La ley Guantánamo del control remoto
Entre los discursos épicos del gobierno contra la dictadura y una oposición que no duda en afirmar que la nueva Ley de Medios transformará nuestro living en una cárcel que nos impedirá elegir el dial o el canal que nos guste, equivocadamente, se repara más en el origen de la ley que en su propio contenido.
En un momento donde todos los Medios, los opositores al gobierno y los pocos aliados, libran su batalla de manera grosera, resulta cada vez más dificultoso encontrar palabras que ayuden a pensar.
Probablemente tampoco sea esta columna el espacio donde usted las encuentre, pero bien vale el intento. Digamos, como primera medida que si bien el gobierno tiene razón en suponer que esta es, si no la madre, la “tía de todas las batallas”, muchas veces exagera con darle a cada acto de gobierno un cariz épico y sin antecedentes.
Así suele abusar generalmente de incluir todas sus acciones dentro de un gran plan libertario que rescata parte de la liturgia peronista además de seguir la línea de la retórica binaria del “ellos y nosotros”.
En esta línea, los K son injustos cuando buscan erigirse como los únicos que han hecho algo contra la dictadura. Como parte de esta visión y quizás también como estrategia, se dice que la actual ley de radiodifusión debe ser reemplazada por ser de la dictadura.
Presentado así el argumento K tiene al menos 2 flancos: por un lado, existen otras leyes de la dictadura que el gobierno no tiene apuro en derogar y al mismo tiempo, por oposición, es falso que toda ley de la democracia sea buena; por otro lado, que sea de la dictadura no supone necesariamente que estemos obligados a tratarla antes del 10 de diciembre.
Al exponer las cosas de este modo el gobierno se equivoca pues olvida que lo central es que además de no tener la legitimidad, el contenido de la ley actual es nocivo para la democracia. En otras palabras, venga de donde venga, el problema de la ley actual es menos su origen viciado que su contenido.
Y si de orígenes hablamos, los argumentos de la oposición cometen la misma falacia: no importa el contenido de la nueva ley. Lo que importa es que es kirchnerista y, en tanto tal, estaría viciada, otra vez, desde un principio. En esta línea es que debe entenderse la lógica del mensaje de Vila equiparando la nueva ley con la última dictadura.
El resto de la discusión es pura negociación, en el peor y en el mejor de los sentidos: así resulta insólito escuchar a buena parte de los opositores afirmar que si, en vez de otorgar sólo un año para desprenderse de los multimedios, la ley diera tres, podría apoyarse. Así, todo el despotrique de la supuesta amenaza a la libertad de prensa queda completamente desdibujado.
Es decir, si en vez de un año damos tres, ¿la libertad de prensa estaría garantizada? En esta misma línea, el diputado radical Oscar Aguad, en diálogo televisivo con Agustín Rossi, tampoco tuvo empacho en afirmar públicamente que la ley podría ser aprobada siempre y cuando se respeten los contratos vigentes cuya duración es de diez años.
Así, anteponiendo la seguridad jurídica a la libertad de expresión, Aguad sigue la propuesta rabinobergmaniana de priorizar la seguridad aun cuando esto vaya, en algunos casos, en detrimento de la libertad.
Por último, aparece una confusión bastante usual entre lo que entendemos por “garantía” y lo que entendemos por “obligación”.
Este error subyace a los argumentos de aquellos que afirman que la nueva ley de medios nos va “a obligar” a escuchar determinadas voces (y ya no sólo “A dos voces”) y, ante todo, nos va a impedir escuchar los temas musicales que elegimos (especialmente los de FM 100).
Expuesto así, lo que es una garantía es visto como una obligación: que el Estado asegure espacio para una pluralidad de voces de repente se transforma en una regulación de los contenidos y en controles remotos que han perdido su autonomía.
Este salto no encuentra ninguna justificación en una ley cuya única referencia a contenido está en la obligación de que un porcentaje importante de la pantalla sea de producción local. No habla, como sí lo hace la propuesta de Giúdici, del deber periodístico de información veraz, algo que seguramente Reutemann, calificaría entre monosílabos como “muy chavista”.
Abusando de esta confusión, con mucha mala intención, se quiere instalar la idea de que no vamos a poder elegir más los culos de Tinelli y que, como contrapartida, deberíamos contentarnos con los culos de pueblos originarios del nuevo canal “Hot wichi TV” en el 9854 de la pantalla de Direct TV.
De hecho, probablemente suceda que los ratings no varíen pues no habrá nunca una novela de un canal cooperativo que pueda competir con “Valientes”.
Más allá de esto no faltará tiempo para que TN hable de que la ley de Medios K será “la Guantánamo del control remoto” y alguna ONG que viva de los subsidios estatales lance una campaña en este sentido a través del Facebook.
