Tensión en el gobierno de Mendoza por la quiebra de Pescarmona en Brasil
El gobierno de Paco Pérez entró esta semana en zona de alarma al confirmarse que Industrias MetalúrgicasPescarmona SA (Impsa) fue condenada a quebrar por la justicia brasileña, por no cumplir con sus obligaciones comerciales.
La alarma no es casual, Impsa es la mayor empresa mendocina. Emplea a más de 1.500trabajadores en forma directa, pero a su vez, unas 950 pymes metalúrgicas leprestan servicios para los diferentes proyecto que realiza alrededor del mundo.
Es por esto que cuando seconoció la noticia la noche del lunes que un juez brasileño habíadecretado la "bancarrota" de Wind Power, filial dedicada a la energía eólica que el conglomerado mendocino instaló en Recife,las alarmas sonaron en el gobierno de Pérez.
“Estamos monitoreando lasituación, que ha generado preocupación, pero nos dicen desde la empresa queestá todo bajo control”, confió a LPO un funcionario muy cercano al despacho delgobernador.
En tanto que desde la propia Impsa, en las últimashoras sólo hubo un escueto comunicado que hizo llegar a algunos periodistas elgerente de Comunicaciones Institucionales, Ismael Jadur. “Nuestras operaciones en Brasil son normales”, sostuvo. “Estamos haciendo todaslas gestiones para sobrellevar la situación, aunque no hemos recibido nadaoficialmente”, agregó un tanto contradictorio.
El juez de Pernambuco Rafael José de Menezes, decretó el 30 de juliopasado la quiebra de WindPower ante un pedido de las empresasLibra Terminal Valongo SA y Libra Terminais SA, quienes reclaman el pago de unadeuda de 4,7 millones de dólares. Según el fallo del juez, la renuencia de Pescarmona a pagar“es declaración indirecta de insolvencia”, aunqueesto es difícil de creer, cuando según ha dejado trascender la empresa, enBrasil tiene contratos por casi 900 millones de dólares en parques eólicos y concentra el 30% de los parques que explotan ese tipo de energía ecológica.
Como era esperable los abogados del mendocino le bajaron el tono a la decisión del juez y explicaron que se trata apenas de un primerpaso del proceso de quiebra. Señalaron que hay incluso posibilidades de apelar o llegar a unacuerdo con los acreedores.
“Solucionaremos esto loantes posible”, agregó Jadur en su comunicado.
Estemiércoles se produjo un hecho llamativo en la sede central de Impsa en Mendoza. Un llamado al 911, advirtió que se había colocado una bomba en la soficinas ubicadas en el carrilRodríguez Peña, plena zona industrial de Godoy Cruz. Se trató de una falsaalarma, pero durante horas hubo que evacuar la planta.
Dudas
No obstante, la noticia de la quiebra agravó las dudas sobre la real fortaleza económica del grupo, que ya en junio pasado disparó las primeras alarmas cuando Impsa bordeó el default al atrasarse una semana en el pago de un bono, demora que en su momento atribuyó “aproblemas adminisrativos”. Según seindicó en aquella oportunidad, el reatraso se debió a que la empresa no recibióun pago desde Venezuela, donde también tiene importantes negocios. Ensetiembre tiene otro vencimiento, que según fuentes de la empresa se afrontará “como siempre hemos hecho,pagando”.
Según confirmaron a LPO empresarios Pymes delsector metalúrgico mendocino, Impsa bajó el nivel de actividad desdeprincipios de año, despidió a algunas decenas de empleados y encargó trabajos a menor ritmo que el año pasado.
El esquema de trabajo deImpsa se basa en la contratación de medianos y pequeños talleres metalúrgicosque en Mendoza proliferan justamente por el monumental volumen de negocios dePescarmona.
A este panorama se suman lasversiones que corrieron hace unos tres meses sobre las intenciones de EnriquePescarmona, en CEO de Impsa, de deshacerse de sus activos en Brasil para concentrarse en otrosproyectos, sobre todo en África y Asia.
También fue noticiaPescarmona en julio pasado, cuando se conoció el interés de la empresamendocina en construir la central hidroeléctrica Chiuido I, en Neuquén, cuyo costosería de unos 2.100 millones de dólares y que tras el default como tantos otros grandes proyectos de obra pública, su finaciamiento ingresó en zona de riesgo.