Malvinas: salgamos del juego de suma cero
La cuestión Malvinas es un desafío por el que se destaca la disputa por la soberanía y la explotación de los recursos. Los legítimos reclamos de nuestro país no están causando el efecto deseado en el gobierno británico ni en otros actores capaces de presionar al Reino Unido. Queda claro que hay que redefinir esta estrategia y avanzar en un juego donde podamos combinar la reivindicación de soberanía con una estrategia que permita obtener resultados positivos.
La cuestión Malvinas e islas del Atlántico Sur presenta hoy para nuestro país un desafío en varias dimensiones, entre las que se destacan la disputa por la soberanía y la explotación de los recursos existentes en la zona de litigio. En una y otra dimensión, la política desarrollada por la Argentina pareciera insuficiente para alcanzar los resultados esperados.
Los legítimos y permanentes reclamos de soberanía de nuestro país, cumpliendo con lo que establece la constitución nacional, no están causando el efecto deseado en el gobierno británico, así como tampoco en otros actores internacionales con capacidad de ejercer presión sobre el Reino Unido.
En materia de soberanía, nos encontramos sumergidos en un juego de suma cero debido a la persistente renuencia británica para entablar una negociación bilateral que permita abrir una discusión en consonancia con las disposiciones emanadas de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por el contrario, hemos observado la manera en que las políticas desarrolladas por el Reino Unido han aumentado su presión estratégica en detrimento de los intereses de la Argentina. El más claro ejemplo es la inclusión de nuestras islas en la Carta Magna de la Unión Europea como territorios de ultramar británicos.
En el plano de los recursos petroleros tampoco hemos obtenidos los resultado esperados, siendo éste uno de los ejemplos más contundentes respecto a la debilidad de la estrategia argentina. En el año 2007, el gobierno nacional decidió dar por terminada la Declaración Conjunta argentino-británica de "Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental", referida a la exploración y explotación de hidrocarburos.
Nuestro país argumentó en aquella oportunidad que tal decisión tenía sustento en las diferencias de interpretación que surgieron con posterioridad a la firma de la declaración conjunta y que derivaron en la decisión del Reino Unido de avanzar unilateralmente en una licitación pública para la exploración de hidrocarburos en el área disputada.
Pero lejos de obtener los resultados esperados, las acciones unilaterales británicas continuaron, constituyendo el reciente envío por parte del Reino Unido de una plataforma petrolera a la zona con el propósito de perforar al menos 10 pozos offshore, un ejemplo en este sentido.
Se estima que el Reino Unido cuenta con un volumen de reservas probadas de aproximadamente 3.600 millones de barriles, hechos que lo obligaría a transformarse en importador neto de petróleo para mediados de la década que se inicia.
Según diversas fuentes, el potencial de reservas existentes en la cuenca de Malvinas podría trepar hasta los 6.475 millones de barriles, aunque también hay estudios geológicos que proyectan reservas probables de 11.525 millones.
A modo comparativo, las reservas probadas de Argentina son de 2.616 millones de barriles, lo que supone 9,5 años, en principio, de autosuficiencia petrolera. Este es otro flanco del conflicto en el que nuestro país está situado en una posición sumamente desventajosa.
A estos datos hay que agregar que frente al considerable crecimiento que viene registrando el precio internacional del petróleo, se ha abierto la oportunidad a nuevas fronteras exploratorias que no resultaban rentables años atrás con un petróleo de 15 o 20 u$s/barril. En este marco, la exploración petrolera en el área de Malvinas ha adquirido una nueva significancia estratégica, vinculada a la mayor rentabilidad económica de los posibles yacimientos de hidrocarburos.
Frente al nuevo avance británico generado a partir de la autorización para la perforación de pozos petroleros en la zona en disputa, las medidas que nuestra Cancillería ha puesto en marcha, consisten en una batería de reclamos diplomáticos destinados no sólo a manifestar el rechazo por el accionar del gobierno británico, sino también con el objetivo de advertir a las empresas que realizarán la operación, sobre la ilegalidad de su accionar y la posibilidad de aplicar sanciones legales.
