marketing capaz de modificar semejante situación. Para lograr eso sería necesario trabajar en serio durante décadas.
El cuidado de la biodiversidad, además, es una cuestión que sólo puede ser entendida con una visión sistémica. La conservación de un ecosistema natural es un servicio universal: sus beneficios, lejos de estar circunscriptos a una jurisdicción en particular, son aprovechados por todos los organismos del orbe. Por lo tanto, se trata de un servicio cuyo costo –el lucro cesante de la tierra no-producida– debería ser afrontado por todos.
La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se concentra solamente en algunas pocas naciones. Pero se considera que el problema debe ser resuelto por todas. Los gobiernos de los países que han liquidado sus propios ecosistemas naturales consideran que tales ecosistemas, presentes en otras naciones, deben ser conservados por el bien de todos. Lo mismo sucede con los grandes reservorios de agua dulce. Lo que están pidiendo –más bien exigiendo– con tales iniciativas es, sencillamente, que se democraticen los recursos. Pero esa imposición generará un recrudecimiento de la inequidad –tanto entre países como entre estratos sociales– si no viene acompañada de una democratización del dinero de curso forzoso.
El antídoto contra la denominada “crisis hipotecaria subprime” (2008) fue una emisión descomunal de dólares, la cual, además de promover una elevada inflación global (medida por el aumento relativo del valor de los commodities), generó una exacerbación de la actividad especulativa. En apenas tres años –fines de 2008 a fines de 2011– la base monetaria de dólares estadounidense fue incrementada por la Reserva Federal de EE.UU. en más de un 200%. Esto se hizo para cubrir los baches gigantescos dejados por la creación de dinero ficticio generado a partir de las hipotecas basura. El hecho de que haya tenido que crearse tanto dinero en tan poco tiempo nos da una idea del lucro espectacular obtenido por algunos especuladores a costa de la estabilidad mundial.
Me gusta imaginar que algún día esas inyecciones masivas de liquidez no se harán para apagar incendios financieros, sino para sofocar incendios morales. Si pudieron imprimir dólares de manera bestial para salvar al sistema financiero de la irresponsabilidad presente en el propio sistema, ¿por qué no van a poder hacer lo mismo para evitar que colapsen los ecosistemas naturales?
Sólo la provincia de Salta tiene 6,68 millones de hectáreas que no pueden ponerse en producción para mantener la biodiversidad. Si tal superficie registrara un lucro cesante promedio de 2,0 toneladas/ha de soja, estaríamos hablando –con el precio FOB actual de esa oleaginosa– de una compensación anual superior a 6000 millones de dólares.
Los activistas de Greenpeace, si realmente quieren cambiar el mundo, en lugar de divertirse haciendo payasadas en las grandes ciudades de naciones pobres, tendrían que acampar frente al edificio de la Reserva Federal de EE.UU. o del Banco Central Europeo hasta lograr que todas las naciones del mundo se hagan cargo de mantener los ecosistemas naturales que aún no fueron transformados (a menos, claro, que sólo quieran hacer un posgrado en marketing).