¿Sensación de inseguridad?
Es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios, desde las polícias hasta las Fuerzas Armadas, para el restablecimiento de las garantías constitucionales.
Los recientes hechos de violencia sucedidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, invitan a reflexionar sobre las políticas planteadas desde el Gobierno Nacional al respecto y sobre la implementación de la Ley de Seguridad Interior.
El titular del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, se manifestó a favor de una cooperación conjunta entre el personal de la Policía Federal, las Policías provinciales y la Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); tal como lo establece la mencionada Ley, cuando dispone que aquellas afecten las áreas de transporte, las comunicaciones, ingenieros, arsenal, entre otros para apoyar las operaciones de seguridad interior.
Esta Ley representó la democratización de la seguridad interior en la Argentina, evitando que las FF. AA. intervengan de manera directa en cualquier episodio que atente contra la seguridad interior de la Nación, como había ocurrido en tristes tiempos pretéritos. De este modo, el poder político legítimamente elegido tomaba una sólida conducción y control de las mencionadas; con el claro objetivo de lograr una mayor eficiencia en la coordinación el Esfuerzo Nacional de Policía (ENP), de manera que no se diluya por la adquisición –pasada- de autonomía de facto, dispersándose las diferentes fuerzas de seguridad y policiales que integran aquel. Así como también intentando lograr una más efectiva aplicación del poder de policía y una mayor profesionalización de las organizaciones.
Cabe aclarar la definición que hace la misma Ley, respecto a la Seguridad Interior “…la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.”
Sin embargo, es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios (ENP y FF.AA.) para el restablecimiento de las garantías constitucionales y evitar todo accionar delictual que atente contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. Sobresaliendo poner en pleno funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior, por el que debería asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la toma de medidas para un eficaz y eficiente actuar de la Policía Federal, de las Policías Provinciales (incluyendo claro está a la novel Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional o la joven Policía de Seguridad Aeropuertaria y considerando en ultima instancia –debidamente controlada por el Consejo junto con los miembros no permanentes del Ministro de Defensa y del Titular del Estado Mayor Conjunto- el empleo de las Fuerzas Armadas, estableciendo una misión específica y en un plazo perentorio de actuación.
Durante los primeros años de la democracia, se percibía cierta idea de desconfianza hacia toda fuerza “uniformada”, tanto militar, de seguridad o policial. Pero el devenir de la historia de nuestro país, hasta la actualidad y ya habiéndose consolidado la estabilidad democrática, junto al surgimiento de nuevos delitos (trafico de personas, de armas, narcotráfico y terrorismo, entre otros; grupos perfectamente organizados de origen nacional o internacional) que vienen creciendo y adecuándose a los tiempos modernos, se presenta la necesidad de observar con detenimiento la legislación que comprende la seguridad del país, tanto en relación a la amenaza de origen interno, como la externa.
Actualmente, asistimos a una sociedad donde los hechos de violencia no tienen una prevención eficiente, ni tarea de justicia eficaz; peor aún, la impresión colectiva fue y sigue siendo la de completa inseguridad e impunidad, para colmo teñida de graves imputaciones de corrupción política y gubernamental. Esto es síntoma de la inacción en algunos casos del Estado, frente la inseguridad (concreta y materializada) que se vive diariamente; no siendo solamente una “sensación”.
No se trata de querer decir lo que otros deben hacer. Se trata de llamar a la reflexión para una cooperación conjunta de los distintos poderes policiales y de seguridad para una ciudad y un país que debe enfrentar hechos de inseguridad a lo largo y ancho de todo territorio nacional, sin distinciones de condiciones sociales, sexo, edades, etc . Donde no haya ni sensación, ni inseguridad real. Donde no tengamos que llorar más hijos, padres ni madres inocentes muertos en manos de delincuentes.
Sobran las palabras y no hay duda alguna que la inseguridad se enfrenta sin anteponer intereses mezquinos de algunos dirigentes y funcionarios de turno –no son más que eso, “de turno”; y si es la herramienta real y eficaz, la cooperación entre la Nación y los gobiernos locales, aunque al Gobierno Nacional le disguste la idea de una Policía Metropolitana en territorio porteño. Ya hemos visto que -en los últimos días- varios municipios de la Provincia de Buenos Aires proyectan colaborar en la lucha contra la inseguridad con el nacimiento de policías locales que colaboren con la Policía provincial, similar a la novedosa Policía Metropolitana porteña.