Esta estrategia desplegada por el gobierno argentino se basa en políticas reactivas que suponen medidas diplomáticas destinadas a intentar dar marcha atrás a las acciones británicas contrarias a los intereses nacionales.
Queda claro que hay que redefinir esta estrategia de suma cero y avanzar en un juego de suma variable donde, sobre la base de una política activa, podamos combinar la reivindicación de soberanía con una estrategia que permita obtener resultados positivos en aspectos relevantes para los intereses de nuestro país, evitando al mismo tiempo confrontaciones en aquellas cuestiones sobre las que se pueden obtener beneficios mutuos.
La cooperación bilateral en áreas estratégicas pareciera ser una medida que avanza en esta dirección.
Promover un acercamiento con el Reino Unido en aquellas cuestiones relevantes para el interés de nuestro país no sólo brindará beneficios concretos, sino que también constituirá una señal importante en términos de reivindicación de nuestros derechos soberanos.
La inclusión de actores que favorezcan y enriquezcan las negociaciones bilaterales, como por ejemplo parlamentarios y académicos, también podría ser un elemento que nos ayude a salir de este juego de suma cero y fortalecer nuestra posición frente al Reino Unido.
Si bien existe un consenso generalizado en nuestro país respecto a la legítima reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, sería enriquecedor trabajar en una política consensuada e inclusiva respecto a la estrategia para alcanzar ese objetivo.
El consenso pluripartidario nos permitiría generar una verdadera política de Estado sobre la cuestión Malvinas, al tiempo que frente al Reino Unido mostraríamos solidez y señales de continuidad en el desarrollo de nuestra política.
Finalmente, sería ésta una buena oportunidad para redefinir de manera integral la política argentina en materia de hidrocarburos en el área del Atlántico Sur.
La ampliación de las fronteras exploratorias a las que nos referíamos, no será posible sin un Estado activo, capaz de garantizar condiciones de seguridad jurídica a las empresas que realicen inversiones en estas zonas de alto riesgo tecnológico y comercial.
De esta manera, la Argentina estaría afianzando nuestros legítimos derechos, no sólo sobre la zona en disputa de soberanía con el Reino Unido, sino también a lo largo de la extensión de nuestra actual zona económica exclusiva (200 millas), y más aún frente una posible extensión hasta las 350 millas.
Los legítimos y permanentes reclamos de soberanía de nuestro país, cumpliendo con lo que establece la constitución nacional, no están causando el efecto deseado en el gobierno británico, así como tampoco en otros actores internacionales con capacidad de ejercer presión sobre el Reino Unido.
En materia de soberanía, nos encontramos sumergidos en un juego de suma cero debido a la persistente renuencia británica para entablar una negociación bilateral que permita abrir una discusión en consonancia con las disposiciones emanadas de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por el contrario, hemos observado la manera en que las políticas desarrolladas por el Reino Unido han aumentado su presión estratégica en detrimento de los intereses de la Argentina. El más claro ejemplo es la inclusión de nuestras islas en la Carta Magna de la Unión Europea como territorios de ultramar británicos.
En el plano de los recursos petroleros tampoco hemos obtenidos los resultado esperados, siendo éste uno de los ejemplos más contundentes respecto a la debilidad de la estrategia argentina. En el año 2007, el gobierno nacional decidió dar por terminada la Declaración Conjunta argentino-británica de "Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental", referida a la exploración y explotación de hidrocarburos.
Nuestro país argumentó en aquella oportunidad que tal decisión tenía sustento en las diferencias de interpretación que surgieron con posterioridad a la firma de la declaración conjunta y que derivaron en la decisión del Reino Unido de avanzar unilateralmente en una licitación pública para la exploración de hidrocarburos en el área disputada.
Pero lejos de obtener los resultados esperados, las acciones unilaterales británicas continuaron, constituyendo el reciente envío por parte del Reino Unido de una plataforma petrolera a la zona con el propósito de perforar al menos 10 pozos offshore, un ejemplo en este sentido.
