Cristina está obligada a pedirle autorización al Congreso para defaultear la deuda
La decisión del juez Thomas Griesa de frenar el pago a los bonistas fechado para el 30 de junio volvió a dejar al país al borde del default. El magistrado intimó a la Argentina a que se siente a negociar con los holdouts, para lo que el gobierno tiene tiempo hasta el 30 de julio, el último plazo en el que podrá abonarse el vencimiento a los tenedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Lo cierto es que la posibilidad de entrar en cesación de pagos, ya sea con los fondos buitre -al desacatar la sentencia de Griesa- o con los bonistas, en caso de que Cristina resuelva no pagar para evitar un embargo, podría costarle un juicio penal a la presidenta, al ministro de Economía Axel Kicillof y al director nacional de la Oficina de Crédito Público, porque estarían incumpliendo los deberes de funcionario públicos.
Por eso, Kicillof se apuró a hacer el último pago pese a que era casi seguro que Griesa iba a embargarlo, o como hizo directamente ordenarle al Banco de Nueva York que no lo gire a los bonistas. En rigor, el ministro de Economía no tenía otra opción que hacer lo que hizo.
Esto es interesante porque permite diferenciar el discurso retórico de las posibilidades reales de los funcionarios. De hecho, cuando la Argentina enfrentó por primera vez la posibilidad del default, luego del fallo de la Corte Suprema, lo primero que hizo la Presidenta fue enviar a sus funcionarios a dar explicaciones al Congreso ante los jefes de bloque de todas las bancadas. Es lo que tenía que hacer.
Y por eso mismo, ahora que la situación se complicó aún más y el default está un paso mas cerca, la Casa Rosada informó que Kicillof, Jorge Capitanich y Carlos Zannini, volverán a informar a los legisladores la semana próxima sobre la evolución de este conflicto.
Es tan evidente en las normas la imposibilidad de un funcionario ejecutivo de disponer por su cuenta, que en la pasada reunión con los legisladores, cuando Kicillof afirmó repetidas veces que el fallo de Griesa era "impagable" y un legislador sociliata le preguntó: "¿Ministro, entonces vamos a defaultear la deuda?"; Zannini tomó el micrófono de inmediato y contestó tajante: "No, no vamos a defaultear". El cerebro jurídico del Gobierno sabía a lo que se exponían si confirmaban esa decisión, sin permiso del Congreso.
Las normas
Los artículos 66 y 70 de la ley 24156, establecen que las deudas deben ser honradas en tiempo y forma.
Además, el Código Penal, en su artículo 264, dispone una sanción de uno a seis meses con “inhabilitación especial” al “funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente”.
Esto también corre para “el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración”.
Mientras tanto, el artículo 248 considera que el “abuso de autoridad” -esto es, dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe-, tiene prisión de un mes a dos años e inhabilitación del doble de tiempo.
La única manera en la que el gobierno podría caer en un default “legal” sería solamente si cuenta con una autorización del Congreso, que según nuestro sistema constitucional es el único capacitado para tratar los temas relacionados a la deuda externa.
De hecho, cuando el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá suspendió el pago de la deuda externa en diciembre de 2001, solicitó el apoyo del Congreso y de hecho anunció la medida ante la Asamblea Legislativa, unos minutos después de haber sido elegido presidente.
Si por torpeza o decisión del Gobierno se produce una cesación de pagos, la primera línea que quedará expuesta a juicios penales es la que tiene responsabilidad directa sobre los compromisos externos: el director de la oficina de crédito público nacional.
Esto es tan conocido que en noviembre de 2012, Francisco Eggers, quien ocupaba el cargo en ese entonces, le presentó una nota al juez Griesa en donde le aclaró que iba a cumplir con las sentencias que dicte la Justicia norteamericana. Fue una manera de cubrirse y dejar a salvo su responsabilidad personal.
Es que de lo contrario, el funcionario entraría en desacato judicial, una opción que sólo podría encarar si tuviera un permiso del Gobierno. El problema surge porque las autoridades argentinas sometieron voluntariamente al país a la jurisdicción norteamericana, de manera que sus decisiones obligan al país.
De todas formas, el último comunicado que emitió el ministerio de Economía, en donde acusan a Griesa de “abuso de autoridad”, acaso sea una señal de que el gobierno planea iniciar acciones legales contra el juez, opción que abogados que conocen el sistema judicial de Estados Unidos consultados por LPO, consideraron inviable.