Los nuevos frentes judiciales que amenazan el acuerdo de YPF con Chevron
El convenio entre YPF y la petrolera estadounidense enfrenta varias batallas judiciales en Argentina y el mundo. En las últimas horas, se sumaron una denuncia penal contra Cristina Kirchner y un amparo contra los beneficios a Chevron. Repsol apuesta a la justicia internacional y al Ciadi.
El acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un área del yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta tendrá un duro camino en los tribunales argentinos e internacionales, donde los demandantes se esperanzan con frenar la puesta en marcha del convenio.
En el ámbito local, en las últimas horas se produjeron dos presentaciones judiciales en los tribunales porteños. En primer lugar, el legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista y candidato a diputado Enrique Viale presentaron una denuncia penal contra Cristina Kirchner por “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa”.
Los denunciantes comentaron a LPO que se reunieron ayer con la jueza María Servini de Cubría, que tiene a su cargo el Juzgado donde se tramita la causa, y le solicitaron que considere la posibilidad de exigirle al Poder Ejecutivo que remita el acuerdo completo con Chevron, incluyendo las partes secretas que ni siquiera fueron reveladas a la provincia de Neuquén.
En la demanda, Bodart y Viale sostienen que el decreto 929, que creó el “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”, es violatorio de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 124 de la Constitución Nacional. El texto, sostienen, “ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana (…) resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los pueblos originarios que habitan en aquella zona, sino también para la economía y la soberanía de nuestro país en su conjunto”.
Luego de mencionar todos los beneficios que ese decreto le brinda a Chevron y los posibles daños ambientales, la demanda sostiene que “estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido”. Además, afirman que hubo una violación del derecho internacional de los Pueblos indígenas.
Por otro lado, este jueves, el diputado Pino Solanas presentó una acción de amparo e inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo “ante el daño inminente que supone una política de hidrocarburos originada en un decreto dictado de apuro para justificar una inminente contratación”.
"Los intereses nacionales -y el petróleo es representativo de esos intereses- no pueden estar expuestos a las decisiones arbitrarias del poder político ya que son claramente constitutivos de lo que es la soberanía de un país, y mucho menos que con el pretexto de una emergencia económica no individualizada, esos intereses sean desconocidos", sostiene el escrito presentada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal.
"Además de afectar el patrimonio público, se pone en peligro el medio ambiente a través de un sistema cuestionado en muchas partes del mundo, prohibido en otras como en Francia, y que será usado por una petrolera que devastó pueblos enteros en el Ecuador", añade el texto de 98 páginas.
Fuentes de la provincia de Neuquén dijeron que distintos sectores están trabajando en la presentación de una demanda conjunta contra el acuerdo que el gobernador Jorge Sapag selló con YPF para extender por 22 años la concesión de las áreas a explotar.
La disputa internacional
En paralelo a las presentaciones de la oposición argentina, la española Repsol emprende una batalla judicial en tribunales internacionales para frenar el acuerdo entre YPF y Chevron y obligar a la Argentina a pagar la compensación por la expropiación.
A principios de este mes, Repsol consiguió que un juzgado de Madrid se declarara competente para resolver una demanda contra YPF por “competencia desleal” al ofrecer a terceros los activos de Vaca Muerta. Además, decidió unificar en esa causa las demandas que Repsol presentó contra Chevron y el Grupo Bridas por firmar preacuerdos para explotar el yacimiento.
"Lo más importante para nosotros y nuestra batalla legal es que cualquiera que esté pensando en poner su dinero en Vaca Muerta sabe que va a ser demandado en España y se meterá en problemas con la justicia española", sostuvo en ese momento un directivo de Repsol, que inició una demanda similar en tribunales de Estados Unidos.
Por otro lado, la firma se presentó la semana pasada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para evitar que se ponga en marcha el acuerdo entre YPF y Chevron, ya que tiene pendiente de resolución una presentación para declarar la ilegalidad de la expropiación del 51% de sus acciones en la petrolera argentina.
En el ámbito local, en las últimas horas se produjeron dos presentaciones judiciales en los tribunales porteños. En primer lugar, el legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista y candidato a diputado Enrique Viale presentaron una denuncia penal contra Cristina Kirchner por “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa”.
Los denunciantes comentaron a LPO que se reunieron ayer con la jueza María Servini de Cubría, que tiene a su cargo el Juzgado donde se tramita la causa, y le solicitaron que considere la posibilidad de exigirle al Poder Ejecutivo que remita el acuerdo completo con Chevron, incluyendo las partes secretas que ni siquiera fueron reveladas a la provincia de Neuquén.
En la demanda, Bodart y Viale sostienen que el decreto 929, que creó el “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”, es violatorio de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 124 de la Constitución Nacional. El texto, sostienen, “ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana (…) resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los pueblos originarios que habitan en aquella zona, sino también para la economía y la soberanía de nuestro país en su conjunto”.
Luego de mencionar todos los beneficios que ese decreto le brinda a Chevron y los posibles daños ambientales, la demanda sostiene que “estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido”. Además, afirman que hubo una violación del derecho internacional de los Pueblos indígenas.
Por otro lado, este jueves, el diputado Pino Solanas presentó una acción de amparo e inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo “ante el daño inminente que supone una política de hidrocarburos originada en un decreto dictado de apuro para justificar una inminente contratación”.
"Los intereses nacionales -y el petróleo es representativo de esos intereses- no pueden estar expuestos a las decisiones arbitrarias del poder político ya que son claramente constitutivos de lo que es la soberanía de un país, y mucho menos que con el pretexto de una emergencia económica no individualizada, esos intereses sean desconocidos", sostiene el escrito presentada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal.
"Además de afectar el patrimonio público, se pone en peligro el medio ambiente a través de un sistema cuestionado en muchas partes del mundo, prohibido en otras como en Francia, y que será usado por una petrolera que devastó pueblos enteros en el Ecuador", añade el texto de 98 páginas.
Fuentes de la provincia de Neuquén dijeron que distintos sectores están trabajando en la presentación de una demanda conjunta contra el acuerdo que el gobernador Jorge Sapag selló con YPF para extender por 22 años la concesión de las áreas a explotar.
La disputa internacional
En paralelo a las presentaciones de la oposición argentina, la española Repsol emprende una batalla judicial en tribunales internacionales para frenar el acuerdo entre YPF y Chevron y obligar a la Argentina a pagar la compensación por la expropiación.
A principios de este mes, Repsol consiguió que un juzgado de Madrid se declarara competente para resolver una demanda contra YPF por “competencia desleal” al ofrecer a terceros los activos de Vaca Muerta. Además, decidió unificar en esa causa las demandas que Repsol presentó contra Chevron y el Grupo Bridas por firmar preacuerdos para explotar el yacimiento.
"Lo más importante para nosotros y nuestra batalla legal es que cualquiera que esté pensando en poner su dinero en Vaca Muerta sabe que va a ser demandado en España y se meterá en problemas con la justicia española", sostuvo en ese momento un directivo de Repsol, que inició una demanda similar en tribunales de Estados Unidos.
Por otro lado, la firma se presentó la semana pasada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para evitar que se ponga en marcha el acuerdo entre YPF y Chevron, ya que tiene pendiente de resolución una presentación para declarar la ilegalidad de la expropiación del 51% de sus acciones en la petrolera argentina.