El titular del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, se manifestó a favor de una cooperación conjunta entre el personal de la Policía Federal, las Policías provinciales y la Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); tal como lo establece la mencionada Ley, cuando dispone que aquellas afecten las áreas de transporte, las comunicaciones, ingenieros, arsenal, entre otros para apoyar las operaciones de seguridad interior.
Esta Ley representó la democratización de la seguridad interior en la Argentina, evitando que las FF. AA. intervengan de manera directa en cualquier episodio que atente contra la seguridad interior de la Nación, como había ocurrido en tristes tiempos pretéritos. De este modo, el poder político legítimamente elegido tomaba una sólida conducción y control de las mencionadas; con el claro objetivo de lograr una mayor eficiencia en la coordinación el Esfuerzo Nacional de Policía (ENP), de manera que no se diluya por la adquisición –pasada- de autonomía de facto, dispersándose las diferentes fuerzas de seguridad y policiales que integran aquel. Así como también intentando lograr una más efectiva aplicación del poder de policía y una mayor profesionalización de las organizaciones.
Cabe aclarar la definición que hace la misma Ley, respecto a la Seguridad Interior “…la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.”
Sin embargo, es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios (ENP y FF.AA.) para el restablecimiento de las garantías constitucionales y evitar todo accionar delictual que atente contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. Sobresaliendo poner en pleno funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior, por el que debería asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la toma de medidas para un eficaz y eficiente actuar de la Policía Federal, de las Policías Provinciales (incluyendo claro está a la novel Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional o la joven Policía de Seguridad Aeropuertaria y considerando en ultima instancia –debidamente controlada por el Consejo junto con los miembros no permanentes del Ministro de Defensa y del Titular del Estado Mayor Conjunto- el empleo de las Fuerzas Armadas, estableciendo una misión específica y en un plazo perentorio de actuación.
Durante los primeros años de la democracia, se percibía cierta idea de desconfianza hacia toda fuerza “uniformada”, tanto militar, de seguridad o policial. Pero el devenir de la historia de nuestro país, hasta la actualidad y ya habiéndose consolidado la estabilidad democrática, junto al surgimiento de nuevos delitos (trafico de personas, de armas, narcotráfico y terrorismo, entre otros; grupos perfectamente organizados de origen nacional o internacional) que vienen creciendo y adecuándose a los tiempos modernos, se presenta la necesidad de observar con detenimiento la legislación que comprende la seguridad del país, tanto en relación a la amenaza de origen interno, como la externa.
Actualmente, asistimos a una sociedad donde los hechos de violencia no tienen una prevención eficiente, ni tarea de justicia eficaz; peor aún, la impresión colectiva fue y sigue siendo la de completa inseguridad e impunidad, para colmo teñida de graves imputaciones de corrupción política y gubernamental. Esto es síntoma de la inacción en algunos casos del Estado, frente la inseguridad (concreta y materializada) que se vive diariamente; no siendo solamente una “sensación”.
No se trata de querer decir lo que otros deben hacer. Se trata de llamar a la reflexión para una cooperación conjunta de los distintos poderes policiales y de seguridad para una ciudad y un país que debe enfrentar hechos de inseguridad a lo largo y ancho de todo territorio nacional, sin distinciones de condiciones sociales, sexo, edades, etc . Donde no haya ni sensación, ni inseguridad real. Donde no tengamos que llorar más hijos, padres ni madres inocentes muertos en manos de delincuentes.
Sobran las palabras y no hay duda alguna que la inseguridad se enfrenta sin anteponer intereses mezquinos de algunos dirigentes y funcionarios de turno –no son más que eso, “de turno”; y si es la herramienta real y eficaz, la cooperación entre la Nación y los gobiernos locales, aunque al Gobierno Nacional le disguste la idea de una Policía Metropolitana en territorio porteño. Ya hemos visto que -en los últimos días- varios municipios de la Provincia de Buenos Aires proyectan colaborar en la lucha contra la inseguridad con el nacimiento de policías locales que colaboren con la Policía provincial, similar a la novedosa Policía Metropolitana porteña.