Otra traba para la administración Macri

El freno de la Justicia al uso de las Taser es parte de una "amparocracia" que sólo trae como resultado no poder ejecutar las políticas públicas de la administración Macri. En EEUU, examinaron 1200 casos de uso de estas armas y determinaron que el 99,75% de las personas no sufrió ninguna lesión.
Desde el pasado 5 de febrero, se ha producido un hecho histórico que sólo es comparable con la “semi” plena autonomía, que dio origen al nuevo status de la Ciudad de Buenos Aires; destaco lo de “semi”, dado que seguimos atados en muchos aspectos de la Ley Cafiero y hoy la ciudad no puede administrar su puerto, no puede controlar los juegos de azar, no puede verificar el transporte público, no puede vigilar el servicio de subterráneos, no puede! No puede! No puede!, ahí se encuentra aquella autonomía sin la total plenitud que todos los porteños quisiéramos.

A pesar de aquello, el actual Jefe de Gobierno no cesó en su idea de tener una fuerza de seguridad propia, a pesar de los obstáculos que se fueron produciendo en todo el periodo de creación de la Policía Metropolitana. Hoy, es un hecho concreto y los resultados dependen no sólo de las políticas de seguridad desarrolladas por el Gobierno porteño, sino también de la cooperación brindada por el Gobierno Nacional, e inclusive por parte de los mismos vecinos donde se genere una interrelación efectiva y cordial con los agentes de la policía porteña.

De la mano de la administración Macri, se le ha otorgado un grado de relevancia a la tecnología en beneficio de la seguridad y constituyéndose en una herramienta importante para los agentes de policía, desde los móviles (automóviles y motocicletas) equipados con cámaras de video y sistemas de posicionamiento global hasta el uso de equipos no tradicionales como armas no letales, como son las famosas TASER (en inglés, Thomas A. Swift’s Electric Rifle) que se trata de dispositivos que envían una descarga eléctrica provocando una disfunción muscular, incapacitando temporalmente al delincuente; el oficial de policía puede administrar el envío de electricidad a través de los conectores del TASER y los dardos. En la actualidad cerca de 5500 delegaciones, agencias o áreas de seguridad de los Estados Unidos de América utilizan estos dispositivos como armas menos mortales.

Distintos organizaciones han manifestado y denunciado la letalidad de las TASER, que serían una herramienta de tortura comparable con la tristemente conocida “picana”; los reclamos, inclusive el amparo presentado por un organismo de derechos humanos se basa en distintos informes, entre ellos de Amnistía Internacional. Sin embargo en un informe producido por esta ultima organización de febrero del 2007, realizado para la Unión Europea, destaca que “reconoce que puede haber muchas situaciones en las que cabe utilizar las Taser como arma defensiva, con que mantener distancia a alguien en vez de recurrir a las armas de fuego, a fin de salvar vidas”.

Es importante resaltar esta especie de “amparocracia”, por la cual la Administración Macri se ve constreñida a aplicar sus políticas públicas, entre ellas la de seguridad según los distintos amparos presentados; y no se trata de un reclamo a la Justicia de la Ciudad, sino que se trata de las distintas organizaciones o grupos que han tomado como costumbre frente a cualquier decisión política tomada por el Poder Ejecutivo local, la de presentar amparos. Leyendo la resolución de la Sra. Jueza Andrea Danas, tengo sentimientos contradictorios al observar que el Observatorio Derechos Humanos argumenta su presentación, principalmente en considerar a las Taser como una “picana” o elemento de tortura, el cual lejos está de serlo. Se menciona que podría existir un “posible encubrimiento o impunidad policial que favorezcan el uso abusivo de las armas tipo Taser, por las propias características de éstas, en tanto no dejarán marcas sobre el cuerpo”; Craso error, cuando las Taser se encuentran equipadas con un chip que registra la información sobre cada uso, que puede ser utilizado en cualquier cuestión judicial, si alguien denuncia que fue disparado varias veces. Asimismo, y reitero teniendo en cuenta también el registro en video del accionar policial por el equipamiento que poseen los móviles de la Policía Metropolitana.

