Repsol quiere imponer al Deustche Bank y reaparece el polémico Gramercy
Como anticipó LPO, el fondo Gramercy muy vinculado a las operaciones financieras del kirchnerismo fue contactado para sumarse a la operación con Repsol, que además quiere imponer al Deustche Bank como operador del acuerdo. Los negocios de Gramercy en el canje de deuda del 2010 y los juicios en el Ciadi.
El directorio de Repsol decidió ayer imponer al Deustche Bank como el operador del acuerdo con Argentina para que se ponga en marcha una fenomenal maniobra financiera mediante la cual el Gobierno pagará a través de bonos una indemnización por una cifra no menor a los 5 mil millones de dólares.
Según la agencia Europa Press, el órgano que encabeza Antonio Brufau decidió ayer la contratación de "un banco de inversión de prestigio internacional" para que represente los intereses de Repsol en la negociación con Argentina para definir la letra chica del acuerdo. Ese banco será el Deutsche Bank, confirma el citado medio.
El banco tendrá la responsabilidad de “atender las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”, había adelantado ayer Repsol.
Pero, como adelantó el martes LPO, en la Casa Rosada también iniciaron contactos con un fondo de inversión internacional para que diagrame la infraestructura financiera necesaria para la emisión de los bonos. Según el diario madrileño Expansión, esos bonos serían a diez años y con una rentabilidad de entre el 8,25 y 8,75%.
Pese a que sus voceros el martes lo desmentían, ahora LPO confirmó que el fondo contactado por la Casa Rosada no es otro que un viejo amigo de la casa: Gramercy Fund del multimillonario norteamericano Robert S. Koenigsberger, que supo ser uno de los principales "asesores" de Néstor Kirchner en este tipo de maniobras financieras y que tiene en el país como principal operador al economista Gustavo Ferraro.
Gramercy ya estuvo vinculado a las principales operaciones financieras del kirchnerismo de los últimos años y es señalado como el verdadero ejecutor del manejo financiero el Gobierno, que decidió "privatizar" en estos tiburones de las finanzas internacionales esa área clave del Estado.
Lo mismo sucedió con el abogado Marcelo Etchebarne, representante en Argentina de los intereses de Arcadia -el otro fondo denunciado por el canje del 2010- que esta semana también fue contactado para subirse a la operación de Repsol, pero lo estaría evaluando porque ya quedó escaldado con el anterior escándalo.
Las denuncias que enfrenta Gramercy
La vinculación de funcionarios nacionales con Gramercy ha sido denunciada por la oposición por dos casos resonantes: el canje de deuda y el pago a cinco privilegiadas empresas norteamericanas que mantenían litigios en el Ciadi.
En el primer caso, Gramercy tuvo una marcada participación en el canje de 2010 junto a la consultora Arcadia que opera en el país con el abogado Marcelo Etchebarne. Gramercy además trabaja activamente en la nueva apertura anunciada meses atrás por el Gobierno para cerrar otro pago multimillonario a los denominados fondos buitres, que tienen al Gobierno contra las cuerdas en los tribunales de Nueva York.
Según la denuncia judicial realizada el año pasado por el diputado Fernando “Pino” Solanas, Gramercy actuó como un fondo buitre y se quedó con los bonos que quedaron fuera del canje del 2005. Esos bonos "no valían nada porque según habían afirmado Néstor Kirchner y Lavagna no podrían canjearse en el futuro", indicó en ese momento el cineasta.
Pero luego, "esos bonos fueron recuperados por los bancos y fondos de inversión y a través de Arcadia impulsaron una nueva operación de canje". Arcadia es una consultora que fue denunciada por tener vínculos con Amado Boudou y Hernán Lorenzino y haber manejado información privilegiada sobre las acciones que tomaría el Gobierno.
"Arcadia se reunió con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje. Tuvieron información privilegiada y compraron a precio regalado los títulos argentinos. Después se presentaron al canje y obtuvieron ganancias que superaron el 80 por ciento en dólares", dijo este año Solanas.
