El gobierno de La Pampa demandó a Paco Pérez por las aguas del Río Atuel
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a laprovincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallodel máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, peroademás que "ha sido la causante de un inmenso daño social en elnoreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso ensu desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua deese río".
La demanda apunta a Mendoza, pero cita como "terceroobligado" al Estado Nacional, al que le reclama su "responsabilidadhistórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles" y enconsecuencia también lo hace parte del reclamo de "reparar y recomponerlos daños causados".
Se trata de la construcción, hace más de 60 años, del complejohidroeléctrico Nihuiles en el sur de Mendoza, íntegramente sobre el río Atuel,virtual origen del diferendo entre ambas provincias, con la participación delEstado Nacional.
La demanda fue firmada por el gobernador pampeano, OscarJorge -quien había anunciado la acción judicial durante el IV Congreso Pampeanodel Agua- y el fiscal de Estado provincial, José Vanini, con el patrocinio delabogado constitucionalista Gregorio Badeni.
Según el Estado pampeano, Mendoza redujo sensiblemente elcaudal hídrico para el territorio pampeano, "privando a su población dedesarrollar una vida digna" y causando, además, "un significativodaño ambiental, que debe ser remediado e indemnizado".
En ese contexto, incorporó argumentación sobre"caudales ambientales y productivos, tanto en lo que respecta a lacantidad como a la calidad del agua que deberá llegar a territoriopampeano".
La demanda, de unas 400 páginas más anexos con más de 10 milfojas, fue presentada este mediodía ante la Corte Suprema, que por tratarse deun conflicto entre dos estados provinciales intervendrá como "competenciaoriginaria", es decir tribunal de única instancia.
El diferendo entre La Pampa y Mendoza es de los que suelenconcitar por parte de la Corte la convocatoria de audiencias públicas.