Cristóbal no le pagó $1.200 millones a la AFIP para comprar Petrobrás
El empresario kirchnerista se financió con impuestos impagos para poder quedarse con una refinería y 360 estaciones de servicio -una operación sospechada de sobornos-. Esa deuda fue incluida luego en una muy favorable moratoria a 10 años. Aseguran que sólo pudo hacerlo con el guiño del Gobierno.
Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de $ 1200 millones en impuestos que dejó de pagar durante más de un añó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según reveló el diario La Nación. Esa deuda fue incluida luego en una moratoria a diez años con una tasa de interés inferior a la inflación, lanzada por el Gobierno en marzo.
El medio sostiene que el empresario kirchnerista también usó ese fondeo para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran de Daniel Hadad.
La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y su socio Fabián De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.
Desde la compañía confirmaron que la compra de los activos de Petrobras -que se investiga si se completó gracias al pago de sobornos a ejecutivos brasileños- se fondeó con esos impuestos impagos. Pero indicaron que se trató de una maniobra legal y que la empresa se acogió de inmediato a sucesivos regímenes de asistencia financiera (RAF) previstos por la AFIP, para luego unificar esos regímenes en un único plan de pagos cuando el organismo abrió esa opción durante los primeros meses de este año.
La Nación consultó a expertos tributarios que aseguraron que la maniobra jugó al límite de la legalidad y que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido.
"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos.
Al mismo tiempo que acumuló esa deuda gigantesca con la AFIP, Oil Combustibles comenzó a girar dinero a otras empresas del grupo Indalo. Lo registró como "créditos no corrientes", es decir que no cobraría durante los 12 meses posteriores. Es decir, un multimillonario descalce de liquidez que la firma auditora de sus cuentas, Deloitte, no señaló en sus notas el balance.
¿Cómo distribuyó ese fondeo? Giró $1170,5 millones a Inversora M&S (con la que antes había desembarcado en Paraná Metal y, luego, en el banco Finansur), otros $ 251,2 millones a Oil M&S (con la que al fin adquirió la refinería San Lorenzo) y $ 78,4 millones más a CPC SA (la constructora que utilizó Cristóbal López para ingresar en la concesionaria vial de las rutas atlánticas 2 y 11), completó La Nación.
El medio sostiene que el empresario kirchnerista también usó ese fondeo para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran de Daniel Hadad.
La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y su socio Fabián De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.
Desde la compañía confirmaron que la compra de los activos de Petrobras -que se investiga si se completó gracias al pago de sobornos a ejecutivos brasileños- se fondeó con esos impuestos impagos. Pero indicaron que se trató de una maniobra legal y que la empresa se acogió de inmediato a sucesivos regímenes de asistencia financiera (RAF) previstos por la AFIP, para luego unificar esos regímenes en un único plan de pagos cuando el organismo abrió esa opción durante los primeros meses de este año.
La Nación consultó a expertos tributarios que aseguraron que la maniobra jugó al límite de la legalidad y que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido.
"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos.
Al mismo tiempo que acumuló esa deuda gigantesca con la AFIP, Oil Combustibles comenzó a girar dinero a otras empresas del grupo Indalo. Lo registró como "créditos no corrientes", es decir que no cobraría durante los 12 meses posteriores. Es decir, un multimillonario descalce de liquidez que la firma auditora de sus cuentas, Deloitte, no señaló en sus notas el balance.
¿Cómo distribuyó ese fondeo? Giró $1170,5 millones a Inversora M&S (con la que antes había desembarcado en Paraná Metal y, luego, en el banco Finansur), otros $ 251,2 millones a Oil M&S (con la que al fin adquirió la refinería San Lorenzo) y $ 78,4 millones más a CPC SA (la constructora que utilizó Cristóbal López para ingresar en la concesionaria vial de las rutas atlánticas 2 y 11), completó La Nación.