Ahora, después de haber cobrado su parte en 2010, Gramercy es el principal operador del tercer canje de deuda, con el que se busca evitar que los holdouts cobren el total de la deuda, tal como ordenó la justicia estadounidense. El fondo de inversión está trabajando en una propuesta para convencer a los bonistas que iniciaron la demanda en los tribunales de Nueva York de ingresar al nuevo canje.
Por otro lado, Gramercy también tuvo una participación directa en el reciente acuerdo del Gobierno con cinco empresas que mantenían litigios en el Ciadi, por un monto cercano a los 500 millones de dólares.
En realidad, las cinco empresas no recibirán esos pagos sino que serán Gramercy y el fondo Blue Ridge, que compraron a un menor valor los fallos favorables que tenían esas cinco compañías y ahora cobraron la indeminziación, revelando una "intuición" notable sobre el giro pagador que daría el kirchnerismo que durante una década se negó a reconocer esas deudas.
Para disimular un poco la maniobra Gramercy evitó comprar directamente los juicios que luego, en una decisión relámpago, el entonces ministro Lorenzino decidiría pagar. El fondo adquirió esas deudas a través de dos firmas creadas exclusivamente para ese fin: CC-WB HOLDINGS LLC y UN Holdings LLC.
Por esta maniobra, Pino Solanas volvió a denunciar a Boudou por presunto "tráfico de influencias". "No se le está pagando a los originales titulares de estos bonos. Se le termina pagando a un holding dependiente de los fondos buitre Gramercy y Blue Ridge, otro fondo buitre", dijo semanas atrás el diputado.
"Todo esto es un entuerto manejado por consultoras y negocios de fondos que compran por el 10 ó 15 por ciento de su valor real bonos que están siendo investigados en una causa criminal y que finalmente terminan en un nuevo fondo buitre vinculado a empresas petroleras que están explotando en Malvinas, violando una ley vigente", agregó.
La vinculación de Gramercy con las petroleras que exploran en Malvinas no es una fantasía de Solanas. Gramercy tiene como accionista a Black Rock, que es a su vez accionista de Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, todas con operaciones en las islas.
Esto además de ser una flagrante contradicción política viola una ley que la propia presidente Cristina Kirchner impulsó. La ley 26.659 fija sanciones a empresas que operen en el Atlántico Sur y que a la vez funcionen en la Argentina.
El acuerdo con Repsol vuelve a confirmar que las grandes multinacionales petroleras y de las finanzas comparten el raro privilegio de quedar exceptuadas de las encendidas consignas del kirchnerismo contra las corporaciones y el capitalismo global.
Según la agencia Europa Press, el órgano que encabeza Antonio Brufau decidió ayer la contratación de "un banco de inversión de prestigio internacional" para que represente los intereses de Repsol en la negociación con Argentina para definir la letra chica del acuerdo. Ese banco será el Deutsche Bank, confirma el citado medio.
El banco tendrá la responsabilidad de “atender las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”, había adelantado ayer Repsol.
Pero, como adelantó el martes LPO, en la Casa Rosada también iniciaron contactos con un fondo de inversión internacional para que diagrame la infraestructura financiera necesaria para la emisión de los bonos. Según el diario madrileño Expansión, esos bonos serían a diez años y con una rentabilidad de entre el 8,25 y 8,75%.
Pese a que sus voceros el martes lo desmentían, ahora LPO confirmó que el fondo contactado por la Casa Rosada no es otro que un viejo amigo de la casa: Gramercy Fund del multimillonario norteamericano Robert S. Koenigsberger, que supo ser uno de los principales "asesores" de Néstor Kirchner en este tipo de maniobras financieras y que tiene en el país como principal operador al economista Gustavo Ferraro.
Gramercy ya estuvo vinculado a las principales operaciones financieras del kirchnerismo de los últimos años y es señalado como el verdadero ejecutor del manejo financiero el Gobierno, que decidió "privatizar" en estos tiburones de las finanzas internacionales esa área clave del Estado.
Lo mismo sucedió con el abogado Marcelo Etchebarne, representante en Argentina de los intereses de Arcadia -el otro fondo denunciado por el canje del 2010- que esta semana también fue contactado para subirse a la operación de Repsol, pero lo estaría evaluando porque ya quedó escaldado con el anterior escándalo.