Se estima que el Reino Unido cuenta con un volumen de reservas probadas de aproximadamente 3.600 millones de barriles, hechos que lo obligaría a transformarse en importador neto de petróleo para mediados de la década que se inicia.
Según diversas fuentes, el potencial de reservas existentes en la cuenca de Malvinas podría trepar hasta los 6.475 millones de barriles, aunque también hay estudios geológicos que proyectan reservas probables de 11.525 millones.
A modo comparativo, las reservas probadas de Argentina son de 2.616 millones de barriles, lo que supone 9,5 años, en principio, de autosuficiencia petrolera. Este es otro flanco del conflicto en el que nuestro país está situado en una posición sumamente desventajosa.
A estos datos hay que agregar que frente al considerable crecimiento que viene registrando el precio internacional del petróleo, se ha abierto la oportunidad a nuevas fronteras exploratorias que no resultaban rentables años atrás con un petróleo de 15 o 20 u$s/barril. En este marco, la exploración petrolera en el área de Malvinas ha adquirido una nueva significancia estratégica, vinculada a la mayor rentabilidad económica de los posibles yacimientos de hidrocarburos.
Frente al nuevo avance británico generado a partir de la autorización para la perforación de pozos petroleros en la zona en disputa, las medidas que nuestra Cancillería ha puesto en marcha, consisten en una batería de reclamos diplomáticos destinados no sólo a manifestar el rechazo por el accionar del gobierno británico, sino también con el objetivo de advertir a las empresas que realizarán la operación, sobre la ilegalidad de su accionar y la posibilidad de aplicar sanciones legales.
Esta estrategia desplegada por el gobierno argentino se basa en políticas reactivas que suponen medidas diplomáticas destinadas a intentar dar marcha atrás a las acciones británicas contrarias a los intereses nacionales.
Queda claro que hay que redefinir esta estrategia de suma cero y avanzar en un juego de suma variable donde, sobre la base de una política activa, podamos combinar la reivindicación de soberanía con una estrategia que permita obtener resultados positivos en aspectos relevantes para los intereses de nuestro país, evitando al mismo tiempo confrontaciones en aquellas cuestiones sobre las que se pueden obtener beneficios mutuos.
La cooperación bilateral en áreas estratégicas pareciera ser una medida que avanza en esta dirección.
Promover un acercamiento con el Reino Unido en aquellas cuestiones relevantes para el interés de nuestro país no sólo brindará beneficios concretos, sino que también constituirá una señal importante en términos de reivindicación de nuestros derechos soberanos.
La inclusión de actores que favorezcan y enriquezcan las negociaciones bilaterales, como por ejemplo parlamentarios y académicos, también podría ser un elemento que nos ayude a salir de este juego de suma cero y fortalecer nuestra posición frente al Reino Unido.
Si bien existe un consenso generalizado en nuestro país respecto a la legítima reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, sería enriquecedor trabajar en una política consensuada e inclusiva respecto a la estrategia para alcanzar ese objetivo.
El consenso pluripartidario nos permitiría generar una verdadera política de Estado sobre la cuestión Malvinas, al tiempo que frente al Reino Unido mostraríamos solidez y señales de continuidad en el desarrollo de nuestra política.
Finalmente, sería ésta una buena oportunidad para redefinir de manera integral la política argentina en materia de hidrocarburos en el área del Atlántico Sur.
La ampliación de las fronteras exploratorias a las que nos referíamos, no será posible sin un Estado activo, capaz de garantizar condiciones de seguridad jurídica a las empresas que realicen inversiones en estas zonas de alto riesgo tecnológico y comercial.
De esta manera, la Argentina estaría afianzando nuestros legítimos derechos, no sólo sobre la zona en disputa de soberanía con el Reino Unido, sino también a lo largo de la extensión de nuestra actual zona económica exclusiva (200 millas), y más aún frente una posible extensión hasta las 350 millas.