Lo bueno de todo esto es que, con la nueva ley, tanto TN, como la ONG tienen garantizados por el Estado una señal para poder decir lo que piensan aun cuando esto sea estúpido y ni siquiera verosímil.
Probablemente tampoco sea esta columna el espacio donde usted las encuentre, pero bien vale el intento. Digamos, como primera medida que si bien el gobierno tiene razón en suponer que esta es, si no la madre, la “tía de todas las batallas”, muchas veces exagera con darle a cada acto de gobierno un cariz épico y sin antecedentes.
Así suele abusar generalmente de incluir todas sus acciones dentro de un gran plan libertario que rescata parte de la liturgia peronista además de seguir la línea de la retórica binaria del “ellos y nosotros”.
En esta línea, los K son injustos cuando buscan erigirse como los únicos que han hecho algo contra la dictadura. Como parte de esta visión y quizás también como estrategia, se dice que la actual ley de radiodifusión debe ser reemplazada por ser de la dictadura.
Presentado así el argumento K tiene al menos 2 flancos: por un lado, existen otras leyes de la dictadura que el gobierno no tiene apuro en derogar y al mismo tiempo, por oposición, es falso que toda ley de la democracia sea buena; por otro lado, que sea de la dictadura no supone necesariamente que estemos obligados a tratarla antes del 10 de diciembre.
Al exponer las cosas de este modo el gobierno se equivoca pues olvida que lo central es que además de no tener la legitimidad, el contenido de la ley actual es nocivo para la democracia. En otras palabras, venga de donde venga, el problema de la ley actual es menos su origen viciado que su contenido.
Y si de orígenes hablamos, los argumentos de la oposición cometen la misma falacia: no importa el contenido de la nueva ley. Lo que importa es que es kirchnerista y, en tanto tal, estaría viciada, otra vez, desde un principio. En esta línea es que debe entenderse la lógica del mensaje de Vila equiparando la nueva ley con la última dictadura.
El resto de la discusión es pura negociación, en el peor y en el mejor de los sentidos: así resulta insólito escuchar a buena parte de los opositores afirmar que si, en vez de otorgar sólo un año para desprenderse de los multimedios, la ley diera tres, podría apoyarse. Así, todo el despotrique de la supuesta amenaza a la libertad de prensa queda completamente desdibujado.
Es decir, si en vez de un año damos tres, ¿la libertad de prensa estaría garantizada? En esta misma línea, el diputado radical Oscar Aguad, en diálogo televisivo con Agustín Rossi, tampoco tuvo empacho en afirmar públicamente que la ley podría ser aprobada siempre y cuando se respeten los contratos vigentes cuya duración es de diez años.
Así, anteponiendo la seguridad jurídica a la libertad de expresión, Aguad sigue la propuesta rabinobergmaniana de priorizar la seguridad aun cuando esto vaya, en algunos casos, en detrimento de la libertad.
Por último, aparece una confusión bastante usual entre lo que entendemos por “garantía” y lo que entendemos por “obligación”.
Este error subyace a los argumentos de aquellos que afirman que la nueva ley de medios nos va “a obligar” a escuchar determinadas voces (y ya no sólo “A dos voces”) y, ante todo, nos va a impedir escuchar los temas musicales que elegimos (especialmente los de FM 100).
Expuesto así, lo que es una garantía es visto como una obligación: que el Estado asegure espacio para una pluralidad de voces de repente se transforma en una regulación de los contenidos y en controles remotos que han perdido su autonomía.
Este salto no encuentra ninguna justificación en una ley cuya única referencia a contenido está en la obligación de que un porcentaje importante de la pantalla sea de producción local. No habla, como sí lo hace la propuesta de Giúdici, del deber periodístico de información veraz, algo que seguramente Reutemann, calificaría entre monosílabos como “muy chavista”.
Abusando de esta confusión, con mucha mala intención, se quiere instalar la idea de que no vamos a poder elegir más los culos de Tinelli y que, como contrapartida, deberíamos contentarnos con los culos de pueblos originarios del nuevo canal “Hot wichi TV” en el 9854 de la pantalla de Direct TV.
De hecho, probablemente suceda que los ratings no varíen pues no habrá nunca una novela de un canal cooperativo que pueda competir con “Valientes”.
Más allá de esto no faltará tiempo para que TN hable de que la ley de Medios K será “la Guantánamo del control remoto” y alguna ONG que viva de los subsidios estatales lance una campaña en este sentido a través del Facebook.
Lo bueno de todo esto es que, con la nueva ley, tanto TN, como la ONG tienen garantizados por el Estado una señal para poder decir lo que piensan aun cuando esto sea estúpido y ni siquiera verosímil.