En otra parte de la resolución, se destaca que “este tipo de armas, constituyen una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, en tanto provocan dolor extremo que en algunos casos pueden causar la muerte, como lo han demostrado varios estudios confiables”, me pregunto si la utilización de una pistola 9 mm no implica todas aquellas y más características que se mencionan, siendo netamente letales y hasta inclusive para terceros que están próximos a un escenario donde se comete un delito, ya que en algunos casos la munición puede traspasar el cuerpo de un delincuente y herir a otra persona que no tenga nada que ver con lo ocurrido.

Otra cuestión a tener en cuenta, es cuando se pretende comparar la utilización de esta clase de armas con el accionar de la tortura. La utilización de las mismas, será en ocasiones especiales y bajo un estricto control de su uso por parte del agente policial, en casos extremos donde la alternativa sería el uso de armas de fuego, potenciando el peligro de las vidas, no sólo del delincuente sino de terceros; en ningún momento se utilizará como se expresa “…con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras…”

De acuerdo a un análisis de la distinta información sobre las Taser, se menciona que la descarga eléctrica que irradia las Taser son 200 veces más corto que el necesario para estimular el corazón adecuadamente, El pico de voltaje que emana es de aproximadamente 1200 voltios, además de ser demasiado breve para afectar el corazón. Un desfibrilador lanzaría entre 20000 y 40000 microsegundos, mientras que la onda de las Taser es de 100 microsegundos. Sobran las palabras. La potencialidad de estas armas sobre la salud, es extremadamente ínfima frente a la utilización de cualquier arma de fuego; entonces otra sería la discusión y el debate rondaría en la utilización o no de armas de fuego por parte del personal policial, ya se encontraría en franca discusión las “dos bibliotecas” sobre la criminalidad y el derecho penal. Por lo que elegir cual es el medio ideal para el logro del fin de seguridad es muy discutible, y a simple vista el menos letal frente a una pistola 9 mm, son las Taser. Está más que claro, que hay que proteger la vida y la salud de los ciudadanos, pero tampoco debemos olvidar que la seguridad no es un valor secundario, ya que el mismo cuando se encuentra trastocado o lesionado, también hay una vida involucrada producto de ese acto delictivo.

Estas armas no letales, vienen siendo usadas y perfeccionadas desde la década del 60, en más de sesenta y cinco países, en aproximadamente cinco mil delegaciones de seguridad o policiales diseminadas alrededor del mundo; y es el mismo informe de Amnistía Internacional donde manifiesta que entre los años 2001 y 2008, fallecieron aproximadamente 350 personas que podrían llegar a ser producto del uso de las Taser. Esta claro destacar que siempre hay que privilegiar la vida de cualquier persona, por lo que cualquier fuerza policial siempre debe procurar no llegar a tener víctimas fatales.

En nuestro país, policías de las provincias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba vienen utilizando esta clase de dispositivos. Extensa información y así como también de confiables estudios destacan la baja letalidad de las Taser frente a un hecho delictivo, sin poner en juego la vida de los delincuentes, los agentes policiales y de terceros que se encuentran próximos al escenario delictual. En un informe de una universidad de Carolina del Norte, EEUU, examinaron 1200 casos de uso de armas Taser, y determinaron que el 99,75 de las personas no sufrió ninguna lesión.

Creo que esta costumbre de “amparocracia” que se ha instaurado, solo trae como resultado el no poder ejecutar las políticas públicas elaboradas por la Administración Macri, desde la salud, pasando por las obras de infraestructura hasta las de seguridad, donde reitero el hito histórico que significó la creación de una policía local para la Ciudad de Buenos Aires. Me resulta ingenuo pensar que determinadas personas se arroguen la defensa de los ciudadanos, ya que el Gobierno porteño tiene ese principio, generando una mejor calidad de vida para los ciudadanos, desde la educación, la salud, la seguridad, la urbanización, entre otras necesidades de los vecinos porteños.