Las denuncias que enfrenta Gramercy
La vinculación de funcionarios nacionales con Gramercy ha sido denunciada por la oposición por dos casos resonantes: el canje de deuda y el pago a cinco privilegiadas empresas norteamericanas que mantenían litigios en el Ciadi.
En el primer caso, Gramercy tuvo una marcada participación en el canje de 2010 junto a la consultora Arcadia que opera en el país con el abogado Marcelo Etchebarne. Gramercy además trabaja activamente en la nueva apertura anunciada meses atrás por el Gobierno para cerrar otro pago multimillonario a los denominados fondos buitres, que tienen al Gobierno contra las cuerdas en los tribunales de Nueva York.
Según la denuncia judicial realizada el año pasado por el diputado Fernando “Pino” Solanas, Gramercy actuó como un fondo buitre y se quedó con los bonos que quedaron fuera del canje del 2005. Esos bonos "no valían nada porque según habían afirmado Néstor Kirchner y Lavagna no podrían canjearse en el futuro", indicó en ese momento el cineasta.
Pero luego, "esos bonos fueron recuperados por los bancos y fondos de inversión y a través de Arcadia impulsaron una nueva operación de canje". Arcadia es una consultora que fue denunciada por tener vínculos con Amado Boudou y Hernán Lorenzino y haber manejado información privilegiada sobre las acciones que tomaría el Gobierno.
"Arcadia se reunió con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje. Tuvieron información privilegiada y compraron a precio regalado los títulos argentinos. Después se presentaron al canje y obtuvieron ganancias que superaron el 80 por ciento en dólares", dijo este año Solanas.
Ahora, después de haber cobrado su parte en 2010, Gramercy es el principal operador del tercer canje de deuda, con el que se busca evitar que los holdouts cobren el total de la deuda, tal como ordenó la justicia estadounidense. El fondo de inversión está trabajando en una propuesta para convencer a los bonistas que iniciaron la demanda en los tribunales de Nueva York de ingresar al nuevo canje.
Por otro lado, Gramercy también tuvo una participación directa en el reciente acuerdo del Gobierno con cinco empresas que mantenían litigios en el Ciadi, por un monto cercano a los 500 millones de dólares.
En realidad, las cinco empresas no recibirán esos pagos sino que serán Gramercy y el fondo Blue Ridge, que compraron a un menor valor los fallos favorables que tenían esas cinco compañías y ahora cobraron la indeminziación, revelando una "intuición" notable sobre el giro pagador que daría el kirchnerismo que durante una década se negó a reconocer esas deudas.
Para disimular un poco la maniobra Gramercy evitó comprar directamente los juicios que luego, en una decisión relámpago, el entonces ministro Lorenzino decidiría pagar. El fondo adquirió esas deudas a través de dos firmas creadas exclusivamente para ese fin: CC-WB HOLDINGS LLC y UN Holdings LLC.
Por esta maniobra, Pino Solanas volvió a denunciar a Boudou por presunto "tráfico de influencias". "No se le está pagando a los originales titulares de estos bonos. Se le termina pagando a un holding dependiente de los fondos buitre Gramercy y Blue Ridge, otro fondo buitre", dijo semanas atrás el diputado.
"Todo esto es un entuerto manejado por consultoras y negocios de fondos que compran por el 10 ó 15 por ciento de su valor real bonos que están siendo investigados en una causa criminal y que finalmente terminan en un nuevo fondo buitre vinculado a empresas petroleras que están explotando en Malvinas, violando una ley vigente", agregó.
La vinculación de Gramercy con las petroleras que exploran en Malvinas no es una fantasía de Solanas. Gramercy tiene como accionista a Black Rock, que es a su vez accionista de Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, todas con operaciones en las islas.
Esto además de ser una flagrante contradicción política viola una ley que la propia presidente Cristina Kirchner impulsó. La ley 26.659 fija sanciones a empresas que operen en el Atlántico Sur y que a la vez funcionen en la Argentina.
El acuerdo con Repsol vuelve a confirmar que las grandes multinacionales petroleras y de las finanzas comparten el raro privilegio de quedar exceptuadas de las encendidas consignas del kirchnerismo contra las corporaciones y el capitalismo global.