Represas: amplían la denuncia por la adjudicación irregular a Electroingeniería
Los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido presentaron nueva información sobre irregularidades en el proceso licitatorio de las represas en Santa Cruz. "Se confirmaría la hipótesis delictiva", sostiene el escrito, donde se detallan las ventajas que tuvo la empresa ligada a Carlos Zannini.
Los diputados radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido presentaron una nueva ampliación de su denuncia contra funcionarios nacionales por irregularidades en el proceso licitatorio para adjudicar a la empresa Electroingeniería las obras de construcción de las represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic en Santa Cruz.
La denuncia, radicada en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral, está dirigida contra los ministros de Planificación Federal, Julio de Vido; y de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Obras Públicas, José López; el de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi.
Los legisladores denunciaron anomalías en todo el proceso y, en particular, del dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería. Ese dictamen dice que se basó en una \'carta de descuento\' que rebajó en un 17% el costo del ofrecimiento. Además, se estableció una condición -violatoria del pliego- mediante la cual la empresa se asegura que parte del pago sea en dólares.
Diez días después, Gil Lavedra y Garrido presentaron la primera ampliación de la denuncia, agregando revelaciones sobre “una trama de corrupción que apunta a Jorge Omar Chueco”. Se trata, según la información brindada por los diputados, de “un abogado acusado de lavar fondos a través de la financiera SGI (La Rosadita)” que se desempeñaba como síndico “de dos empresas en las que participa (Gerardo) Ferreyra”, el dueño de Elecrtoingeniería.
Ayer, los radicales realizaron una nueva presentación, en la que agregan elementos con los que "se confirmaría la hipótesis delictiva ya que entre las graves irregularidades se encuentra la violación al pliego por parte de la empresa seleccionada, ya que la oferta no fue cotizada, en su totalidad, en moneda nacional".
En el escrito se sostiene que en el pliego queda establecido “sin que quepa la menor duda”, que la cotización debía realizarse en pesos. Sin embargo, en la oferta de Electroingeniería quedaron estipulados "pagos a realizar en el extranjero (que sólo podrían ser efectuados en moneda extranjera)", por lo cual queda corroborada "una de las tantas y groseras violaciones al pliego licitatorio".
"Es por ello que se habría brindado a Electroingeniería una ventaja que no tuvieron los demás participantes. Este punto podría estar vinculado, a su vez, con la Carta de Descuento presentada en forma tardía e irregular. En efecto, es posible que este beneficio, que no le fue otorgado a los demás oferentes, sea el motivo de aquella tardía reducción", agrega la denuncia.
Finalmente, Gil Lavedra y Garrido indican que "las irregularidades en este proceso licitatorio, efectivamente, se dirigieron a beneficiar a determinados actores, lo que constituye la comisión de graves delitos de acción pública".
La denuncia, radicada en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral, está dirigida contra los ministros de Planificación Federal, Julio de Vido; y de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Obras Públicas, José López; el de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi.
Los legisladores denunciaron anomalías en todo el proceso y, en particular, del dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería. Ese dictamen dice que se basó en una \'carta de descuento\' que rebajó en un 17% el costo del ofrecimiento. Además, se estableció una condición -violatoria del pliego- mediante la cual la empresa se asegura que parte del pago sea en dólares.
Diez días después, Gil Lavedra y Garrido presentaron la primera ampliación de la denuncia, agregando revelaciones sobre “una trama de corrupción que apunta a Jorge Omar Chueco”. Se trata, según la información brindada por los diputados, de “un abogado acusado de lavar fondos a través de la financiera SGI (La Rosadita)” que se desempeñaba como síndico “de dos empresas en las que participa (Gerardo) Ferreyra”, el dueño de Elecrtoingeniería.
Ayer, los radicales realizaron una nueva presentación, en la que agregan elementos con los que "se confirmaría la hipótesis delictiva ya que entre las graves irregularidades se encuentra la violación al pliego por parte de la empresa seleccionada, ya que la oferta no fue cotizada, en su totalidad, en moneda nacional".
En el escrito se sostiene que en el pliego queda establecido “sin que quepa la menor duda”, que la cotización debía realizarse en pesos. Sin embargo, en la oferta de Electroingeniería quedaron estipulados "pagos a realizar en el extranjero (que sólo podrían ser efectuados en moneda extranjera)", por lo cual queda corroborada "una de las tantas y groseras violaciones al pliego licitatorio".
"Es por ello que se habría brindado a Electroingeniería una ventaja que no tuvieron los demás participantes. Este punto podría estar vinculado, a su vez, con la Carta de Descuento presentada en forma tardía e irregular. En efecto, es posible que este beneficio, que no le fue otorgado a los demás oferentes, sea el motivo de aquella tardía reducción", agrega la denuncia.
Finalmente, Gil Lavedra y Garrido indican que "las irregularidades en este proceso licitatorio, efectivamente, se dirigieron a beneficiar a determinados actores, lo que constituye la comisión de graves delitos de acción pública".