YPF desobedece a la Justicia y se niega a entregar acuerdo con Chevrón
La petrolera estatal se negó a entregar una copia del convenio con la firma estadounidense para la explotación de Vaca Muerta. Argumentó que es información sensible y reconoce que incluye "secretos industriales y comerciales". La Legislatura de Neuquén aprobaría hoy la prórroga de la concesión de las áreas a explotar.
El acuerdo entre YPF y Chevron sigue bajo un estricto secreto. Tras la negativa a hacerlo público para los legisladores de Neuquén que deben aprobar la extensión de la concesión de las áreas de Vaca Muerta a explotar, ahora la petrolera estatal le negó la información a la Justicia, que había dado un plazo de diez días para lo revelara.
Según informa el diario Clarín, el pedido había sido realizado por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland (en reemplazo de María José Sarmiento), en el marco de una acción iniciada por un grupo minoritario de accionistas de Repsol, que reclaman una indemnización por la expropiación llevada a cabo por el gobierno argentino el año pasado.
Los abogados de YPF se negaron a entregar la información, alengando que el acuerdo es "privado". Además, sostuvieron que incluye “secretos industriales y comerciales” y detalles de estructuras financieras, bancarias y operativas que “ podrían comprometer la operatividad de YPF y la transparencia en la cotización de sus acciones”.
El diario El Cronista indica que el documento presentado por el abogado Luis Bullrich sostiene que "el otorgamiento de la medida aquí cuestionada consagraría la obtención de información sensible de propiedad exclusiva de YPF". La empresa se basa en el artículo 15 de la ley de expropiación, y afirma que por tratarse de una sociedad anónima y abierta (es decir, que cotiza en Bolsa), la revelación del acuerdo podría otorgar ventajas competitivas a terceros.
Los abogados que representan a los accionistas de Repsol dijeron a ese medio que insistirán con el pedido. "Consideramos que YPF es una empresa pública, en los términos de la ley de administración financiera, por el que debe regir el principio de transparencia", explicaron. "La información pedida excede el interés de la compañía porque se proyecta sobre el interés general o público y la negativa a brindar esta información generaría una notoria gravedad institucional", agregaron.
Con el expediente ayer también se reveló que el Estado nacional recusó a la jueza Sarmiento y el juicio fue a parar al juzgado de María Alejandra Biotti, recientemente cuestionada por el Colegio Público de Abogados porque “su nombramiento como magistrada titular tiene que ser resuelto todavía por el Gobierno”.
Según informa el diario Clarín, el pedido había sido realizado por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland (en reemplazo de María José Sarmiento), en el marco de una acción iniciada por un grupo minoritario de accionistas de Repsol, que reclaman una indemnización por la expropiación llevada a cabo por el gobierno argentino el año pasado.
Los abogados de YPF se negaron a entregar la información, alengando que el acuerdo es "privado". Además, sostuvieron que incluye “secretos industriales y comerciales” y detalles de estructuras financieras, bancarias y operativas que “ podrían comprometer la operatividad de YPF y la transparencia en la cotización de sus acciones”.
El diario El Cronista indica que el documento presentado por el abogado Luis Bullrich sostiene que "el otorgamiento de la medida aquí cuestionada consagraría la obtención de información sensible de propiedad exclusiva de YPF". La empresa se basa en el artículo 15 de la ley de expropiación, y afirma que por tratarse de una sociedad anónima y abierta (es decir, que cotiza en Bolsa), la revelación del acuerdo podría otorgar ventajas competitivas a terceros.
Los abogados que representan a los accionistas de Repsol dijeron a ese medio que insistirán con el pedido. "Consideramos que YPF es una empresa pública, en los términos de la ley de administración financiera, por el que debe regir el principio de transparencia", explicaron. "La información pedida excede el interés de la compañía porque se proyecta sobre el interés general o público y la negativa a brindar esta información generaría una notoria gravedad institucional", agregaron.
Con el expediente ayer también se reveló que el Estado nacional recusó a la jueza Sarmiento y el juicio fue a parar al juzgado de María Alejandra Biotti, recientemente cuestionada por el Colegio Público de Abogados porque “su nombramiento como magistrada titular tiene que ser resuelto todavía por el Gobierno”.